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Catorce años de la tragedia minera en Pasta de Conchos

17 de Febrero del 2020 - Javier Arjona (Siero)

Mineros de Pasta de Conchos, Estados Unidos Mexicanos.

El 19 de febrero se cumple otro aniversario de la tragedia en la mina de carbón Pasta de Conchos, del poderoso entramado empresarial Grupo México liderado por Germán Larrea (el segundo hombre más rico de México, con más de 13.000 millones de patrimonio).

Fueron 65 los muertos, dos cuerpos fueron rescatados y no quisieron rescatar los cuerpos de 63 mineros (aquel año Hunosa envió ocho especialistas, entre ingenieros e integrantes de la brigada de salvamento, para asesorar en dicho rescate).

Conocida es la práctica y tradición en nuestro país de no dejar a ningún minero enterrado. Pero también lo es en México: solamente se tiene registro de dos tragedias en las que se haya negado el rescate de los atrapados: en 1973, la de un ingeniero, y Pasta de Conchos, en ambos casos la parte patronal es Grupo México.

Los familiares de las víctimas, las viudas, han pedido insistentemente la recuperación de sus restos sin que hasta el momento ningún gobierno les haya hecho caso. Hasta ahora, que el gobierno de AMLO se ha comprometido y ha iniciado operaciones de larga duración.

En abril de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció la evaluación de responsabilidad de las autoridades mexicanas en la muerte de los 65 mineros en 2006.

En 2010 los familiares presentaron su caso ante el organismo, argumentando que el gobierno era responsable de la ineficacia de las labores de rescate.

En la última inspección realizada dos años antes se asentaron 43 violaciones directas a la norma de seguridad e higiene y se ordenaron 48 medidas, muchas de ellas de extrema urgencia. Sin embargo, las autoridades omitieron supervisar que se subsanaran las fallas detectadas.

Sigue pendiente el juicio y castigo a la empresa Grupo México, la minera más grande del país, con ramificaciones empresariales por todo el mundo, también en Aznalcóllar, Andalucía.

El 19 de febrero de 2006 hubo un colapso de varios túneles en la mina de carbón y 65 mineros quedaron atrapados en su interior por la explosión.

El Grupo México anunció a los 5 días que la búsqueda sería suspendida porque "no había posibilidad alguna de supervivencia tras la explosión de metano".

Sin embargo, el 23 de junio de 2006 se recuperó el cuerpo de Felipe de Jesús Torres Reyna, quien no presentaba quemaduras, por lo que se determinó que había fallecido por asfixia. El 1 de enero se encontró un segundo cuerpo, José Manuel Peña Saucedo, quien tampoco murió por calcinamiento (como argumentaba la empresa), sino asfixia.

Las interpretaciones sobre que el empresario Germán Larrea y su compañía se estaban beneficiando de la tragedia para ocultar actos de negligencia y malas condiciones laborales crecieron.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México emitió una recomendación en la que señaló que en la muerte de los mineros hay responsabilidad de autoridades, empresa y sindicato minero. El organismo concluyó que existieron violaciones a los derechos humanos, ya que funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social permitieron a la empresa trabajar en condiciones de riesgo para la vida y salud de los empleados.

En 2008, luego de que Grupo México cerrara la mina y cancelara las labores de rescate, los familiares anunciaron tareas de rescate por su cuenta.

El 30 de diciembre de ese año, la CNDH emitió la segunda recomendación, en donde dictaminó la existencia de violaciones a los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica. Y agregó que se había violentado a los familiares por parte de servidores públicos de la Procuraduría General de la República.

Catorce años han tenido que esperar los familiares de los mineros enterrados en su búsqueda por la verdad, justicia y reparación del daño.

El presidente López Obrador anunció el primero de mayo la puesta en marcha del rescate para este año. Y un equipo de expertos nacionales e internacionales (Alemania, China, Australia y EE UU) están trabajando en ello.

La misma empresa de Larrea en 2014 fue señalada como responsable del derrame de 40.000 litros cúbicos de sulfato de cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora.

Durante la campaña electoral el empresario emitió un comunicado a sus trabajadores en el que llamó al voto inteligente y señaló los riesgos de instaurar en el país un modelo populista, en evidente referencia al entonces candidato López Obrador.

Desde la tragedia casi anunciada en Pasta de Conchos otros noventa y cuatro hombres han muerto en la minería del carbón en la Región Carbonífera de Coahuila.

El Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señala a Coahuila como "una de las cinco entidades federativas con el mayor número de reportes de agresiones en contra de defensoras y defensores".

Solidaridad con las familias mineras.

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