¿Por qué se sublevan indígenas en Ecuador?

Convendría que todas las personas, colectivos e instituciones rechazáramos el estado de excepción, el toque de queda, la militarización y represión en Ecuador.

Que trasladásemos la preocupación por la situación provocada por las medidas económicas de ajuste que allí denominan “paquetazo” de resultas de un pacto-crédito con el FMI, que ha sido rechazado por amplios sectores de la población, y en particular por el Movimiento Indígena y sus Autoridades.

Las organizaciones indígenas, en uso de su autodeterminación y en defensa de la vida y la de los territorios, se han declarado en movilización permanente y decretado el estado de alerta frente a la violenta arremetida policial y militar.

También han rechazado que los territorios de vida, reconocidos en la muy avanzada Constitución ecuatoriana (llamada de Montecristi), sean declarados sin su consentimiento, ni consulta previa, como bloques petroleros, concesiones mineras o hidroeléctricas. Alegan que los territorios y los derechos están permanentemente amenazados por la codicia, la destrucción y explotación de recursos naturales de parte del Estado, estando muchos de los pueblos en riesgo de exterminio por condiciones demográficas, socioeconómicas y por la falta de formalización de la propiedad colectiva.

Rechazan las declaraciones del ministro de Defensa, que ha dicho que no existen territorios indígenas, buscando facilitar la militarización, y negando que los territorios indígenas son parte fundamental del Estado plurinacional que rige en Ecuador desde 2008.

Se desmarcan de los partidos políticos, de oposición y de gobierno, que tratan de imponer el paquetazo o de pescar en las aguas revueltas de la represión, y exigen la retirada de las medidas lesivas para los sectores pobres del país.

Aseguran que el Gobierno desnaturaliza los compromisos contra el cambio climático y exigen un modelo económico pospetrolero, al tiempo que se reiteran las demandas y derechos laborales que los decretos del paquetazo han eliminado, y proponen la ejecución inmediata de la política de recaudación tributaria dirigida a banqueros y empresas exoneradas con 4.295 millones en impuestos, cuyo pago deberá cubrir la deuda pública.

El prestigioso colectivo Acción Ecológica ha explicado asimismo que en respuesta a presiones del FMI y utilizando una justificación aparentemente ambiental, el Gobierno ha eliminado los subsidios a los combustibles mientras las políticas oficiales promueven la expansión de la frontera petrolera, minera y de los agronegocios, que son actividades empresariales con graves responsabilidades frente al cambio climático, a más de ser beneficiarias de subsidios perversos disfrazados de apoyos a la industria que garantizan la impunidad de las empresas.

Que, por su parte, la industria de la palma se beneficia de créditos preferenciales, de un impuesto al valor agregado tarifa cero para maquinarias y repuestos, tiene exoneración de pago del impuesto a la renta para nuevas inversiones en zonas fronterizas, y los exportadores de aceite de palma cuentan con la exoneración de pagos para la salida de divisas.

Que también las represas e hidroeléctricas gozan del subsidio entregado en agua, lo que provoca conflictos con las comunidades que por esta razón sufren vulneración de su derecho de acceso al agua para consumo y su soberana alimentaria. Con base en esta condición de privilegio, se planifica la construcción de alrededor de 200 hidroeléctricas.

Y que sería más conveniente ajustar los impuestos a las empresas petroleras y mineras, y exigir a Chevron Texaco que pague su deuda social y ecológica, calculada en más de nueve mil millones de dólares.

Proponen las Autoridades Indígenas una auditoría ambiental, social y económica integral en las áreas donde existe explotación minera y petrolera para establecer responsabilidades por la contaminación a las poblaciones indígenas y campesinas y la reparación integral.

Reclaman la libertad para todas las personas apresadas, al parecer en número de mil, en el marco del estado de excepción.

Y han requerido que se adopten integralmente las recomendaciones del reciente informe realizado por la Relatora Especial de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas sobre la situación de los derechos en el país, donde se evidencia graves violaciones.

Sería ahora un momento oportuno para que el nuevo Gobierno asturiano empezara a poner en marcha el Observatorio asturiano de los derechos de los pueblos indígenas (que se deriva de la Estrategia asturiana de cooperación con los pueblos indígenas aprobada en 2010), que podría estar monitoreando situaciones graves como la que padecen ahora los pueblos en Ecuador.

En cualquier caso, hay que agradecer de nuevo al movimiento indígena por su movilización: Sus luchas son y han sido la defensa del agua, los bosques, las semillas, la naturaleza. Un orgullo que esas raíces cimenten la cultura e identidades plurales del Ecuador.