Un mural en Bogotá
Bogotá está llena de murales, con diversas expresiones, muchas de ellas relativas a los DD HH, la mayoría grandes y coloridos que hermosean la ciudad.
5.763 es el número que los artistas colocaron en el mural que denuncia ejecuciones extrajudiciales del Ejército: jóvenes a los que seducían con supuestos empleos, los llevaban lejos, los asesinaban y colocaban un uniforme o un arma para recabar recompensas como si fueran “guerrilleros dados de baja en combate”.
No es una aproximación. Existe la investigación en la Fiscalía. Existen las Mamitas de Soacha (una de ellas fue candidata al premio Nobel de la Paz), que se movilizaron hasta saber dónde estaban los restos de sus hijos; existe reconocimiento judicial de este exterminio planificado a instancias de quedar bien con el financiador EE UU.
¿Pero no se puede expresar en la cosmopolita ciudad de Bogotá?
¿Quedará otra vez en la impunidad esta marranada militar?
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado denuncia que cuando artistas gráficos trabajaban en un mural sobre los casos de asesinatos de jóvenes mal llamados falsos positivos, miembros del Ejército llegaron al lugar y, sin que mediara ninguna medida de la Policía, también presente, borraron parte del mural, una iniciativa de memoria de organizaciones de Derechos Humanos.
¿Cuál es la historia detrás del mural?
La Campaña por la Verdad es una iniciativa de once organizaciones de Derechos Humanos para hacer visibles los crímenes de Estado en el marco de la justicia transicional, aprobada en el Acuerdo para la Paz de 2016. En tal sentido, el MVICE ha entregado seis informes a la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) con base en decisiones judiciales.
Como parte de este trabajo, también han divulgado en la prensa estos informes, en los que se documentan los asesinatos de jóvenes presentados como muertos en combate y la cadena de mando de las unidades militares donde ocurrieron.
Para dar a conocer estos hechos elaboraron hojas de vida de altos mandos militares implicados, con información verificada. Se trata de vinculados, investigados e incluso condenados. Algunos ya se han acogido a la JEP.
El mural censurado recoge la información y ejemplifica apenas algunos de los 5.763 casos documentados y señala que sucedieron bajo el mando de esos militares. Es un ejercicio de verdad y memoria. Un llamado a la conciencia colectiva de lo que hay que cambiar.
Dentro de los altos mandos cuyos rostros borraron están: el general Nicacio Martínez, comandante del Ejército investigado por la @PGN_COL; el general Adolfo León Hernández Martínez, al mando del comando de transformación del Ejército del Futuro bajo cuyo mando en el Batallón La Popa, entre diciembre de 2007 y junio de 2009, se cometieron 23 asesinatos mal llamados “falsos positivos”. También el actual comandante de la XIII Brigada, el general Marcos Pinto Lizarazo, bajo cuyo mando en dos unidades ocurrieron 26 casos.
Se plasman en el mural los rostros del excomandante general del Ejército Mario Montoya Uribe, quien se acogió a la JEP y bajo cuyo mando se cometieron 2429 asesinatos; y el general Juan Carlos Barrera Jurado, con 154 casos en distintas unidades.
El (ahora famoso) mural incluye una pregunta elemental.
Un clamor de las víctimas y de la sociedad que necesita entender estos crímenes para que no se repitan: ¿quién dio la orden?, ¿esa es la verdad que buscan callar con pintura blanca?
Lo verdaderamente escandaloso es que estos crímenes sigan en la impunidad. Lo censurable es que haya miembros activos en las fuerzas militares implicados. Lo deshonroso es que el Ejército no se distancie de estos hechos.
No se trata simplemente de censura, o de que los militares actúen en la ciudad por encima de los policías, que son quienes tienen ese cometido: está asimismo el llamado a proteger la integridad de artistas que estaban realizando el mural e integrantes de organizaciones acompañantes.
Un simple mural puede tener tantas historias como estas que la sociedad colombiana debe resolver, pero no ocultar. Y es el Acuerdo de Paz uno de los instrumentos para ello. (Un acuerdo al que algunos de estos mandos militares se acogieron, precisamente para disminuir su condena).
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