El pequeño comercio y el coronavirus
Antes de empezar esta llamada de auxilio, pido disculpas por si en algún momento al lector le resulta algún término de difícil comprensión. Las medidas económicas anunciadas hasta ahora por el Gobierno de España para paliar los efectos devastadores sobre el tejido empresarial no han mencionado al pequeño comercio, que abre la persiana todos los días con la esperanza de hacer una caja suficiente para hacer frente a los gastos de luz, alquiler, sueldos, seguros sociales, impuestos, cuotas de préstamos, pago a proveedores, y que al final le quede algo que se pueda considerar su sueldo. Las medidas genéricas propuestas, que no aplicables al pequeño comercio, al menos hasta el día de hoy, son aplazamiento de impuestos y devolución de créditos concedidos por instituciones del Estado (señores, el autónomo pide el préstamo en el banco de la esquina y avalado con su patrimonio personal). Esta gente vive fuera de la realidad, se nota que no han trabajado nunca en una empresa o no han sufrido ser sus propietarios. El problema del pequeño negocio, que es el que no tiene músculo financiero, como las grandes empresas que sí pueden hacer ERTE y tienen más capacidad financiera, léase liquidez, es “eso”, falta de liquidez si no vende, y no vende porque la histeria colectiva provocada por el Gobierno hace que la gente no salga, o bien que no venda porque tiene que cerrar por una cuarentena. Esas semanas sin ingresos pueden suponerle al pequeño comercio la ruina económica, al no poder hacer frente a los gastos diarios comentados al principio. Lo que se debe hacer es una inyección directa de liquidez en esos negocios por el “lucro cesante”, que textualmente es: “Una forma de daño patrimonial que consiste en la pérdida de una ganancia legítima o de una utilidad económica por parte de la víctima o sus familiares como consecuencia del daño, y que esta no se habría producido si el evento dañino no se hubiera verificado”. Por mi profesión de economista, he asistido a muchos juicios como perito judicial por informes sobre lucro cesante, algo habitual por ejemplo en siniestros y determinación de la cantidad dejada de percibir, que se dilucidan entre una compañía de seguros y el siniestrado. Este caso debería ser igual. Existe un lucro cesante en la actividad de esos pequeños negocios por un “siniestro” o causa de fuerza mayor, que en este caso el responsable es el Estado por la aprobación del estado de alarma, que provoca inmediatamente como mínimo (ya sabemos que antes, por el caos generado por el pánico de la gente), que en un negocio no entre gente y por tanto tampoco entre dinero. El periodo de lucro cesante debería abarcar como mínimo desde la comunicación de ese estado de alarma hasta que el Gobierno manifieste de forma oficial el fin de la cuarentena o la seguridad sanitaria para que la gente vuelva a salir. Y es muy fácil cuantificarlo; tal como se hace en los informes periciales, se toma el periodo en que esté el comercio en esta situación, se calculan los ingresos del mismo periodo de los tres últimos años y se hace una media: la diferencia entre esa media y los ingresos percibidos o no, en el periodo sujeto a la alarma social, sería la cantidad a inyectar, de forma inmediata, sencilla, sin mil papeleos, justificaciones imposibles y trabas tan habituales en la Administración que te hagan desistir. Los aplazamientos trimestrales de impuestos, excepto en las retenciones, que por cierto quitó el lamentable ministro Montoro, ya existían, no nos tomen el pelo. Espero que esto lo lea la FADE, FAC, Cámaras de Comercio, asociaciones de autónomos y lo tomen en consideración. La reparación del lucro cesante, el pequeño comercio lo necesita ya, para respirar, si no todos esos negocios serán víctimas que habrá que añadir al coronavirus, y a la dejadez del Estado a la que ya en demasiadas ocasiones nos ha acostumbrado o abandonado.
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