Bebés robados

Recientemente se llevó a cabo la VIII Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias, una iniciativa de Acción en Red con la que Amnistía Internacional-Asturias colabora habitualmente. Este año, el largometraje, de cuya presentación se encargó nuestra unidad territorial, fue “Canción sin nombre”, dirigida por Melina León y protagonizada por Pamela Mendoza y Tommy Párraga. La película está ambientada en Perú en los años ochenta, fue exhibida en la sección de realizadores del Festival de Cannes de 2019 y ha ganado el premio “Nuevas Voces / Nuevas Visiones” en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs.

El argumento central de “Canción sin nombre” trata del robo de una niña nacida en una clínica falsa y de una búsqueda por parte de su madre, de su padre y de un periodista de investigación –personaje inspirado en el padre de la directora– a quien le es asignado el caso y que se involucra de un modo muy personal. La protagonista es una joven indígena ayacuchana que había migrado a Lima debido al terrorismo que en aquel momento azotaba su tierra natal. En la presentación de la película, en el teatro Filarmónica de Oviedo, se incidió en que la condición de mujer, joven, pobre, indígena y forzada a migrar en el contexto de un conflicto armado es el perfil de persona que mayor vulnerabilidad tiene y más expuesta está a sufrir todo tipo de violaciones de derechos humanos, como se puede constatar en los diversos informes realizados al respecto. También hubo un recuerdo especial para Giulia Tamayo, la abogada peruana e investigadora de Amnistía Internacional que trabajó en defensa de los derechos de las mujeres indígenas sometidas a esterilización forzosa y a otras formas de violencia y discriminación en los servicios públicos de salud en Perú, motivo por el que sufrió un atentado y se tuvo que exiliar. Asimismo, se subrayó que el robo de niñas y de niños no es algo que haya afectado solo a Perú, sino que está mucho más extendido de lo que pudiera pensarse. Como prueba de ello, se citó lo ocurrido en El Salvador y en España.

En El Salvador, la organización Pro-Búsqueda ha documentado 790 casos de niñas y niños desaparecidos durante el conflicto bélico que tuvo lugar desde 1980 a 1992. Niños y niñas privados de su derecho a la identidad. La mayoría, desapariciones forzadas por parte de las Fuerzas Armadas salvadoreñas, aunque en algunos casos también fueron responsables “miembros del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), abogados, embajadas, médicos, enfermeras de hospitales, jueces e instituciones del Estado que con conocimiento de causa o sin ella los dieron en adopción”, tal como se denunciaba en el artículo “Recorriendo un largo camino”, publicado en “En Búsqueda”, el boletín informativo de dicha organización correspondiente a agosto de 2000.

El 22 de septiembre de 2000 tuve la oportunidad de asistir en San Salvador al Foro “Reconstruyendo identidades. Hacia la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda” de las Niñas y Niños Desaparecidos, al cual habían sido invitados todos los partidos políticos. Ante un auditorio integrado en su mayor parte por los familiares de las niñas y de los niños desaparecidos, Jon Cortina, el ingeniero y jesuita vasco nacionalizado salvadoreño y fundador de Pro-Búsqueda, habló de los inicios de la organización, del miedo de aquellas tres mujeres – “¿verdad, María”, dijo dirigiéndose a una de ellas– que unos años antes se le habían acercado porque querían indagar el paradero de sus hijos. Afirmó que el esclarecimiento de la verdad es un problema ético que requiere una voluntad ética, exigió un decreto legislativo que permitiera conocer la verdad y “devolver algo de la dignidad que se les había quitado”, y señaló el sarcasmo del lema “Perdón y Olvido” con el que ARENA –el partido que en aquel momento gobernaba en el país– pretendía zanjar aquella ignominia: “Si nadie nos ha pedido perdón, ¿a quién tenemos que perdonar?”. En el foro intervinieron, entre otros, dos de las niñas y niños desaparecidos, jóvenes adultos ya, que habían sido reencontrados muchos años después. “Ahora sé que no son sueños”, dijo uno de ellos aludiendo a los recuerdos previos a su desaparición. “Cuando volví a ver a mi madre, era ya viejita”, refirió la joven, que también evocó las circunstancias en las que había sido arrancada de su familia cuando huían por el monte: ella y su padre se habían quedado un poco rezagados recolectando frutas y fueron descubiertos por las Fuerzas Armadas, que asesinaron a su padre, mientras que ella fue llevada a un orfanato. Una madre expresó su dolor, el vacío que sentía desde que le habían arrebatado a su hijo (“son cicatrices que no se curan nunca”), y un padre se preguntaba qué no daría por ver a sus hijos y a sus nietos. Días después, Julieta López, una de las psicólogas que colaboraban con Pro-Búsqueda, me dijo que el recuerdo de los hijos por parte de estos padres y madres había quedado como congelado en el tiempo y que, al producirse el reencuentro, solían llevarles de regalo una ropita o un juguete acorde con la edad que tenían en el momento de su desaparición.

En cuanto a nuestro país, según el auto del Juzgado de instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional de 18 de noviembre de 2008, entre 1937 y 1950 podrían haberse producido más de 30.000 casos “en un sistema de desaparición de menores hijos de madres republicanas bajo la cobertura de una aparente legalidad”. Las denuncias por casos de bebés robados se prolongaron durante todo el franquismo y los primeros años de la democracia, con un patrón parecido de actuación, desvinculada ya de intereses políticos y movida por los de tipo meramente económico. Muchas de las víctimas de este tipo de delitos fueron registradas con información falsa, lo que les impide conocer su verdadera identidad, y las familias de origen tampoco pueden ejercer los recursos legales para restablecer la identidad y los lazos biológicos. Sin embargo, España ha descartado abordar los casos de bebés robados como crímenes de derecho internacional, como desapariciones forzadas, incumpliendo así el artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño y las directrices del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, que reconocen que el derecho a conocer la verdad sobre la suerte y el paradero de los desaparecidos se aplica también a los nacidos durante la desaparición forzada de sus madres, en cuyo caso tanto ellos como sus familias tienen un derecho absoluto a conocer la verdad. Recientemente, algunas comunidades autónomas, como Canarias y Asturias, han dado pasos en el reconocimiento de los derechos de las víctimas, pero sus efectos están limitados por la falta de una ley estatal. Amnistía Internacional ha documentado casos en los que la obtención de documentación para el esclarecimiento de los hechos se ha demorado varios años y las víctimas se ven obligadas a buscar justicia en otros países. Por ello, esta organización de derechos humanos presentó en 2017 una querella en México por el caso de una bebé robada en España en 1968, Ligia Ceballos Franco, una mujer mexicana que hace años descubrió que había nacido en España con una identidad distinta y que había sido entregada a quienes consideraba sus padres biológicos.

El Estado español no puede seguir incumpliendo por más tiempo los tratados internacionales que ha suscrito. Parafraseando a Jon Cortina, hay que devolver a las víctimas la dignidad que se les ha arrebatado. Es una cuestión ética y una violación de derechos humanos.

Concepción Rodríguez Pol, miembro del comité ejecutivo de Amnistía Internacional Asturias