¿Qué pasa con la Justicia?
Partiendo de un profundo respeto y admiración por la labor realizada por los jueces del Tribunal Supremo, deseo realizar algunas consideraciones respecto al informe de la Abogacía del Estado.
Antes quiero poner de manifiesto que los fiscales ya han reiterado que Junqueras, como preso ejecutoriamente condenado a 13 años de prisión, así como a inhabilitación absoluta, por el mismo tiempo, no puede salir de la cárcel, según la interpretación de la Fiscalía, puesto que está condenado en firme. Por tanto, ha pedido al Supremo que siga en prisión, en fase de cumplimiento de condena, y que se comunique al Parlamento Europeo, ya que razones jurídicas y técnicas justifican sobradamente este planteamiento.
Según algún diario, el informe de la Abogacía se pliega al separatismo al pedir que Junqueras pueda ejercer de eurodiputado. Y supongo que muchos comentaristas políticos estarán en la misma línea de opinión. Y lo entiendo.
La Abogacía del Estado publicó un comunicado insistiendo en que no acepta presiones de ningún tipo y que sus análisis son estrictamente jurídicos y técnicos. Puedo estar de acuerdo. Lo que sucede es que las argumentaciones jurídicas se pueden basar en la jurisprudencia ya existente y también en la mayor o menor fuerza de los argumentos jurídicos.
Y en este caso, la Abogacía ha optado por lo más sencillo y ha expuesto una especie de solución salomónica que no convence. Porque existen diversas contradicciones e incoherencias de fondo. En un primer momento, parece que no, pero si se analizan con más profundidad sus recomendaciones al Tribunal Supremo, se notan. Y lo digo con todo el respeto a la labor y conocimientos de los abogados del Estado.
Quiere que el Supremo solicite con la mayor brevedad la suspensión de la inmunidad de Junqueras al Parlamento Europeo. Y esto, aunque se pudiera lograr, podría durar meses o años, y, mientras tanto, Junqueras estaría libre ejerciendo de europarlamentario.
Pero, a la vez, la Abogacía cree posible que, aunque durante unos días, semanas o meses ejerciera su labor política como eurodiputado, esto no pondría en riesgo el cumplimiento de la sentencia del “procés”, con la aplicación de las medidas adecuadas, por parte del más alto tribunal español.
Veremos lo que decide el Tribunal Supremo. Desde mis análisis la razón jurídica la tiene, sin duda, la Fiscalía, que se niega rotundamente a que salga de la cárcel Junqueras. No es lo mismo preso preventivo que condenado en firme. Aunque Oriol Junqueras hubiera podido ir a recoger su acta de eurodiputado, en su momento, eso no haría que no se ejecutase la sentencia, algo que sostiene también la Fiscalía.
Como mucho, a mi juicio, el Supremo podría intentar que le llegara el acta de eurodiputado a la cárcel y que diera un discurso de toma de posesión desde el recinto carcelario para ser inmediatamente inhabilitado a distancia por el Parlamento Europeo. Esto, claro está, no se puede hacer, pero sirve para ver que se ha llegado a una situación absurda, si se quiere hacer un encaje de bolillos que no se sostiene, por numerosas razones.
La seguridad jurídica y el cumplimiento de las condenas deben ser iguales para todos los reclusos. La igualdad ante la ley no puede ser pulverizada dejando ser eurodiputado a Junqueras, supuestamente durante un breve tiempo. Ya que, al final, existe un alto riesgo de que haya recursos del líder independentista y que no cumpla su condena. Esperemos que esto no suceda. No puede haber impunidad. La misma Abogacía reconoce explícitamente que la sentencia del “procés” tiene que cumplirse.
Esquerra ya ha aceptado el criterio acerca de la inmunidad de la Abogacía del Estado y habrá investidura. El Pleno se celebrará probablemente del 2 al 5 de enero. Sánchez ha ganado el pulso. De cualquier manera, ERC no ha logrado más que una victoria pírrica, porque veremos lo que decide finalmente el Tribunal Supremo.
En los próximos meses, con el nuevo Gobierno se verán la estabilidad y la fuerza que tiene. No cabe duda de que es necesaria la aplicación efectiva de diversas medidas sociales urgentes. Esto es, a mi juicio, lo prioritario. Lo restante es menos importante. Los políticos se deben a los ciudadanos y deben buscar su bienestar. En todo caso, esperemos que el consenso prime en relación con las decisiones políticas que vaya tomando el nuevo Ejecutivo. Al menos, en lo esencial. En cuestiones menores o formales las discrepancias no producen consecuencias relevantes.
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