La autonomía local ante la crisis

La actual configuración de España en CC AA no ha beneficiado, por igual, ni en tiempos de bonanza ni en los actuales de crisis, a los ayuntamientos. Obviamente cuando la tarta es mayor, por más recaudación o por las ayudas de UE la parte proporcional que a las entidades locales les toca, es obviamente más suculenta. A sensu contrario, no se puede r que a menos tarta, menor parte, en la misma proporción ya que siempre lo son en un grado mayor de afectación.

En la época actual, para no irnos más lejos, la situación económica graba de una forma más implacable a los municipios. Estos, que han ampliado el gasto en áreas que -en parte- no tendrían que ser de su competencia, ven cómo son reducidos sus ingresos regulares y/o constantes, y como los "extraordinarios" (planes A o E) no son solución de nada, al menos a medio y largo plazo y lo son muy poco, a corto, por su finalidad concreta.

Otra cosa sería, que estos planes se encaminasen a conseguir liquidez para las arcas municipales; que llevasen como finalidad, la rebaja de la deuda, con proveedores y empresas prestadoras de algún servicio; o que ayudasen en general a reducir la deuda financiera, carcoma de la económica en general. Otra es la realidad; ya que los planes, tienen en origen una finalidad concreta, por lo que es recomendable, que el uso que de ellos se haga, no sea en mera "decoración".

Parece, no lo aseguro, que la rebaja que se le pide a España, por parte de la UE en su endeudamiento, se cifra en torno a los 50 mil millones de euros; y al parecer los planes A, E (A sólo o E sólo) asciendan a 5 mil millones de euros. Por lo cual, no es insensato pensar, que ante la poca efectividad de éstos, los cinco mil millones, pudieran dedicarse a la rebaja del endeudamiento nacional, lo que traería como consecuencia, sino la no subida del IVA, si una rebaja del mismo, por lo que el disponible líquido en los ayuntamientos y en la vecindad, si no se viese aumentado, o no tan drásticamente. Podría mantenerse el consumo (cabría igualmente la posibilidad de que aumentase) y las corporaciones, quedarían un tanto aliviadas de una buena parte de la carga financiera.

Pero alguien me dirá ¿y las inversiones? ¿y los servicios sociales? bien: yo aplicaría el sentido común lógico del "orden de prioridades".

Para ello, hay que partir de la lógica siguiente: no se puede ganar igual, cuando se trabaja menos. No se puede gastar igual, cuando ingresamos menos. Y no todas las subvenciones - por ejemplo- pueden mantenerse en situaciones de crisis económica y financiera.

El gasto de inversión, nos guste o no, tiene que reducirse en el ámbito municipal, a lo imprescindible, en tanto y cuando no sean las CC AA, el Estado o la Comunidad Autónoma en concreto, los que asuman el mayor gasto en el papel inversor.

Sin embargo, las entidades locales debieran de mantener sus inversiones, en las áreas de mayor urgencia o prioridad que le sean propias. Pero no podrán ser en la misma cuantía y cantidad que en años precedentes.

En cuanto a las prestaciones sociales, deben de tener un carácter prioritario, dentro del "orden" que he mencionado. Ahora bien: la ayuda, el apoyo y el gasto deben de ser debidamente controlados, aplicando una verdadera "justicia equitativa"; basada en la veracidad, la urgente necesidad, y la responsabilidad que los prestatarios, tienen por ley que realizar. No pueden las administraciones locales arrogarse un "servicio" que recaiga en entes superiores o distintos a los púbicos.

Las subvenciones deben, por justicia, ser reducidas, por no decir que en algunos casos como (fiestas, conciertos, actos lúdicos, etcétera) suspendidas temporalmente o restringidas, en favor de, entre otras más necesarias como pudieran ser, la asistencia social, la salud, o el apoyo a la tercera edad, siempre en base a lo anteriormente dicho.

El gasto corriente o el ahorro: la autonomía municipal debe de tender a la reducción de todo aquel gasto que no genere un "beneficio" al ciudadano y un ahorro al erario público. El aprovechamiento del personal al servicio de la administración, en este caso municipal, desde sus niveles más bajos a los más altos, debe de ser prioritario, primando las menores contrataciones y/o prestaciones que siempre tendría un carácter de muy extraordinarias. Por lo cual la reducción de la partida para estos menesteres debe de reducirse. Soy de la opinión que las administraciones han estado o están gastando en este capítulo muy por encima de lo éticamente admisible en muchos casos con resultados desfavorables para la hacienda pública.

En lo tocante a los ingresos que por ley le son propios, se debe de terminar con cualquier tipo de fraude, aumentando el control sobre aquellos impuestos o tasas que son de obligada "solidaridad" el pagarlos por parte del vecindario. La actualización de los censos; el control del no deterioro del mobiliario público y de la buena gestión de los servicios que prestan terceros (agua, basura, etcétera) exigiendo la responsabilidad de las infracciones de cualquier orden, deben de ser corregidas por la vía del derecho, en aras a la responsabilidad pública y la justicia social para quien cumple con ellas. Las obligaciones que correspondan a particulares (empresas, sociedades, etcétera) no deben de recaer en las arcas públicas.

Todas aquellas ayudas, que puedan ser de interés para los municipios, deben de ser solicitadas en tiempo y forma. Estudiando muy bien aquellas, que aunque parezcan importantes en su cuantía y finalidad, al final resulte un gravamen más a los presupuestos anuales; bien sea por el alto mantenimiento de las mismas, bien por ser y por tener una finalidad transitoria (a veces electoralista) sin apreciar un "beneficio" a corto, medio o largo plazo. No pudiera decir lo mismo tal vez, de aquellas que aportan conocimiento y promoción nacional o internacional de los concejos y puedan ser reclamo de visitantes y/o eventos que generan ingresos adicionales tanto a las entidades locales como a comercio en general.

La austeridad como medio y fin para afrontar la crisis no es cuestionada ni cuestionable ya que es ella un medio históricamente demostrado como eficaz, aún en tiempos en bonanza. El control de los bienes consumibles, agua, luz, calefacción, vehículos y cualquier otro material susceptible de ser incontralable y a veces malamente justificable tiene que ser no una filosofía sino la praxis del buen gobierno.

Todas estas "ideas" vertidas en este trabajo, están pensadas de una forma u otra, en aquel slogan del "déficit cero" que tantos detractores ha tenido en la izquierda, y cuan razón dio a la economía nacional. Por tanto no es "dogma de fe" el que las corporaciones se endeuden al mismo tiempo que las CC AA o el Estado siempre que se les respete su autonomía municipal.

Justo Roldán

Lugones