Quince años de la masacre en San José de Apartadó-Universidad de la Resistencia
En mayo del año pasado por fin se logró condena para seis militares por el crimen de ocho personas en 2005.
Los cuerpos mutilados y decapitados de tres niños y cinco adultos, miembros de la comunidad de paz de San José de Apartadó, Antioquia, quedaron abandonados en medio de la selva y en fosas a medio enterrar el 21 de febrero de 2005.
La masacre fue cometida por cincuenta paramilitares. Pero a pocos metros del lugar estaban militares del batallón “Francisco de Paula Vélez”, quienes durante cinco días patrullaron conjuntamente con los "paras" y compartieron campamentos, raciones de campaña y hasta a “Jonás” y “Ratón”, dos guías de las autodefensas.
La sentencia judicial prueba el actuar premeditado, permanente y coordinado de militares y paramilitares contra la comunidad de paz y el exterminio al que la Brigada XVII ha intentado someterla.
Basados en testimonios y evidencias, los magistrados condenaron al teniente coronel Orlando Espinosa Beltrán, entonces comandante del batallón “Francisco de Paula Vélez”, y al oficial de operaciones, mayor José Fernando Castaño. El fallo también cobija a los sargentos Henry Agudelo Cuasmayán y Ángel Padilla Petro; al cabo segundo Sabarín Cruz Reina, y al cabo tercero Ricardo Bastidas Candia.
Faltan más militares.
La investigación señala que para ejecutar el plan se dictó la orden de operaciones “Fénix” por parte de la Brigada XVII. Además, se le unió la misión “Feroz”, en cuya planeación participó el comando conjunto “Caribe”, a cargo del general Mario Montoya, hoy en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por “falsos positivos”.
Por esta masacre, en 2013 fueron llamados a indagatoria los generales (r) Luis Alfonso Zapata y Héctor Fandiño Rincón. Pero el caso no se ha movido en la Fiscalía. Y si bien esta condena puede ser impugnada, la evidencia es tan demoledora que algunos dan por descontado que será ratificada.
Esta no fue una masacre vinculada al conflicto. Es una comunidad neutral que propugna y defiende que en su territorio no entren ni militares, ni paramilitares, ni guerrillas.
Este viernes se cumplen quince años de una de las masacres sufridas por la comunidad de paz en San José de Apartadó. La pelea jurídica todavía continúa pese a que seis de los quince militares que participaron en la matanza están condenados. Delegaciones asturianas han visitado CPSJ y varias personas de la comunidad han estado varias veces en nuestro Parlamento. También los informes de la delegación asturiana que cada año visita Colombia recogen testimonios reiterativos de violaciones a los DD HH contra esa comunidad, que ha sido denominada por el padre Javier Giraldo “Universidad de la Resistencia”.
Este viernes, una carta especial ha sido elaborada por una red que apoya a esta comunidad (en la que se encuentra Soldepaz-Pachakuti) y será entregada por una delegación belga, en directo, a la comunidad de paz que pervive con este horror de doscientas personas asesinadas en su comunidad.
La comunidad de paz (que tiene hermanamientos europeos variados, entre ellos los ayuntamientos de Burgos, Rivas y Alburquerque) continúa denunciando de forma sostenida la presencia de ilegales paramilitares en las inmediaciones de la comunidad, con el visto bueno o la ocultación de las autoridades militares.
A los pocos días de esta masacre, Pachakuti se concentraba junto a Amnistía Internacional frente al teatro Campoamor: en dicha actividad de calle estaba Luciano Romero, en aquel momento protegido por el Programa Asturiano de DD HH y que pocos meses después sería asesinado en Valledupar en una acción que también tiene condena parcial calificada como crimen de lesa humanidad al tener alianza criminal entre miembros de la fuerza pública, que le secuestraron y torturaron, y paramilitares, que le asesinaron y tiraron su cuerpo a un basurero.
Posteriormente, el grupo de refugio en Asturias, cambiante en composición cada año, tomaría el nombre de Luciano Romero para autodenominarse y seguir manteniendo la denuncia por el exterminio social.
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