Prohibir la caza, ¿qué significado tiene?
Es muy necesario preguntarse por las consecuencias que esto puede llegar a tener (un enorme coste para el erario público de efectos inmediatos), cuando la realidad camina en sentido contrario de lo que pretenden quienes desde la celebración de un proceso discursivo carente de relación con la verdad pretenden identificar la actividad cinegética con una agresión hacia la naturaleza más que con haber contribuido a protegerla para conservarla.
Busca obtener el Gobierno central la aprobación de un texto legal de amplios conceptos que sirva para determinar un nuevo orden en materia de protección de los derechos de los animales (domésticos y silvestres), entre otras cosas, de cuyo amplio contenido ha informado en comparecencia pública. Quiere el Ejecutivo establecer un novedoso diseño dentro de un marco legal como forma de involucrarse activamente en la consolidación de una estrategia donde se extienda la responsabilidad penal de la persona física y jurídica hacia actos perjudiciales que se produzcan contra todo tipo de fauna. Sírvase a la vez como instrumento eficaz de carácter disuasorio para prevenir la infracción de normas en evitación de eventuales sanciones.
De todo este conglomerado de enunciados, se deduce que la caza no estará exenta de sufrir la posibilidad verosímil de que disponga de menos alternativas de estabilidad y un panorama problemático que les podría provocar una seria crisis. No será solo mera cuestión de reajuste o modificación de sus conceptos fundamentales; el proceso no se detendrá únicamente en ese intento de desmantelamiento. No es aventurado decir (nada tiene de extraño) que habrá una etapa previa de presión y desgaste de método solapado; un episodio que irá creciendo de forma gradual con el deseo de darle el auténtico finiquito. Sin embargo, no les resultará fácil. Se deben tener muchas cosas en cuenta que lo dificultarían. La industria y el medio rural necesitan de la caza como elemento productor de trabajo.
Asimismo, del plan gubernamental interesa también destacar la influencia negativa que tendría sobre el principio de igualdad de oportunidades Y es que la caza volverá a ser lo que era: un ejercicio donde los cazadores de alto poder adquisitivo, una vez cerradas sus posibilidades de cazar en España, gozarían de una ventaja comparativa, puesto que trasladarían sus objetivos hacia otros países. Posibilidades materiales no les faltarán, todo lo contrario que los aficionados de modesta economía, obligados por imperativo legal a quedarse en situación de marginados.
Ello sin duda tiene a la vez el significado de una deslocalización de inversiones y una salida de capitales de nuestro país. Se agudizaría la precariedad en el consumo interior de bienes y servicios en las regiones rurales, y afectaría a las libertades civiles. Así las cosas... qué decir a Extremadura, Andalucía, a provincias como Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, Jaén y aledañas, todas ellas declaradas zonas de especial relevancia cinegética, donde la caza cobra especial protagonismo debido a su capacidad para albergar una gran variedad y densidad de especies venatorias motivo de una gestión y ordenamiento encomiables en sus respectivos hábitats. Todo ello hace indicar la llegada masiva en temporada de caza de aficionados procedentes de distintos países, con gran capacidad de gasto e inversión, aspectos definitivos que suponen una buena forma de asignar y asegurar recursos económicos complementarios a numerosas familias del sector primario. Ahí, en esas zonas, les resultará muy problemático decir que no habrá más caza si antes no media la seguridad de un plan de reconversión eficaz que consolide alternativas de acoplamiento de trabajadores hacia otras industrias.
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