El futuro del trabajo en España
El trabajo del siglo XXI en España continúa siendo una prestación de servicios por cuenta ajena, realizado en un 90 por ciento para la pequeña y mediana empresa. El derecho al trabajo lo reconoce el artículo 35 de la Constitución que, como se sabe, no presupone una acción directa de exigencia de su cumplimiento. En coordinación con el derecho a la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado, regulado a su vez en el artículo 38 de la Constitución, ha de entenderse rectamente en el sentido de que los poderes públicos deben garantizar las condiciones (seguridad jurídica) precisas para el ejercicio de ambos. Y, en sentido opuesto, no supone que el Gobierno deba reconocer a todos los españoles una prestación...
Según el INE, España tiene una población de 47,1 millones de habitantes; de ellos, 7,312 millones son menores de 16 años y 19,4 millones son mayores de 65 años. Si de la primera cifra restamos las dos siguientes, obtenemos una Población Activa de 20,388 millones de personas (cierto que habría que realizar matizaciones puesto que existen mayores de 65 años que trabajan; hay jubilaciones anticipadas y la edad ordinaria de jubilación a la fecha es de 65 años y 10 meses para quien haya cotizado menos de 37 años). Pero tomemos esa cifra, aunque la Seguridad Social recoge un número de afiliados de 18,445 millones.
De esa población activa, restamos los desempleados, que ascienden a la fecha a 3,8 millones; a los trabajadores que están sometidos a un ERTE (que, aunque no sumen, computan, pues no trabajan) y que son 5,19 millones; a los pensionistas titulares de pensiones contributivas (exceptuadas las de jubilación), que ascienden a 6,94 millones, y a los autónomos que perciben la prestación extraordinaria por cese de actividad temporal, que son 919 mil. Todos ellos suman 16,010 millones. Deberíamos restar también a los funcionarios puesto que no generan actividad productiva y sus salarios provienen de los Presupuestos públicos. Según el Boletín de julio de 2019 del Ministerio de Política Territorial, son en España 2,595 millones. El total número a restar asciende a 18,605 millones.
En definitiva, si de los activos, 20,388 millones de personas, restamos los perceptores de ingresos públicos de algún tipo, 18,605 millones, resulta que 1,783 millones de personas están manteniendo a los 47,1 millones de habitantes de este país. Olé la economía productiva. ¡Que paguen los ricos!
Para que nuestra economía no se convierta en una auténtica ruina, el Gobierno ha de procurar que, con test masivos, puedan volver a trabajar los autónomos, los encuadrados en un ERTE, lograr que las empresas puedan contratar a los desempleados y olvidarse de rentas básicas pues de otro modo lo único que conseguiríamos sería malvivir de la cartilla de racionamiento. Eso no quiere decir que haya que olvidar a los desfavorecidos, sino todo lo contrario, partiendo de un planteamiento honesto, realista y valiente, los partidos políticos deben exponer sus ideas, sus proyectos al respecto, a los ciudadanos para que, una vez formada rectamente su opinión, decidan sobre el alcance y la aplicación de los medios del Estado del bienestar.
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