Pandemia de plomo en Colombia: por cada día de Gobierno Duque, dos asesinatos políticos

Los datos son exhaustivos. La impunidad acarrea nuevas violencias. Hay quien se lucra abundantemente con esta guerra. Sobre todo quienes desde el Gobierno se niegan a devolver tierras malhabidas. 8 millones de hectáreas.

En reunión mantenida por la 16.ª delegación asturiana con varias de las plataformas que más han sistematizado las vulneraciones de los derechos de las personas constatamos y recogemos algunas de sus investigaciones.

La coordinación Colombia-Europa-EE UU, el programa Somos Defensores, la FCSPP, la campaña Defender la Libertad y el equipo de Derechos Humanos de la ONIC.

Nos insisten en pormenorizar los esfuerzos de la ONIC por detener esta guerra y conseguir la paz en los territorios. Valoran el efecto de las misiones, como la asturiana, como una presencia que ayuda a proteger vidas. La UNP, unidad nacional de protección, siempre dice: "No hay recursos". En la guerra han medrado la oligarquía y el actual Gobierno. Por eso la ferocidad de los ataques al proceso de paz. Entre 500 y 760 líderes asesinados desde el acuerdo de paz, y 190 de los firmantes. Hacer trizas la paz es la consigna del actual Gobierno.

Si hace ocho años se sabía la autoría de crímenes en un 80%... hoy en el 80% de ellos no se sabe quién está detrás. Premeditadamente se trata de buscar mayor impunidad (violencia camuflada). En el Gobierno actual los perpetradores de la criminalidad consideran que el paramilitarismo sigue siendo funcional para el robo de tierras y mantenimiento del poder político en los territorios. De manera que se impiden medidas contempladas en los acuerdos para desmantelar paramilitares.

Así el paramilitarismo sigue expandiéndose. Integrantes del directorio que manda en el paramilitarismo y se beneficia del despojo de ocho millones de hectáreas no han sido individualizados. Existe connivencia entre altos mandos militares y altos mandos paramilitares, incluyendo maniobras conjuntas (informe ONU). Un camión con 2.000 uniformes interceptado, cosa impensable sin cobertura militar. El mayor Argote fue detenido con el jefe paramilitar que dormía en el batallón. El jefe de los Caparrapos iba a ser detenido y el ejército lo impidió. Cuatro generales han sido fotografiados con Marquitos Figueroa, narco que lavaba dinero paramilitar. Nueve altos rangos han sido ascendidos a generales pese a su implicación en ejecuciones extrajudiciales. Se ha conocido que el padre del futbolista Quintero fue asesinado por un general. El Gobierno no ha desmantelado, sino aumentado protección paramilitar. La UNP está dirigida por un enemigo acérrimo de la paz. La consejera de DD HH estuvo encarcelada por vínculos paramilitares. Sesenta han sido los asesinatos en 2020 en dos meses, sin que se reivindiquen estos crímenes.

Estas plataformas de organizaciones instan a cumplir íntegramente los acuerdos. Los mecanismos de seguridad, investigación a paramilitares.

Ahora los victimarios están en el poder, y asesinan. El enfoque militar de la protección a defensores ha resultado fallido. Sin participación de las organizaciones.

Las investigaciones, en el mejor de los casos, solo llegan a autores materiales, nunca a estructuras que están detrás de los crímenes. https://somosdefensores.org/

Investigaciones, asesinatos, amenazas, atentados, robo información sensible, desapariciones. 900 agresionesen 2019 con subregistro del 60%. Cifras altísimas. La mayoría imputables a paramilitares: hay patrones, pistas, huellas que marcan contra líderes indígenas, comunitarios.

Incremento de asesinatos. Mil asesinatos en el post-acuerdo. Número de masacres, 36 en 2019. 133 víctimas. Por cada día de Gobierno Duque, dos asesinatos políticos.

Impunidad+estigmatización. Y justificación política de los asesinatos.

"Estética" de violencia paramilitar con determinadas formas de mostrar los cuerpos destrozados. Un panfleto advierte primero, y marca el modo del crimen. De 370 casos investigados hay 42 sentencias. De una sola se conoce la autoría intelectual. El fiscal Barbosa no reconoce la paz como política de Estado, sino de Gobierno.

La campaña "Defender la Libertad" ha reportado la represión en las grandes movilizaciones de final de año. En las intensas movilizaciones de 2019 se dieron detenciones arbitrarias con el nombre de "traslado por protección". 12 horas, cárcel transitoria. 2.200 personas. 160 se hicieron el día del crimen de Dilan Cruz. Son golpeadas, obligadas a desnudarse. Medida usada para reprimir, diciendo que es para proteger. Y una multa añadida.

Uso arbitrario de la fuerza. Lesiones oculares. Crimen de Dilan y otras tres personas en el Valle, 400 heridas. Procuradoría determinó el no uso del arma que afecta a los ojos, pero la Policía siguió usándola.

Violencia contra las mujeres. Pese a las alcaldías progresistas de Medellín y Bogotá. En febrero un campesino muere en el marco de la protesta por arma de fuego del ESMAD. 33 investigaciones de víctimas civiles, pero el proceso, en la justicia militar.

La familia Dilan Cruz ha recibido amenazas directas de un hombre en moto. Veinte casos de tortura en casas de detención. Rotura de brazos, amenaza de quemarlos.

La ONIC tiene un observatorio DD HH: con Santos 22.000 afectaciones en ocho años. Con Duque, 26.716 afectaciones. En confinamiento de 14.000 personas indígenas. 555 amenazas (194 con Santos). 162 homicidios indígenas. 82 atentados. 43 amenazas colectivas.

Se considera que hay un Narco-Estado. Un Estado secuestrado por el narco.

Estrategia del Estado: desmejorar la protección a los pueblos indígenas, pese al aumento de la vulnerabilidad. Asesinato de la gobernadora de Tacueyó: con esquema de seguridad, atacados por tres camionetas que pasaron por tres municipios vestidos con uniformes negros y por delante de la fuerza pública: tras el ametrallamiento quemaron y tiraron por un barranco la camioneta.

Este 10 de marzo, amenaza colectiva a ONIC-CRIC. El 8 de marzo, tres muertes en el Chocó por minas antipersona, dos niños en Daveiva.

Plantean que España se implique más en la verificación del acuerdo de paz. Que dónde están los recursos para la paz de la UE. Que tendría que haber rendición de cuentas: en qué lo gasta la Fiscalía, en qué lo usa la UNP, que se creó para dar garantías de vida a defensoras/es.