Sahara Occidental o la deuda histórica no resuelta
Este jueves 27 de febrero la República Árabe Saharaui Democrática cumple años y el conflicto que vive cada día y sin resolver es –por mucho que se niegue– responsabilidad en primera instancia de España, que con nocturnidad y alevosía incumplió los compromisos de descolonización contraídos ante NN UU, y sigue sin jugar en el marco de las instituciones internacionales un papel honroso en favor de los derechos inalienables del pueblo saharaui sometido a humillación y acoso en su territorio ocupado por el sátrapa marroquí, o viviendo grandes penurias en los campamentos de refugiados en Tindouf (Argelia), a los que cada vez llega menos ayuda humanitaria de los organismos competentes para paliar este drama.
Resulta sospechoso que la primera visita de los ministros de Exteriores de los gobiernos democráticos de nuestro país haya sido a Marruecos a rendir pleitesía a Hassan II antes y ahora a su heredero, Mohamed VI.
Las relaciones económicas y de amistad propias entre países vecinos no pueden excluir compromisos históricos pendientes de resolver.
El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya en su dictamen de 1975 determinó que no había vínculos entre Marruecos y el Sahara Occidental –antigua colonia española y última de África–, por lo que su ocupación civil y militar contraviene el Derecho Internacional.
Año tras año, el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una resolución en la que se reconoce el derecho del pueblo saharaui a la libre autodeterminación, pero no se ejecutan acciones que hagan cumplir las mismas. Más allá de estas declaraciones vacías que desprestigian la propia naturaleza de esta organización que nace entre otras cosas para poner fin a la descolonización, la Comunidad Europea violando toda la lógica del Derecho Internacional se permite incluso negociar con Marruecos el expolio de las riquezas saharauis, fundamentalmente la pesca y los fosfatos.
Tras casi nueve lustros, es hora de exigir al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General, la ejecución del Plan de Paz que en 1991 firmaron las partes, así como las Resoluciones aprobadas por estas instituciones, y España debe ser el motor de esos cumplimientos, a la vez que en esa transición se levanten todas las restricciones para viajar al Sahara ocupado y en particular a las organizaciones no gubernamentales para así hacer más visible la situación de la población saharaui en el territorio, supervisando y condenando toda violación a los derechos humanos y exigir la liberación de los presos políticos encarcelados, defendiendo el pleno derecho al ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.
Toca poner fin a la tragedia de un pueblo amigo y eso por encima de intereses comerciales.
La dignidad de un gobierno democrático debe estar por encima de otros intereses y nuestra responsabilidad en esta tragedia de la que en su día fue provincia 53 sigue pendiente de resolver mientras su pueblo agoniza.
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