¿Lo peor para después?
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, tiene por costumbre en sus declaraciones estruendosas relegar la letra pequeña a un segundo plano. Declaraciones que los medios afines como los que no lo son hacen suyas inundando sus planas; los primeros para subrayarlas positivamente, los segundos para vilipendiarlas, eso sí, olvidando también, por parte de algunos, la letra pequeña, como lo hace la Ministra. En realidad, lo que ha hecho el Gobierno es anunciar una restricción temporal de los despidos –"dificultar" los despidos, como lo llama Unai Sordo– sin que las empresas puedan apelar a motivos económicos, por fuerza de causa mayor y todos aquellos previstos en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo.
Al igual que pasó con los despidos por baja laboral, tampoco en este caso se prohíben los despidos. Con el Decreto-Ley 9-2020 lo único que hace el Gobierno es permitir a un juez que pueda decidir si un despido es improcedente o no, lo que deja de nuevo a los o las trabajadoras cara a cara con su patrón mientras el Gobierno se lava las manos. Con una tasa porcentual de los despidos declarados nulos ínfima –todos conocemos el alcance del progresismo de nuestro sistema judicial– la patronal puede estar tranquila. Su supuesto descontento es tan fingido como la satisfacción de las cúpulas sindicales de los mayoritarios.
Por otra parte, ya puestos, podían haber dado un carácter retroactivo a ese nuevo decreto, pues no, ni eso. El millón de los que ya han sido despedidos, ese millón del que hablaban Sordo y Álvarez, se quedan en la cuneta. En el mejor de los casos, un juez puede declarar improcedentes sus despidos –esto no significa que vayan a ser readmitidos–, lo que supondrá para los despedidos un incremento de la indemnización por año trabajado; millón de despedidos al que habrá que añadir los que vengan después por otros motivos. Las posibilidades jurídicas en manos de la patronal, para poder llevar a cabo dichos motivos, no faltan.
En definitiva, no solo no hubo derogación de la reforma laboral sino también un deterioro de la situación en la que se encuentra la clase trabajadora. Algunos echan o echarán la culpa al COVID-19, pero no es este quien despide sino la patronal. Y las nuevas medidas anunciadas el 29 de marzo por Pedro Sánchez, a propósito del veto de toda actividad no esencial, siguen la misma dinámica. El ya famoso, a pesar de su reciente nacimiento, "permiso retribuido revisable" supone de nuevo que serán los y las trabajadoras quienes asumirán el coste del cese de actividad, puesto que tendrán que recuperar los días no trabajados.
Solo esta medida conlleva un deterioro evidente de las condiciones laborales. Esta se traducirá por la pérdida de días de vacaciones o de descanso; también podría traducirse por un alargamiento de la jornada laboral. Por otra parte, de nuevo el Gobierno se lava las manos y deja frente a frente patrones y plantillas para negociar las modalidades de dicha recuperación. Y es al fruto de estas negociaciones que la ministra Yolanda Díaz llama apoyar y dar más derechos a los y las trabajadoras.
En resumidas cuentas, lo que Yolanda Díaz nos está diciendo es que nuestros derechos y nuestro futuro dependen de nosotros mismos; de la correlación de fuerzas que seamos capaces de desarrollar para imponernos a la patronal. Eso ya lo sabíamos y si algunos pensaron que la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno progresista nos ayudaría en esa tarea y nos evitaría luchas en perspectiva, desgraciadamente no es así. Lo que más preocupa al conjunto del Gobierno, en estos momentos, es cómo proteger el futuro "del tejido productivo" abandonando a su suerte la clase trabajadora.
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