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La sentencia de los ERE

21 de Noviembre del 2019 - Faustino Gómez Pérez (Gijón)

La sentencia condena unas formas de entender y hacer política, como todas las sentencias que afectan al PP ("Gürtel", "Púnica", "Lezo"...). El caciquismo que el bipartidismo heredó del franquismo. El PP hizo lo mismo en Galicia, pero al PP de Fraga ni los jueces se atrevían a meterle mano. La sentencia de los ERE condena a una milésima parte de la gente que debía estar imputada, hay cientos de millones de euros de ayudas, todos son cómplices y nadie está acusado ni ha devuelto el dinero, figuran en todos los documentos con su nombre y su DNI, y no nos olvidemos de los empresarios, que hay muchos que se llevaron su buena "tajada", así que lo que tiene que hacer la justicia es obligarles a que devuelvan todo el dinero, porque según la sentencia la adjudicación es ilegal, por lo tanto la ayuda también.

Aquí falla algo. Los 21 condenados eran cargos públicos cuando se produjo el descontrol fiscal de los 679 millones de la partida 31L. Los informes deberían aclarar si la partida entera fue gastada fraudulentamente y, en tal caso, sea la cantidad íntegra, o los 137 millones que sí está demostrado en la instrucción que se gastaron fraudulentamente, alguien debería explicar por qué no hay ningún condenado entre los beneficiados ilícitamente, porque el fraude consiste en desviar dinero público a empresas y particulares que falsearon su documentación para cobrar.

"La sentencia asume todas las tesis de la fiscalía Anticorrupción"; en qué quedamos, no parece que la fiscalía sea Pedro Sánchez. Sí, está bastante claro, que la fiscalía Anticorrupción ha actuado según su criterio. A ver qué dice el Supremo. Recordemos que no ha habido ni enriquecimiento ilícito ni financiación ilegal, sí mala administración y fraude de los beneficiados.

Ahora el PP pretende lavar con los ERE ese "auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública" que la sentencia de la "Gürtel" acredita. Resulta sonrojante escuchar al secretario del PP Teodoro García Egea decir que el caso de los ERE es "el mayor caso de corrupción de Europa" desde la misma sala de prensa cuyas obras de reforma el PP pagó con dinero negro. O cuando intenta responsabilizar de este caso de corrupción a Pedro Sánchez, un político que en esos años era un simple concejal en Madrid y que, ya como secretario general del PSOE, se negó a pagar a los abogados de Chaves y Griñán y los hizo dimitir de sus cargos públicos. Todo lo contrario que hizo el PP, que pagó los abogados de Correa, Bárcenas y compañía con dinero de todos los españoles, pues según se ha sabido, el anterior ministro de Justicia, el señor Catalá, pagó con dinero público (y a día de hoy no ha pasado nada).

Al PP le han condenado a un presidente de las Baleares, Jaume Matas, y al anterior, aunque lo encontraron culpable, ya habían prescrito los delitos. En la actualidad tiene encausadas a las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, más el expresidente Ignacio González, amén de Francisco Camps, de la Comunidad Valenciana, que tiene varias causas abiertas. Y la actual de Madrid, Díaz Ayuso, que está siendo investigada por no devolver un préstamo de 400.000 euros y por no pagar el IBI durante cinco años de un local que tenía junto a un hermano. Por lo tanto, no es comparable el caso de los ERE con la corrupción del PP en toda España, con más de mil encausados.

Por otro lado, ni Manuel Chaves, ni José Antonio Griñán, ni Gaspar Zarrías, ni Magdalena Álvarez, ni los principales políticos condenados se enriquecieron con esta trama corrupta. El dinero tampoco sirvió para financiar al PSOE, tal y como acredita la sentencia. Son matices importantes, que no pueden servir para disculpar lo ocurrido en Andalucía, pero que conviene resaltar.

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