Carta abierta a Izquierda Unida de Asturias

En las pasadas elecciones generales la coalición Izquierda Unida se presentó ante los ciudadanos y ciudadanas con un programa electoral que, en lo que se refiere a la Administración Pública, incluía un apartado bajo el título "La reforma de las Administraciones Públicas" (número 4.8 del programa), en el que, entre otras, se hacían las propuestas que señalan a continuación:

- Reforma y racionalización de los instrumentos jurídicos de Derecho Público (contratos públicos, gestión presupuestaria, fiscalización y control, procedimiento administrativo etc), con el fin de posibilitar una gestión ágil de las unidades administrativas sujetas a este tipo de regulación jurídica e impedir la huida indiscriminada hacia los mecanismos del Derecho privado.

- Eliminación del clientelismo y de la patrimonialización que de la función pública han venido realizando los gobiernos sucesivos, lo que supuso que valores como la fidelidad política o personal se antepusieran a la capacidad profesional de los empleados públicos. A tal fin se delimitarán claramente los puestos políticos y los administrativos, limitando a los estrictamente necesarios los puestos de libre designación, se establecerá una carrera profesional basada en los principios de mérito y capacidad, generalizándose el sistema de concurso como instrumento de provisión de puestos.

En Asturias, como bien conoce ese partido, la política de los pasados gobiernos y del actual, se dirige justamente en el sentido contrario a las propuestas electorales que contiene el programa de Izquierda Unida. Por un lado, la huída del Derecho Público a través de métodos y sistemas de gestión privada es cada vez más abundante y masiva (la lista de empresas mercantiles creadas por los Gobiernos de izquierdas para quebrar los principios de igualdad, publicidad y libre concurrencia en la selección del personal y en la contratación de obras, bienes y servicios, es ya tan larga que se asemeja a la de los reyes godos) y, por el otro, el clientelismo laboral es el sistema dominante en la promoción profesional dentro de la Administración asturiana.

En este sentido, en la vigente relación de puestos de trabajo del personal funcionario publicada el 16 de mayo del año 2008, se encuentran un total de 2.086 puestos singularizados, es decir, de ascenso en la carrera profesional o de nivel superior a los puestos de entrada o puestos base, de los que 550 son provistos por el sistema del dedo o de la confianza personal, lo que supone el 26,36 por ciento de los puestos de ascenso para el personal funcionario.

Con estos porcentajes, ¿puede decirse que la libre designación es, como exige la ley y propone Izquierda Unida en su programa- un sistema excepcional en la Administración del Principado de Asturias?

Pero el asunto resulta bastante más crudo y sangrante porque a ello debe añadirse que la legalidad también se vulnera con los puestos de trabajo a cubrir por concurso de méritos, porque los concursos no se convocan en los plazos legales establecidos. La ley dice que los puestos vacantes no pueden ocuparse provisionalmente más de un año y que tienen que cubrirse mediante concurso público en ese plazo, pero en la práctica las convocatorias no se hacen y los nombramientos provisionales o en comisión de servicios se mantienen durante varios años. Cómo estos nombramientos provisionales se realizan también por la vía digital, nos encontramos de facto con una carrera profesional vuelta del revés: el concurso de méritos es la excepción y la libre designación la regla general.

Para remachar este sistema manifiestamente clientelar y otorgarle patente de corso, el anteproyecto de ley de Función Pública que el Gobierno asturiano acaba de difundir, pretende imponer un mecanismo de concurso específico para la provisión de todos puestos de trabajo de carrera, sin excepción alguna, en el que los méritos se subordinan al resultado de la presentación de una memoria sobre las funciones del puesto y/o de entrevistas con los candidatos cuando, hasta ahora, este concurso específico era un procedimiento extraordinario, utilizado por la Administración precisamente en aquellos casos en los que se quería dar ventaja a un determinado candidato. Resulta evidente que los que estarán en las mejores condiciones para hacer esa memoria de la plaza o para defenderse en la entrevista serán aquellos que ya la ocupen en comisión de servicios, es decir, los nombrados previamente a dedo, por lo que el concurso se volvería de esta manera un procedimiento directamente encaminado a conceder los puestos de ascenso a los funcionarios que cuenten con la confianza política o personal del gobierno.

Si a ello añadimos la implantación, de manera unilateral, de la técnica gerencial privada de la evaluación del desempeño, dirigida a resquebrajar la igualdad salarial y las condiciones imprescindibles de imparcialidad y neutralidad política, en cuanto que el importe del salario y la permanencia en puestos obtenidos por concurso de méritos dependerán del resultado de los informes emitidos por los funcionarios nombrado a dedo por los partidos gobernantes, no es exagerado concluir que lo está en juego en Asturias es la esencia misma del sistema constitucional de Función Pública.

Ante este panorama, el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies (COFPA) insta a Izquierda Unida de Asturias a cumplir cabalmente con el programa electoral presentado a los ciudadanos y ciudadanas y adoptar, con la urgencia que requiere el caso, las iniciativas políticas y legislativas adecuadas para que una Administración Pública objetiva, imparcial y al servicio del interés general sea posible en Asturias.

Javier Álvarez Villa, presidente de la Junta Gestora de COFPA