¿Una política judicializada?

Aquí, en la actual España convulsa, cuando a uno no le gusta una sentencia, la tilda de injusta, y llama prepotente y parcial al tribunal que la dicta. Y cuando les agrada, como ahora, ya empiezan a pregonar a bombo y platillo que Junqueras ha sido “destituido”. Y, ufanos, afirman que la Eurocámara acata la decisión del Tribunal Supremo español y retira la condición de eurodiputado de Junqueras. Y también que ha iniciado el suplicatorio para abolir la inmunidad parlamentaria a Puigdemont y Comín.

Sin embargo, el Tribunal Supremo se resistió a aceptar que Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Toni Comín adquirieran la condición de diputados europeos y no lo ha conseguido. Ahora también se niega a aceptar la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que les reconoció dicha condición con efectos distintos para cada uno de ellos.

Pero lo que realmente dice este dictamen de la Eurocámara -que puede ser recurrido, y lo será- es que “Junqueras deja de ser europarlamentario a partir del 3 de enero de 2020, y que lo era -diputado europeo- desde 2 de julio de 2019”. Entonces, lo que se pregunta todo el mundo -sea entendido o profano de lo jurídico- es que, si Junqueras tenía inmunidad de parlamentario europeo en esas fechas, no podían haberlo procesado sin permitirlo el TJUE. Y, como consecuencia de ello, el proceso posterior está viciado y, por lo tanto, es nulo jurídicamente. Junqueras debe ser excarcelado inmediatamente porque se han inculcado sus derechos de parlamentario europeo, ya que era inmune ante ese juicio del “procés”. O sea, ¿Puigdemont y los otros dos sí son de hecho y derecho parlamentarios europeos -y se respeta la voluntad de sus votantes-, y a él y a los suyos, no?

¡Vaya chapuza de la Junta Electoral Central española, que no era competente para quitarles su condición de electos! La JEC empleó el filibusterismo político y maniobró contra la designación de Torras como parlamentario y presidente de la Generalitat! También bodrio procesal del juez Marchena y del juez Pablo Llarena ante los tribunales europeos. Nos darán en las narices otra vez, tanto en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como en la Corte Europea de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y, además, puede haber tarjeta amarilla -o roja- para España si no acatamos los veredictos finales de estos dos tribunales internacionales y europeos.

Y lo veremos poco a poco en los recursos de Junqueras. Según afirman bastantes catedráticos de Derecho, magistrados en activo y eméritos de Tribunal Supremo, “está en prisión ilegalmente desde el 13 de junio”. Hay que destacar que “el Supremo ha vulnerado los derechos fundamentales del exvicepresidente catalán, Junqueras, que fueron reconocidos por el sistema electoral español y comunicados al Parlamento”.

Cada vez vemos más clara la batalla de la derecha, sobre todo del PP, para perpetuarse en el poder judicial ante la derrota de su poder legislativo y ejecutivo. Esto supone una muy grave crisis de Estado. El poder judicial enfrentado al poder ejecutivo, mientras el poder legislativo está desvalorado y muy dividido. Toda esta judicialización de la política o la política judicializada es una puesta en escena del PP ante sus continuas derrotas electorales.

La mitad de la sociedad catalana, que se siente solo catalana, contra la otra mitad, que se siente sobre todo española; y la mitad de España, que sostiene la vía política para encauzar el problema catalán, contra la otra mitad, que apoya la vía judicial.

La judicialización de la política del fiscal general Maza y el juez Llarena, iniciada bajo la atrofia gubernativa de Rajoy con la complicidad de los ministros de Justicia Catalá y Gallardón, conchabados con el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz, confluye ahora en la creciente politización de la justicia española bajo el “finiquitado” presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

El PP quiere doblegar al Ejecutivo de Pésanchez (con mayoría en el Congreso) imponiendo un gobierno de los jueces basado en el actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De ser así, los peperos cometerían un morrocotudo error -y se les acusaría de poco constitucionalistas y con escasa vocación de Estado, a pesar de que presumen de ello.

Esta renovación del CGPJ el PP la tiene bloqueada desde hace mucho tiempo, al comienzo del mandato de Rajoy. Los de Génova, 13 no quieren soltar esa “pieza, esa carnaza” vital para su subsistencia política. Pero el PP tiene la obligación constitucional de abordar el cambio del CGPJ. Y no torpedearlo, porque esa actuación estaría en contra de la Constitución. Y luego se jactan de ser buenos españoles, patriotas y constitucionalistas.

Y respecto al tema catalán, estamos muy de acuerdo con ese nuevo enfoque de diálogo y no tanto “palo y condenas” y excesos en las actuaciones policiales. Un conflicto político debe solucionarse en una “mesa bilateral”. Mesa pactada por PSOE y ERC (apoyada por UP y otros grupos progresistas) que debe buscar una fórmula para la “validación democrática” de su acuerdo final. Tienen derechos, sí; pero también en esas negociaciones deben aclararse los desatinos y excesos jurídicos y procesales del independentismo catalán y su defensa monolítica de la vía unilateral.

Y recordamos que el Tribunal Constitucional abrió durante el “procés” una rendija legal para celebrar un referéndum solo en Cataluña. El dictamen del TC que tumbó la ley de consultas catalana estableció que, si está regulado por una ley orgánica, es posible instaurar el “referéndum autonómico”. El fallo establece que esa figura ahora inexistente en el ordenamiento jurídico debería tener carácter consultivo y solo podría preguntarse por temas de competencia autonómica.