Inclusión social de las personas con capacidad
A lo largo de la historia, la discapacidad ha estado relacionada con la acción de poderes sobrehumanos o de castigos divinos. Durante siglos, la reacción de la sociedad ante este grave problema ha sido el rechazo, el aislamiento, la segregación o la estigmatización. A veces incluso desarrollando lugares de confinamiento para quitarse de encima este problema.
A principios del siglo XX, se comenzó a actuar desde las instituciones para dar una solución, pero las medidas instauradas siempre tenían un enfoque asistencial claramente paternalista. De ese modo, se reforzaba la dependencia del individuo y se fomentaba la discriminación sociolaboral. A pesar de ello, era el inicio de la aceptación de la ciudadanía de una situación muy grave, pues los estragos de la primera y segunda guerras mundiales presentaban a las personas con discapacidad como héroes.
En la segunda mitad del siglo XX nacen asociaciones que fomentan un enfoque diferente del asunto y la problemática de la diversidad se introduce en la agenda política. Finalmente, en 1982 se origina la ley General de Discapacidad, que, entre otras cosas, determina la obligatoriedad de las empresas de más de 50 personas a tener un cupo del 2% en sus plantillas. A pesar de toda la presión social, la realidad todavía distaba mucho de encontrar una solución efectiva, pues la base del sistema se seguía sustentando mediante políticas pasivas, es decir, mediante subsidios.
La entrada en el siglo XXI parece haber presentado una fuerte evolución, aunque se ha seguido perpetuando la sobreprotección como medida principal, ya que las subvenciones o los subsidios siguen estando muy presentes. Una de las grandes luchas que se debe afrontar es el desconocimiento de la población, pues está entre las principales barreras que perjudican la integración de las personas con diversidad en el mundo laboral.
La medida primordial es el acceso a un empleo digno como lucha para la exclusión, pues se trata del factor fundamental del que después pueden surgir los demás problemas sociales. El enfoque tiene que abarcar también la permanencia en el trabajo una vez obtenido. Solo de ese modo, dando una autonomía real al ciudadano, este podrá hacerse responsable de su vida y normalizar un problema que la humanidad lleva sorteando desde siempre.
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