Nacionalismos, regionalismos y provincialismos

Los resultados de las, por el momento, últimas elecciones generales del pasado mes de noviembre han entregado muchos datos a analizar y reflexionar para entender qué es lo que está pasando, como paso previo para buscar soluciones.

Uno de los datos relativamente sorprendentes es la proliferación de partidos localistas de ámbito autonómico y, novedosamente, incluso provincial (Teruel Existe).

Acostumbrados todos a la presencia nacionalista, ha sido frecuente leer estos días lamentos sobre esta irrupción, que se añade, además de a los nacionalismos al uso, a partidos regionalistas como el PRC de Revilla o Coalición Canaria. Quien todo lo ve desde el prisma de la dialéctica unidad nacional/nacionalismos ha caído en el error de dar una interpretación errónea al suceso, pensando que solo falta un germen nacionalista en Teruel o Cantabria. Nada de eso. Solo ocurre que la función crea el órgano.

El constitucionalismo clásico (antes de que Alfonso Guerra decretase la muerte de Montesquieu) consideraba que los diputados se deben a los ciudadanos de su circunscripción, a los que representan y defienden en sus intereses. Y todos los diputados reunidos, cada uno argumentando y votando en función de los intereses particulares de su circunscripción, conforman la voluntad nacional.

En España, en cambio, se vive la ficción de que los ciudadanos de cada provincia eligen unos representantes, pero estos, en realidad, quedan inutilizados en su función representativa dado que se les prohíbe romper la disciplina de voto que señalan los jefes de cada grupo parlamentario. Con lo que solo están allí para votar al unísono con sus correligionarios al margen de que una medida concreta sea buena o mala para los ciudadanos a los que dicen representar. Si en la cúpula de un grupo parlamentario se decide lo conveniente para toda España, tantos diputados "representantes" en realidad sobran.

Y metidos ya en plena harina confusional, habrá quien argumente que los diputados se presentan por unos partidos cuya organización interna es democrática, como prescribe la Constitución en su artículo 6. Cuando sobre esto todo está escrito por Robert Michels en 1911 ("La ley de hierro de la oligarquía"). Lo que nos lleva a una enorme concentración de poder en muy pocas manos. Las cuales manos van a velar, de manera preferente, por la retención de poder en su persona a futuro con la política de voto y alianzas en las Cortes como palanca fundamental. Prima el cálculo electoral a futuro. A lo que se hallan supeditadas, por ejemplo, las políticas de alianzas. Y que muy bien explican vetos personalistas y sectarios a la hora de conformar mayorías.

Si los turolenses consideran que sus problemas no tienen eco en Madrid, es porque cualquier diputado que "elijan" de los grandes partidos se deberá a la hora de la verdad a la disciplina de ese partido y grupo parlamentario para no ser, primero, multado por romper la disciplina de voto y, segundo, fulminado de las listas de subsiguientes elecciones por indisciplinado. Por cierto, que el artículo 62.2 de la Constitución Española prohíbe el mandato imperativo. Pero hacemos como que no importa.

Y sobre la utilidad que a efectos representativos tenga el Senado, pues es otra de las "verdades oficiales" entre las que vivimos. La de que el Senado es una cámara de representación territorial. Pero en la práctica, tal como está diseñada, es una institución inútil, cuya función es prescindible. En su día a la hora de redactar la Constitución al constituyente parece que le dio vértigo ir a un sistema unicameral (por el mal recuerdo de la II República). Y se diseñó, de esta manera, una cámara de segunda lectura que mezcla presuntos representantes provinciales con autonómicos. Un tipo híbrido que en la práctica hoy solo cumple la función de servir de aparcadero de políticos a los que haya que agradecer los servicios prestados al partido o a los que haya que aplacar para que dejen de dar problemas a nivel interno.

¿Es malo que cada autonomía, provincia y quizás en el futuro incluso ciudad tenga su propio partido particular que defienda sus intereses? No necesariamente, lo malo es la falta de representatividad, imposible según la actual Constitución de 1978. Como es mala la falta de independencia real del poder judicial y otras muchas cosas que no son en la realidad como se proclaman. En estas y otras cosas, y para empezar a solucionar problemas, sería imprescindible que, en algún momento, España empezase a ser realmente lo que dice ser.