A propósito de la crisis del coronavirus

La sabiduría popular asturiana se manifiesta en múltiples refranes, entre ellos, uno muy a propósito para enjuiciar la crisis del coronavirus, de la cual hemos sido víctimas todos los ciudadanos: “Una cosa ye pedricar y otra, dar trigu”.

Como yo he “pedricao”, en tiempos normales, todos los domingos en diversas iglesias y, en adelante, espero poder seguir haciéndolo, estoy expuesto a que me exijan “dar trigu” de honradez y congruencia con lo que anuncio. Y el que lo haga estará en su derecho si utiliza la verdad en sus manifestaciones.

Por lo mismo, también yo tengo derecho a exigir la misma honradez y congruencia a los “pedricaores laicos” (en el sentido original de la palabra) que han estado bombardeándonos con sus “pedricañazas” a propósito de la pandemia desde sus poltronas gubernamentales.

Sin ir más lejos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el 21 de abril, después de reconocer que la gestión de la crisis pudo ser “mejor, incluso mucho mejor”, a la pregunta de un diputado sobre si aún consideraba “que el Gobierno no tiene nada de que arrepentirse”, manifestó sin inmutarse: “Autocrítica, sí; evaluación de nuestra actuación, sí; rendición de cuentas, sí; arrepentimiento, no, porque implica culpabilidad”.

Un buen “pedricaor” sabe que nadie es perfecto, que todos cometemos yerros, fallos, resbalones, pecados (decimos los cristianos) de los que debemos arrepentirnos y hacer propósito de enmienda si aspiramos a que los demás nos perdonen y sigan confiando en nosotros. “El que esté sin pecado que tire la primera piedra”, palabras con las que Jesús de Nazaret desarmó y puso en fuga a un grupo de machistas que pretendían apedrear hasta la muerte a una mujer sorprendida en adulterio.

El responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Dr. Fernando Simón, manifestó el 31 de enero: “Creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local; si la hay, será muy limitada y muy controlada”. Según los datos del 15 de mayo, llevamos ya 229.540 casos de infectados y 27.321 fallecidos por coronavirus. “¡Casi na!”.

El inefable Dr. Simón, epidemiólogo por más señas, pese a que ya había en España más de 100 casos diagnosticados y en la cercana Italia pasaban de 50.000, por lo que se hablaba ya de suspender las Fallas de Valencia, volvió a sorprendernos el 2 de marzo al manifestar: “No debería ser un problema grave celebrar eventos multitudinarios. Suspender actos supondría que el virus circula sin control por nuestro país. Hay medidas que a veces son más efectistas que efectivas”.

El Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades advirtió, el 3 de marzo, del peligro de encuentros multitudinarios, en los cuales se dan las condiciones para un aumento de los casos de coronavirus. En similares prevenciones se manifestó igualmente la Organización Mundial de la Salud.

“¡Vuelta la burra al trigu!”. Al haber cerrado Italia los colegios y universidades debido al coronavirus, al ser preguntado el Dr. Simón el 4 de marzo sobre la posibilidad de aplicar esa medida en España, respondió resueltamente: “Cerrar colegios no reduciría riesgos, sino que los aumentaría”.

El 7 de marzo, cuando ya había 490 enfermos diagnosticados y eran claras las advertencias de esas dos organizaciones internacionales, el responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias declaró, a propósito de la manifestación de las feministas proyectada para el día siguiente: “Si mi hijo me pregunta si puede ir a la manifestación del 8 de marzo, le diré que haga lo que quiera”.

El 8 de marzo, pese a que ya había en Madrid 202 infectados de coronavirus y ocho fallecidos, se celebró en la capital de España la manifestación organizada por las feministas y apoyada por el Gobierno, en la que participaron unas 120.000 personas. A partir de ese día empezaron a propagarse los casos de contaminación del coronavirus en Madrid, comenzando por las que figuraban en la cabeza de la manifestación: Begoña Gómez, la esposa de presidente Pedro Sánchez; Irene Montero, ministra de Igualdad y compañera del vicepresidente segundo Pablo Iglesias, y Carolina Darias, ministra de Política Territorial y Función Pública.

