¿Ha vuelto el franquismo o es que no se había ido?

La «transición modélica» en boca de algunos historiadores y periodistas no ha sido tal, sino, simplemente, la transición posible, habida cuenta de que en aquellos años cruciales post mórtem del dictador las espadas estaban en alto empuñadas por el Ejército traidor al Gobierno legítimo de España (el de la II República) y por las fuerzas paramilitares de la extrema derecha, que actuaban con entera libertad –responsables de los cerca de doscientos muertos de la transición– mientras las fuerzas de seguridad del Estado miraban para otro lado. Qué duda cabe de que hubiera sido mejor para emprender el camino por una democracia sin adherencias impuras que se hubiera optado por la ruptura en vez de por la reforma. Y todo lo dicho queda demostrado al tomarse como buena o de «punto final» la ley de Amnistía –que no puede tener validez cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, que no prescriben–, que dejaba sin castigo a los responsables de los crímenes de la dictadura, hasta el extremo de que ni se tuvo el detalle de apartar de la circulación a los jueces que pertenecieron al político y represivo Tribunal de Orden Público –que, para más inri, algunos de estos hoy magistrados con tan impresentable currículum van a juzgar a Garzón en el Tribunal Supremo–, a los policías que ejercieron sus brutalidades en la Brigada Política-Social o a los demás miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, que actuaron como Policía política, represiva del régimen franquista. Y no nos digan que también tendríamos que depurar responsabilidades entre los ejecutores de los asesinatos del bando republicano –tan repudiables como los otros–, cuando es lo cierto que pagaron sus culpas –la mayor parte, con sus propias vidas– y que la vorágine homicida franquista se llevó por delante a miles de inocentes. Y no cabe duda de que esta Inquisición II de Franco, infinitamente más cruel que la Inquisición I de su idolatrada Isabel la Católica, a la que imitó hasta en hacer una guerra para llegar al poder, se pasó dos pueblos en crueldad y sadismo, como es el caso del concejo de Piloña, en el que solamente en la aldea de Cardes, con unos 200 vecinos, asesinaron a 60 personas, y uno de los falangistas más sanguinarios –precisamente también de Cardes– se vanagloriaba de haber «paseado» a 118 rojos. Y como que «quien conoce su casa, conoce la ajena», podemos extrapolar estos datos al nivel nacional y hacernos una idea muy aproximada del genocidio franquista.

Y «aquellos polvos trajeron estos lodos», y hoy, a más de treinta años de la desaparición del dictador, fuerzas políticas herederas directas de tan macabra ideología (el pseudosindicato Manos Limpias, Libertad e Identidad y Falange, que en un país civilizado estarían legalizados) sientan en el banquillo al juez Garzón por denuncias, entre otros, de la Falange, organización política que tiñó en su día de rojo sus camisas azules con la sangre inocente de miles de republicanos, y precisamente porque tuvo la osadía de tratar de juzgar los crímenes del más negro período de la historia de España, a instancia de los familiares de los asesinados. Y como si de un mundo al revés se tratara, he aquí que los defensores del genocidio (más de 100.000 personas asesinadas) acusan al defensor de las víctimas. Sin duda España no ha sabido estar a la altura de las circunstancias, como lo han hecho la Argentina y Chile, juzgando a los militares responsables de los crímenes de sus respectivas dictaduras. Y es cierto que esta situación que vive Garzón no se hubiera dado si la ley de la Memoria Histórica no hubiera nacido mutilada y con escasa efectividad, desde el momento en que no supuso la derogación por decreto de todos los juicios simulados por aquellos pseudotribunales montados por el Ejército faccioso, ilegítimos, inmorales, ilegales e impresentables, amparados en el poder de las armas sobre la legalidad republicana, que pese a que ellos que se habitan rebelado contra el legítimo Gobierno de la II República, tenían el cinismo –por otro lado, actitud habitual de esta cavernícola derecha española– de acusar a los republicanos de «adhesión a la rebelión».

Cuando hago memoria del primer triunfo del PSOE en las elecciones generales, que lo lleva prácticamente a gobernar toda España (Estado, autonomías y ayuntamientos), no se me quita de la cabeza la idea de que se trata del proyecto político más difícil, ambicioso e importante de la historia de España, habida cuenta de que el PSOE acababa de salir de la clandestinidad y de que tenía que afrontar el Gobierno de un país en manos de un Ejército, una judicatura, un funcionariado, una Policía y una Iglesia prácticamente franquistas. Por desgracia para la mayor parte de los españoles, estos estamentos permanecen en su mayoría adscritos a tan impresentable ideología.

Y a propósito de la posible condena al impresentable Otegui a varios años de cárcel por «enaltecer el terrorismo» de ETA –que sin duda ha sido Franco el culpable de su aparición en el País Vasco, como reacción a los crímenes y torturas llevadas a cabo por sus fuerzas represoras–, dado que este movimiento de liberación nacional vasco –Aznar dixit– ha sido responsable de cerca de 1.000 muertos, ¿no se deberían condenar por el mismo delito de «enaltecer el terrorismo» a las personas, instituciones o medios de comunicación que alaben o reivindiquen el franquismo, responsable de más de 100.000 asesinatos, paseados o «juzgados» por pseudotribunales cuyos miembros en un mundo civilizado y justo hubieran estado sentados en el banquillo de los acusados, habida cuenta de que estaban viciados en origen de ilegalidad e ilegitimidad, además de una absoluta falta de garantías procesales?

Hagamos votos para que las tinieblas de los cuarenta años del oscuro túnel no reaparezcan en el horizonte y, por el contrario, den paso de una vez por todas a la tenue luz que ya se divisaba al final del mismo.