Una sentencia demoledora
Tras la publicación de la sentencia judicial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, del sumario conocido como los ERE (expedientes de regulación de empleo) algunos dirigentes socialistas salieron a defenderse del aluvión de críticas desencadenadas contra el PSOE por las condenas que recayeron sobre sus dirigentes de Andalucía. El primero en salir a la palestra fue el secretario de organización del partido y ministro de Fomento, D. José Luis Ábalos.
Las explicaciones que dio al respecto, exculpando a los actuales dirigentes socialistas por la condena, fueron de Perogrullo. Parece ser que el PSOE tiene dos varas de medir la corrupción de los partidos políticos, una para ellos y otra para el PP y otros. Cuando salió la sentencia del "caso Gürtel", que condenaba a varios dirigentes del Partido Popular que ya no ejercían en la política, en seguida corrieron a decir que el Gobierno perteneciente a dicho partido no podía estar en el poder por corruptos. Ningún miembro de ese Gobierno ni su presidente estaban imputados en ese sumario. Y a continuación pasó lo que pasó, moción de censura presentada por el PSOE que fue refrendada por casi toda la oposición. El Sr. Rajoy tuvo que salir de la Moncloa y abandonó la política.
Ahora le ha tocado el turno al Partido Socialista Obrero Español, ya que sus dirigentes de Andalucía esquilmaron casi setecientos millones de euros en el pago de subvenciones por expedientes de regulación de empleo irregulares, vamos, sin ningún control. Así lo dice la propia sentencia. Pero no, esto no va con ellos, con D. Pedro Sánchez y su tropa de ministros en funciones, ninguno estaba allí. Pues resulta que la vicepresidenta Dª Carmen Calvo y la ministra de Hacienda, Dª María Jesús Montero, sí estaban cuando se produjeron esos hechos.
La primera fue consejera de Cultura con Manuel Chaves de presidente y la segunda fue consejera de Sanidad y consejera de Hacienda con José Antonio Griñán y Susana Díaz. Y para colmo de todo este despropósito aparece el futuro vicepresidente del próximo Gobierno, don Pablo Iglesias, echando un capote a sus próximos socios, alegando que este caso es de otra época, cuando existía el bipartidismo. Esto ya es pasarse de caradura.
Estando en el Consejo de Gobierno de esa comunidad, estaban perfectamente enteradas de la concesión de esas subvenciones fraudulentas, ya que los expedientes se aprueban con los votos de todos los consejeros. Lo que no sabrían era el destino del dinero defraudado. Pero es que además esos expedientes pasan dos filtros, o deberían pasarlos; en este caso, según la sentencia, todo iba manga por hombro, sin ningún control. Bastaba una orden verbal para efectuar el pago correspondiente. Por eso la sentencia es demoledora contra todos los imputados.
Entre los imputados está la antecesora de María Jesús Montero cuando fue consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, condenada a diez años de inhabilitación. Dicha Consejería era el ultimo filtro antes de pagar las subvenciones. Toda persona o empresa que solicita una subvención tiene que presentar los justificantes de estar al corriente en el pago de los impuestos estatales y autonómicos, así como tener ingresadas las liquidaciones de la Seguridad Social, y la retención del IRPF de los trabajadores. Sin este requisito no se pueden hacer efectivas las subvenciones. Este control por lo visto no se hacía, porque de lo contrario se habría descubierto que muchas empresas no existían al no poder presentar esos justificantes de pago. Y las empresas que estaban en crisis lo más probable es que no pagasen ni los impuestos ni la Seguridad Social.
Los militantes del Partido Socialista deberían leer esa sentencia para darse cuenta de la magnitud de los delitos cometidos, que no terminan aquí, ya que aún quedan otros ciento cuarenta y cinco casos por juzgar en ese tribunal. El Partido Socialista Obrero Español y sus dirigentes pueden estar orgullosos de su gestión en la política, son los campeones de Europa de la corrupción.
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