Con el fin de frenar la expansión del coronavirus, el Gobierno de Pedro Sánchez, en Consejo extraordinario de Ministros del 14 de marzo tomó una medida excepcional, prevista en el artículo 116 de la Constitución: decretar, por segunda vez en democracia, el estado de alarma. El Gobierno de España será la autoridad competente en todo el territorio nacional para afrontar la crisis. Todas las fuerzas de seguridad de Estado, en todo el territorio nacional, quedarán a las órdenes directas del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. El Gobierno limitará también el movimiento de la población salvo causa mayor y todos los establecimientos quedarán cerrados, excepto los de primera necesidad y otros como los kioscos de prensa, gasolineras, estancos y ópticas. La asistencia a los lugares de culto y las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionarán a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas. Esta medida afectará a todo el territorio nacional durante los próximos quince días naturales, prorrogables en los términos y con los requisitos previstos en la normativa aplicable.

Ahí comenzó el confinamiento de todos nosotros, que se fue prorrogando de quince en quince días hasta el 27 de abril, día en el que comenzó la fase 0 de la desescalada, con una limitación de horas distintas para las diversas edades, pero sin abandonar el territorio del propio Ayuntamiento. El lunes 13 de mayo, se pasó a la desescalada 1 para todo el territorio nacional, excepto la Comunidad de Madrid; la mayoría de Cataluña; la mayoría de Castilla y León; la mayoría de la Comunidad Valenciana; Toledo, Ciudad Real y Albacete en Castilla-La Mancha, y Málaga y Granada en Andalucía, territorios todos ellos que deberían esperar quince días más para pasar a la fase 1 de la desescalada, que permite moverse por toda la provincia pero no abandonarla. Seguirán luego otras dos fases.

Un estudio publicado por el grupo de investigación Oviedo Efficiency Group de la Universidad de Oviedo en sus “Economic Discusión Papers”, concluye que la declaración del estado de alarma logró disminuir en un 79,5% el número de contagios potenciales en todo el territorio español, pero que el número de contagiados se habría reducido en un 62,3% si el estado de alarma se hubiera decretado una semana antes, es decir, el 7 de marzo, cuando el Gobierno ya había sido advertido por el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades y por la Organización Mundial de la Salud del riesgo de los encuentros multitudinarios para la propagación del coronavirus.

Pero no pararon ahí los “pecados” del Gobierno. El Centro Nacional de Epidemiología confirmó las deficiencias de los test con pruebas ultrarrápidas que, en la segunda quincena de marzo, estaban utilizando los sanitarios españoles –a quienes les parecía que no eran fiables por el alto número de falsos negativos que mostraban–, y que había comprado el Gobierno de Sánchez a un proveedor español de “confianza” que los había importado de China. A este propósito, la Embajada de China en España manifestó: “La empresa en cuestión carece de la licencia oficial de la Administración Nacional de Productos Médicos de China”. Un auténtico “Testmocho”.

El Ministerio de Sanidad ordenó el 17 de abril la retirada urgente de un lote de 350.000 mascarillas FFP2 defectuosas que se habían repartido a varias comunidades autonómicas tras comprobar que incumplían los criterios para proteger al personal sanitario.

Según información de LA NUEVA ESPAÑA del 22 de abril, la Consejería de Salud del Principado inmovilizó un lote de 44.000 mascarillas de la misma marca de las que fueron ya retiradas por el Ministerio de Sanidad según se dice en el párrafo anterior.

Por otra parte, el Servicio de Salud del Principado retiró, el 12 de mayo, un lote de mascarillas FFP3 –teóricamente las de máxima protección–, debido al recelo que generaban en los sanitarios. Y el Gobierno de Baleares investiga la compra de 80.000 mascarillas presuntamente defectuosas a un proveedor chino a través del abogado José-María Lafuente, histórico militante del Partido Socialista balear.

