Asesinando líderes sociales en confinamiento

¿Derechos Humanos? ¿Cómo aplicarlos, cómo defenderlos, cómo hacerlos cumplir, por ejemplo, en Colombia?

La Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos es una red de 281 organizaciones sociales y de DD HH, y se ha dirigido al Gobierno colombiano haciendo propuestas muy concretas en relación a los Derechos de las Personas en esta pandemia de virus y violencia.

Indepaz es una instancia imparcial, una institución muy reconocida, más que una ONG, que reporta que desde el inicio del aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio colombiano se han venido incrementando los actos de violencia contra los defensores de los derechos humanos en varias zonas del país.

Dice Indepaz que durante el último mes aumentaron los asesinatos a líderes sociales, los desplazamientos de la población y las amenazas a la sociedad por parte de grupos armados ilegales.

El recuento de crímenes es terrible. La inacción del Gobierno desesperante.

El negacionismo y “regateo” frente a las cifras aportadas por la ONU, muy crueles.

También los programas de protección temporal que hay en nuestro país (Valencia, Euskadi, Cataluña, Asturias) entregan el lunes 27 otra Carta a las autoridades colombianas y españolas, en línea con la preocupación manifestada por instancias como la ONU que indica por parte de sus expertos una orientación a los estados a que las medidas implementadas para paliar los efectos de la pandemia no fueran utilizadas para silenciar a las personas defensoras de derechos humanos, y para que los países aborden la pandemia con un “enfoque cooperativo, global y basado en los derechos humanos”.

Estos programas temporales de protección, como el asturiano que cumple 20 años, le dicen a los gobiernos, las administraciones públicas y los titulares de obligaciones correspondientes:

Que la limitación de las libertades individuales y colectivas de la población no supongan un aumento de la militarización de los territorios, del control social o de la persecución y represión de activistas y líderes sociales. Que se investiguen y lleven a juicio a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos y agresiones cometidas contra personas defensoras de derechos humanos cometidas durante la crisis de la COVID-19. Que se mantenga una interlocución directa con los colectivos, especialmente aquellos que se en encuentran en situación de mayor riesgo, como es el caso de las comunidades rurales (campesinas, indígenas y afrodescendientes), mujeres defensoras y personas LGTBI, pactando conjuntamente con ellas las medidas específicas de protección e incorporando así sus saberes y sus experiencias en la defensa de la vida. Que se tomen medidas para proteger la salud de las presas y presos políticos, quienes, en muchos casos, se están enfrentando a situaciones de hacinamiento y de insalubridad que ponen en mayor riesgo su vida.

Las cifras, nada frías, de los crímenes en confinamiento, parecen avalar estas “preocupaciones”.

1. Omar Guisurama Nacabera, líder indígena Embera e integrante de ORIVAC, asesinado el 25 de marzo en el Valle.

2. Ernesto Guisurama Nacabera, líder indígena Embera e integrante de ORIVAC, asesinado el 25 de marzo en el Valle.

3. Carlota Isabel Salinas fue la coordinadora de Mujeres del Valle del Río Cimitarra y perteneció por más de 10 años a la OFM, asesinada el 25 de marzo en Bolívar.

4. Alejandro Carvajal, participante de la concentración de campesinos en contra de erradicaciones forzadas, el 26 de marzo en Norte de Santander.

5. Luis Soto, exconcejal del municipio de la Apartada, asesinado el 27 de marzo en Córdoba.

6. Marlly Fernanda Quina Campo, lideresa del cabildo indígena Paniquitá, asesinada el 27 de marzo en Cauca.

7. Hamilton Gasca Ortega, afiliado a Asintracampic-Fensuagro, asesinado el 4 de abril en Cauca, junto a dos de sus hijos.

8. Jairo Beltrán Becerra, líder social y comunal destacado por defender principalmente la población LGBTI, asesinado el 15 de abril en Bogotá.

9. Teodomiro Sotelo Anacona, líder del consejo comunitario de la vereda Betania, hacía parte de la mesa alternativa de cultivos del proceso intercultural para la transformación productiva del territorio, asesinado el 17 de abril en Cauca.

10. Andrés Cacimance Burbano, esposo de una lideresa comunitaria de la vereda Honduras, falleció el 18 de abril en Cauca.

11. Mario Chilhueso, líder campesino del Naya y presidente de ASTCAP, asesiando el 19 de abril en Cauca.

12. Ángel Artemio Nastacuas Villarreal, indígena Awá del resguardo Pialapí Pueblo Viejo-Ricaurte, asesinado el 22 de abril en Nariño.

13. Hugo de Jesús Gildarlo López, integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos y Pequeños Productores Agrícolas del Municipio de Buenos Aires Cauca (ASTCAP), del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC )y la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica Cauca, falleció el 22 de abril en Cauca.

14. Jesús Albeiro Riascos, Consejo Comunitario Afrorenacer de Aguas Claras Cauca (CNA), falleció el 22 de abril en Cauca.

15. Sabino Angulo, Consejo Comunitario Afrorenacer de Aguas Claras Cauca (CNA), asesinado el 22 de abril en el Cauca.

16. Floro Samboní Gómez, presidente de la JAC de la vereda Loma Larga, en el municipio de Almaguer, al sur del Cauca, 24 abril.

17. Alejandro Llinás Suárez fue asesinado en Calabazo, Santa Marta, Magdalena, 24 abril.

No se incluye en ese recuento el crimen de Yilber Andres Yatacué Méndez, de 14 años de edad, en el resguardo Tacueyó-Toribío, por confrontación entre actores armados, 15 abril.

Indepaz hace un recuento de 84 líderes/as sociales asesinados este año.

Firmantes de paz asesinados:

Astrid Conde Gutiérrez, en Bogotá, 12 de marzo.

Irnel Flores Forero y Belle Ester Carrillo Leal, en El Rubí, San Vicente del Caguán. 17 de marzo.

21 de marzo, Albeiro Gallego Mesa, La Macarena.

Rigoberto García, en Urrao, Antioquia, 17 abril.

(Antes de la fecha del confinamiento otros 14 excombatientes habían sido asesinados este año, de un total desde la Firma del Acuerdo de Paz que se acerca los 200).

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