¡Siento, oh Constitución, tu aflicción!

No sé si resulta enternecedor, insultante, encabronante y carcajeante (o su mezcla alícuota) que, cada vez que el presidente, ministros, portavoces o voceras diversos del Gobierno se dirigen a los ciudadanos, nos tengan que tratar como a plebe de menguadas entendederas y amplias tragaderas. Y es que, quizá, lo seamos o lo parezcamos; y nos lo noten un pelín porque les votamos. Es sintomático que, sin sentido del ridículo, estos personajes de sainete, con aspiraciones de arte y ensayo, adopten una pose de magistral superioridad y ofensiva condescendencia, adobada por una prosodia grave, pedante y engolada –cuando no borde y despectiva– que ya previene al escaldado sufridor –incondicionales, marionetas, apesebrados y hooligans libran– sobre lo que se le viene encima: larga cambiada, artificio o marrullería de patas cortas pero ínfulas de pontificado y pretensiones de reescribir la Historia, blanquear pasados y dictar el futuro.

Es un consabido que las leyes democráticas no dejan de ser convenios para una convivencia ordenada que a todos beneficia. La componente coyuntural instrumental y perecedera que hace frágiles las leyes viene compensada, al menos, por dos puntos de apoyo: unos pilares fundamentales, construidos por principios éticos y morales, que pueden venir armados de trascendencia y reforzados por el espíritu de las leyes naturales (los recientemente consagrados como “derechos humanos”). Y un conjunto de contrafuertes instrumentales, propios de la moderna arquitectura del “Estado de derecho”: la separación de poderes y su sustanciación formal en procedimientos reglados garantistas para la formulación, vigencia, interpretación, defensa, modificación y derogación ordenada de las leyes.

Perdonen ustedes, hipotéticos y pacientes lectores, que con esta morcilla de obviedad el que esto escribe parezca abducido por el síndrome de los portavoces y, sobre todo, de las portavozas –¿eein?– de la Moncloa. Lo he escrito para agarrarme a un asidero que supongo consensuado, para convencerme de que no estoy viviendo un mal sueño que comenzó hace quince años; sueño que, en los últimos tiempos, está adquiriendo tintes de pesadilla con endemoniada aceleración. Viendo cómo y por quiénes estamos constituyendo nuestros parlamentos, y cómo nos insultan con sus vanos juramentos; percibiendo cómo se conforman y constituyen, cómo proceden y cómo se pronuncian los más altos tribunales; y vislumbrando quienes son quienes parecen estar a punto de gobernarnos, no es aventurado hacer un pronóstico muy pesimista, a corto y medio plazo, sin necesidad de leer cartas de tarot o entrañas de cualquier bicharraco víctima de la emergencia climática.

Hay que luchar “para que nadie tenga que situarse fuera del ordenamiento jurídico para hacer valer (lo que creen) sus derechos”, ha dicho un autorizado catalizador de componendas investidoras. Premonitorio –¿eein?–. Desplácense las leyes para que entre lo que está fuera de ellas y salga lo que ahora está dentro. Simple cuestión de coordenadas y perspectiva: un terrorista puede verse como lo que es o como un gudari, y un asesinato puede verse como lo que parece ser o como un colateral asumible en la lucha por las identidades. Un tres per cent puede ser una mordida a la catalana, un impuesto revolucionario, una aportación a la caja de resistencia, un óbolo o... la “r” en la entrañable fórmula del interés simple. Un plagio puede ser un delito que delata catadura o una erudición que evidencia asunción plena de buenas lecturas previas. Interrumpir irreversiblemente la vida de nonatos de la especie homo sapiens sentiens puede no ser matar, puede ser decidir. Dar un golpe de Estado puede verse como rebelión, sedición, subversión o alteración del orden público, controversia política o ensoñación según quién lo dé, o cómo lo dé, o como parezca o como convenga verlo o utilizarlo. Un ERE irregular puede ser malversación de fondos públicos o ser encomiable actuación terapéutico-social-paliativa según sea responsable una institución corrompida por un partido o mindundis que, a título personal y casualmente militando en un partido que, ajeno e inmaculado, desempeñaba, desde Babia y el origen de los tiempos, unas funciones de Gobierno... ¡pero ya hace mucho tiempo... y en una galaxia muy, pero que muy lejana! Que no quede el pulpo sin ejercer el derecho a ser animal de compañía ni el chipirón por votar en las municipales.

Nuestra Constitución, una carta magna tocada de ala en un país enfermo, tiene nuboso su presente y tormentoso su futuro. Como se ha visto, no solo venía sembrada de pespuntes, flecos, minas y bombitas de relojería (fruto de la ingenuidad, la astucia o la torpeza de sus respetables y añorados padres), sino que su aplicación es muy acomodaticia en una tierra quebrada, donde las pejigueras de redacción y los escrúpulos de desarrollo normativo vienen fatalmente atemperados por la libertad de interpretación, la laxitud de cumplimiento y la lotería de dictámenes y veredictos. En este contexto, entre kafkiano y marxista, no es de extrañar que si la letra de una Carta Magna del Estado español impide sentirse cómodos a quienes quieren despiezar el Estado español, algunos coyunturales gestores del Estado español, por ambición personal, iluminación progre, genoma, modos y maneras de partido o confabulación fáctica, convengan en tergiversar, burlar o acomodar las leyes vigentes para hacer a los liquidadores del Estado más placentera, privilegiada y subvencionada su permanencia en el Estado mientras dura la liquidación de dicho Estado. Ya saben... la parte contratante de la parte contratada y tal y tal.

Resumiendo, y si los dioses y los hombres –ruegos y mazos en tiempo y forma– no estamos a la altura del momento histórico, habrá Constitución burlada o Constitución remendada. Estado español, pon tus barbas a remojar.