Contra un lugar sagrado
Además del innegable efecto político, la exhumación de los restos de Franco afecta al aspecto religioso, tema eludido por los partidos que han apoyado expresa o tácitamente la macabra maniobra, así como por la Conferencia Episcopal Española y el Vaticano, colocados de perfil y limitándose a aconsejar que el Gobierno se pusiera de acuerdo con la familia Franco, cuya voluntad finalmente se ha ignorado incluso por el Tribunal Supremo. Incapaces de atisbar lo que en realidad se persigue en un recinto presidido por la Cruz -más allá del levantamiento de una losa-, se ha soslayado que, tratándose de un lugar sagrado, sobre él rigen los acuerdos vinculantes firmados entre la Iglesia y el Estado. Porque desde su fundación, la abadía y la basílica constituyen un espacio dedicado al culto católico, encargado al cuidado de los benedictinos y su prior, única autoridad religiosa que se manifiesta con dignidad en un asunto que no cesa de padecer atropellos a la libertad, como es prohibir el acceso a las misas, o imponer a una familia el lugar de una inhumación. Si mal deja esto a un Gobierno sectario, no mucho mejor está quedando una desagradecida jerarquía eclesiástica con su evasiva y acomodaticia actitud respecto al trato al cadáver de un militar al que la Iglesia debe la nimiedad de su subsistencia en España.
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