La demagogia tributaria de la izquierda asturiana

El "IBI para ricos", al igual que el impuesto de sucesiones y donaciones, son caprichos ideológicos de la izquierda asturiana que, a modo de señuelos, tratan de vender que ellos son los nuevos Robin Hood, desplumando a los ricos en favor de los pobres, sabiendo como saben que los ricos de verdad, las grandes fortunas, hace ya tiempo que no transitan por el bosque Sherwood, pues, sin necesidad de acudir a los conocidos como paraísos fiscales, tienen a su disposición elementos legales como las sociedades de inversión de capital variable (SICAV).

La figura impositiva por excelencia para la aplicación de la progresividad tributaria es el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Ahora bien, hay que reconocer que este tipo de demagogia tributaria de hablar de ricos y pobres, unida a la impresionante potencia mediática de la que disponen, les da buenos resultados. Sirva como ejemplo preliminar el impuesto sobre sucesiones y donaciones asturiano, que recauda unos 100 millones de euros al año, en un Presupuesto regional de más de 4.500 millones de euros, o sea, una miseria, y donde las grandes fortunas asturianas prácticamente no tributan por el mismo gracias a la ingeniería financiera o bien porque pueden deslocalizar legalmente su domicilio fiscal, siendo las clases medias asturianas, pequeños y medianos empresarios o trabajadores, quienes cargan con este tributo. Es decir, técnicamente hablando venden demagogia pura, porque ni por este impuesto tributan los ricos de verdad, ni se recauda cantidad significativa por el mismo.

El "IBI para ricos" es más de lo mismo, y la experiencia de Oviedo ha sido muy significativa al respecto. En primer lugar, el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) no es una figura tributaria diseñada para la aplicación de la progresividad tributaria, al estilo del IRPF, sino que es tributo local que grava la propiedad de bienes inmuebles, tanto urbanos como rústicos. Es de suponer que el "IBI para ricos" que propone el equipo de gobierno municipal de Gijón sea muy parecido, o acaso idéntico, al que se está aplicando en Oviedo. El anterior equipo de gobierno de Oviedo consideraba ricos a todos aquellos propietarios de bienes inmuebles cuyo valor catastral sea superior al millón de euros. Esto significa, como reconoció el señor Rosón, que esta modificación solo afectaba a unas 250 fincas catastrales en todo el municipio de Oviedo, con una recaudación estimada de unos cinco millones de euros, que muy posiblemente no llegase ni a cuatro, porque se trató de gravar fincas cuyo valor catastral al estar sin segregar superaba el millón de euros, como por ejemplo varios garajes vecinales de Oviedo. En una palabra, este nuevo señuelo ideológico recaería sobre propietarios de grandes superficies comerciales, grandes espacios para alquiler de oficinas o de locales de ocio, que, por supuesto, habrá repercutido sobre sus inquilinos esta nueva idea de la izquierda asturiana. En resumen, más palos en la rueda sobre los pequeños y medianos empresarios, y aumentando la imagen de infierno fiscal de Asturias. ¿Y para qué? Pues para recaudar unos cuatro millones de euros en un Presupuesto municipal de más de doscientos millones de euros. Otra vez el mismo resultado que con el impuesto sobre sucesiones y donaciones.

En Gijón este impuesto podía recaer por ejemplo sobre Arcelor, o el astillero de Armón, puesto que es posible que el valor catastral de sus instalaciones esté por encima del millón de euros, amén de cientos de pequeños y medianos empresarios que podrían ver incrementados sus alquileres con la repercusión de la subida del "IBI para ricos".

Aunque se armonice a nivel nacional el impuesto sobre sucesiones y donaciones, y el impuesto sobre el patrimonio, nuestra Asturias seguiría siendo la última de la fila en cuanto a financiación autonómica total, es decir, sumando la ordinaria y la extraordinaria. Aun con ese par de impuestos armonizados a nivel nacional, Asturias aumentaría su recaudación tributaria en no más de 150 millones de euros anuales, en tanto que el fondo de liquidez autonómico y el programa de facilidad financiera repartirán este ejercicio fiscal la cantidad de 26.228 millones de euros, de los que Asturias se lleva la miseria de 133 millones de euros, frente a los 8.045 millones de euros de la catalana secesionista.

Es una pena y un dolor que se sacrifiquen la prosperidad y el futuro de nuestra querida Asturias en el altar de la demagogia tributaria. Ni siquiera la contundencia de los asépticos números puede evitar una deriva política suicida para nuestra tierra. Qué pena y qué dolor que la necedad de "sostenella y no enmendalla" se anteponga al futuro de esta maravillosa tierra verde.