La Campa Torres, un yacimiento de delitos, mentiras y complicidades

La noticia del descubrimiento de un escondrijo con miles de piezas de incalculable valor arqueológico, provenientes de las excavaciones del castro de la Campa Torres ha llenado de estupor a la sociedad asturiana. El hecho también pilló por sorpresa a las administraciones socialistas del Ayuntamiento de Gijón y de la Consejería de Cultura, que, inmersas en un profundo desconcierto y transcurridos ya muchos días, todavía no han sido capaces de explicar ante la opinión pública las causas de lo sucedido ni quiénes han sido sus responsables, cayendo además en ostensibles contradicciones entre ellas en un intento por evadirse de cualquier culpabilidad.

La naturaleza del zulo del antiguo búnker del Cabo Torres –un oscuro y escondido cuarto subterráneo completamente atiborrado de cientos de cajas de cartón y negras bolsas de basura que contenían los materiales– basta por sí sola para demostrar la aviesa intención que inspiró la ocultación, como si de la cámara secreta de un tesoro faraónico se tratara. El tiempo que permanecieron en tan penosas condiciones de humedad, calor y oscuridad, deshizo y desmoronó cajas, borró etiquetas y pudo haber dañado seriamente, quizá irreversiblemente, tanto los objetos como los no menos trascendentales datos de su identidad arqueológica.

El desamparo y abandono al que estuvo expuesto este conjunto arqueológico durante una decena de años, cuyo trascendental valor para Asturias no nos cansaremos de repetir, dan cuenta de un desentendimiento y olvido por parte del Ayuntamiento gijonés y de la Consejería de Cultura, los dos corresponsables de esta absurda situación que resulta imposible de comprender. Un estado de descontrol tan evidente que impide a sus responsables políticos no sólo saber realmente de cuántas piezas estamos hablando –más de 8.000 según la consejera de Cultura, más de 20.000 según la prensa, o inclusive muchísimas más según fundadas sospechas–, sino indicar cuántos objetos han podido haber salido de Asturias y en qué dirección –se ha hablado ya de ánforas romanas desaparecidas–. Y además sin que ni una sola línea científica volviera a ser publicada en la última década sobre un castro del que siguen sin conocerse muchos datos de su etapa prerromana y prácticamente toda la romana; algo que, fallecido el arqueólogo J. L. Maya, es tan imputable al otro director de los trabajos, Francisco Cuesta Toribio, como a las propias administraciones que los financiaron y más tarde, en una actitud incoherente, se han inhibido de cualquier obligación.

Todo es más incomprensible aún si recordamos que los más de 1.000 millones de pesetas de entonces que se invirtieron en el castro gijonés obedecieron a una apuesta personal del entonces alcalde de la ciudad, Vicente Álvarez Areces, quien hace una veintena de años propulsó su declaración como parque arqueológico natural.

En medio del lacerante silencio del Ayuntamiento de Gijón, de la Consejería de Cultura y de sus socios de Gobierno, la petición del esclarecimiento de los hechos efectuada por el Partido Popular se ha encontrado con la oposición de la consejera de Cultura, Mercedes Álvarez, que ha tenido el atrevimiento de manifestar en la Junta General del Principado de Asturias que todo está en orden, que todo es normal y que aquí no pasó nada. La Consejera, cuya implicación en tanto que concejala de Cultura del Ayuntamiento en el momento de la comisión de los hechos empieza a adivinarse, no ha mostrado ni la obligatoria acta de entrega de los materiales en la institución competente, ni el inventario científico de los mismos, ni nada de nada de cuanto está legalmente estipulado y es obligación de la Consejería de Cultura exigir a los directores de las excavaciones arqueológicas. Y tales documentos, si no se presentan, es que no existen. Sin ellos, ya no sólo nos encontramos ante una ocultación, dispersión y destrucción de objetos arqueológicos, sino ante un enorme expolio arqueológico en el que devendrían las pretendidas excavaciones realizadas en el castro durante casi veinte años y que parece erigirse en la causa misma de aquella ocultación.

Como digo, estas cuestiones están perfectamente tipificadas en el marco jurídico que protege y regula el patrimonio histórico, previéndose severas sanciones tanto para los arqueólogos que las incumplan como para las autoridades que las consientan, contemplando incluso el Código Penal pena de cárcel.

El castro de la Campa Torres ha sido sometido a un salvaje atentado. Tres personas aparecen como últimos y necesarios cómplices de este desgraciado y repudiable suceso, que tiene su principio y fin en dos momentos y escenarios diferentes: Vicente Álvarez Areces –entonces alcalde de Gijón y hoy presidente del Gobierno asturiano–, Mercedes Álvarez –allí concejala de Cultura y aquí consejera de lo mismo– y Francisco Cuesta –director de las excavaciones y ahora recién nombrado director del Museo Etnográfico de Grandas de Salime–. Sus víctimas, dos de los puntales del patrimonio cultural de la región: el castro de la Campa Torres y el Museo Etnográfico de Grandas de Salime con el desgraciado e injustificable sacrificio de su creador, Pepe el Ferreiro. Caro precio que Asturias paga a sus ilimitadas ansias de poder, a su arrebato despótico y a su incompetencia. El Partido Popular de Asturias ejercerá toda su acción política y jurídica para que se investiguen los daños cometidos y sus responsables sean sancionados como legalmente proceda.

Alfonso Román López González

Diputado del PP en la Junta General del Principado