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El teatrillo del juicio del 1O

1 de Mayo del 2020 - Manuel Javier López García

Tras meses de duración del venido en llamar juicio del 1O o “procés” catalán, con sesiones ciertamente tediosas, hemos visto que según opinión de muchos juristas y abogados, entre los que me encuentro, que con la exposición de hechos probados en la sentencia la calificación jurídica y el tipo subjetivo inevitablemente debería ser el de rebelión y no sedición, siendo suficiente para ello con los vídeos visionados durante dicho juicio, donde es inequívoca la violencia organizada con mucha antelación y que fue desplegada en Cataluña ese día 1 de octubre. Ocurre que, por presiones del poder político, cuando era obvia la rebelión se calificó como sedición, siendo los bienes jurídicos protegidos de muy distinto calado.

Me pregunto cuánto dinero nos habrá costado a todos los españoles todos esos meses de juicio con lo que ello conlleva, como traslados diarios de la prisión al Tribunal Supremo, y viceversa, furgones policiales, coches policiales, reforzamiento de la seguridad, etcétera. Pero aquí, según interese, esos aspectos monetarios parecen ser que no importan a nadie.

Pero lo más grave y sangrante de todo es que todos o la práctica totalidad de los condenados ya disfrutan de terceros grados, permisos y toda suerte de privilegios en sus prisiones de Cataluña, obviamente porque quienes dirigen esas prisiones han sido precisamente designados por los condenados. Últimamente, está muy de moda ese súbito e inopinado espíritu de realizar “trabajos sociales o en labores hacia desheredados de la Fortuna”; qué casualidad si no fuera simplemente una impostura más para salir todos los días unas cuantas horas al aire libre que se está mucho mejor que en prisión. Pero sucede que estos privilegios penitenciarios son destinados únicamente a este tipo de personajes –desde Rato, Urdangarín o los frustrados independentistas–, pero en absoluto para un reo normal y corriente que muy probablemente permanezca en prisión hasta el último día de condena, mas de eso nuestros jueces no quieren saber nada, haciendo caso omiso al principio constitucional que prohíbe la discriminación por cualquier motivo y aún más eso de que la ley será igual para todos (sic).

Por todo ello y retomando el título de este escrito, insisto en reiterar el dinero público malgastado que nadie reclama, el tiempo perdido y que todo consistió en una obra de teatro cuyo final ya estaba previsto por orden del “stablisment” político.

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