España tiene la tasa de sanitarios contagiados por el coronavirus más alta del mundo. Según los últimos estudios oficiales, el número de profesionales de la salud contagiados por la pandemia suma 229.540.

Hasta el 6 de mayo, es decir, 52 días después de comenzar el estado de alarma, no se publicaron datos oficiales sobre las víctimas entre los profesionales de la sanidad. El Instituto de Salud Carlos III, a través de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, publicó ese día el “Informe sobre la situación del covid-19”, en el que se notifica que 35 profesionales han fallecido a causa del coronavirus, pero, como todo en esta crisis, es un dato incompleto, y en el que se analizan los 30.660 casos de coronavirus notificados a esa red hasta el 4 de mayo. El propio documento advierte que hay casos que no figuran en esa lista.

Según los datos que actualiza el Ministerio de Sanidad, el total de personal sanitario contagiado de coronavirus era de 44.758 profesionales el 6 de mayo. Pero ese estudio no abarca todos los casos, si bien analiza aquellos de los cuales hay datos más detallados.

La recientemente creada Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos ha realizado una encuesta a casi 1.600 médicos de 327 centros sanitarios de toda España sobre las condiciones de los galenos españoles en la práctica clínica durante la crisis del coronavirus, la cual, cerrada el 3 de mayo, arroja los siguientes resultados: El 49% de los médicos considera que aún no dispone del material de protección suficiente o que este no está debidamente homologado para trabajar con seguridad; casi un tercio de los médicos no dispone de mascarillas FFP2, FFP3, sabiendo ya el Ministerio de Sanidad y las diversas consejerías que las mascarillas quirúrgicas no se consideran equipos de protección individual; el 25% de los médicos encuestados ha tenido que reutilizar su mascarilla de un solo uso durante más de una semana. La encuesta concluye que el número mínimo de muertes entre el personal sanitario es de 76, más del doble que el publicado por el Instituto de Salud Carlos III el 6 de mayo.

Las “pedricañazas” por televisión vacías del presidente del Gobierno y decenas de normas incoherentes de sus corifeos –algunas de las cuales eran rectificadas al día siguiente–, no han sido capaces de hacernos olvidar que España, con cuarenta y siete millones (47.000.000) de habitantes y 27.321 fallecidos por la pandemia, ostenta el triste récord de ser el país con más muertos a causa del coronavirus por cada millón de habitantes: 581.

Otro dato terrible se dio en la comunidad autónoma de Cataluña, donde el Sistema de Emergencias Médicas, dependiente del Departamento de Salud, publicó un documento que recomendaba no ingresar en la unidad de cuidados intensivos de los hospitales a las personas mayores de 80 años con coronavirus y “evitar ingresos con escaso beneficio”. Automáticamente me trasladé a la Alemania nazi con las leyes eugenésicas: las leyes de Nürnberg –ciudad donde viví 32 años– contra los judíos en 1935 y el Grupo de Trabajo del Reich para Establecimientos de Curación y Cuidados de 1939, que eliminaba a los discapacitados físicos y psíquicos.

Menos mal que yo, con 87 años, vivo en Asturias, donde al Comisión Asesora de Bioética del Principado de Asturias –según leí en LA NUEVA ESPAÑA del 3 de abril–, se manifestó rotundamente en contra de seleccionar los tratamientos que reciben los enfermos más graves de coronavirus de acuerdo a los años de los mismos subrayando: “Tal como recoge el posicionamiento de la Sociedad Española de la Medicina Geriátrica, no es tolerable una situación de discriminación en la atención sanitaria en función de la edad cronológica”.

Me llamó la atención que el Gobierno no haya hecho ningún homenaje a tanta cantidad de muertos por el coronavirus. Algo parecido ocurrió también en el País Vasco con los muertos de ETA. Homenajearlos significaba que tenían deudas con ellos, es decir, sentimiento de culpabilidad, cosa que, como vimos, rechaza el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.