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Los damnificados del "zapaterazo"

20 de Julio del 2010 - Constantino Díaz Fernández (Oviedo)

Es muy probable que el 12 de mayo de 2010 pase a la historia como el «12M», el día en que toda una política nefasta, de trampas, engaños y mentiras, se ha venido abajo ante los atónitos ojos de los pocos incautos que aún tenían alguna fe en el más incompetente, insolvente e irresponsable presidente que ha tenido, y probablemente tendrá, nuestra joven democracia.

El paquete de medidas que, forzado in extremis por la UE, nos ha presentado el jefe del Ejecutivo para salir de una crisis que primero no reconoció y luego no supo gestionar, ha caído como una verdadera catarsis sobre los sufridos ciudadanos. En lugar de empezar a eliminar las superfluas y absolutamente innecesarias estructuras que se mantienen en el Estado y las CCAA, que provocan una sangría de recursos; cortar el despilfarro económico que supone la concesión de generosas e injustificadas subvenciones a todos los grupos y organizaciones afines al gobierno, y a ganarse los favores de otras (sindicatos de trabajadores, la ceja, etcétera) con el único fin de crear una red de incondicionales adeptos; suprimir, o al menos racionalizar, el astronómico número de altos cargos elegidos a dedo y el desmesurado número de asesores (más de 8.000), todos con altas retribuciones directas, amén de prebendas y privilegios, así como a evitar los gastos suntuarios que tan frecuentemente se realizan en todas las Administraciones, dilapidando ingentes cantidades de dinero público con total descaro e indolencia. En lugar de empezar pro todo esto, se ha optado pro lo de siempre: cargar el esfuerzo sobre los más débiles, sobre las víctimas, no sobre los culpables, o sea, poner la penitencia sobre los que no han cometido el pecado.

La urgencia nunca ha sido buena consejera para tomar decisiones y, en este caso, cumpliendo con esa máxima, se ha vuelto a errar, a cometer un auténtico latrocinio. El cargar sobre las prestaciones el 60 por ciento del ahorro que se pretende conseguir, en un recorte social sin precedentes, puede ocasionar, amén de una retirada efectiva de dinero de la circulación, un efecto sicológico añadido que frenara el consumo, y que, junto al recorte de la inversión pública, generará más desempleo. La congelación de las pensiones, en su mayor parte escasas, sabiendo que gran parte de los parados de este país subsiste gracias a las prestaciones sociales de sus mayores, es una acción miserable.

La total carencia de olfato para identificar la crisis que se nos venía encima, negando toda evidencia, sin evaluar su alcance y repercusión; la absoluta incapacidad para prever los problemas y anticiparse a sus consecuencias, instrumentando, a tiempo, las medidas correctoras pertinentes que permitieran minimizar efectos, sin tener que recurrir continuamente a la improvisación; la ausencia de políticas adecuadas que pudieran ir corrigiendo los desajustes que manifiestamente iba presentando nuestra economía, claramente detectados por los agentes implicados y directamente afectados; la escasez de tacto y la abundancia de soberbia que, convirtiéndose en práctica común, han impedido establecer los necesarios acuerdos con la oposición para los asuntos de Estado más relevantes, son, entre otras, las principales causas que nos han llevado a la crítica situación en la que nos encontramos, y razones más que suficientes para deslegitimar, de facto, a cualquier gobierno, quedando moralmente obligado a entregar la soberanía al pueblo, convocando elecciones.

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