Suspender los derechos civiles por estar en paro
En un debate virtual titulado “¿El fin de nuestro modelo de sociedad? Un debate tras el covid-19”, organizado por fundaciones ultracatólicas, se ha propuesto eliminar el derecho a voto a “todo aquel que está subvencionado o pagado por el Estado”. Concretamente lo ha propuesto el presidente de la Fundación Villacisneros, Íñigo Gómez Pineda.
Si nos atenemos a la literalidad de la propuesta, podríamos pensar que se está refiriendo a todos los que se benefician de las ayudas públicas como la Iglesia católica, las empresas que acceden a financiación pública, jubilados, funcionarios, desempleados, cargos políticos, Casa Real, militares... Pero no, en realidad la propuesta se dirige a los parados, los que, según ellos, votan a la izquierda.
Así, estos antidemócratas de toda la vida, estos perversos y enfermos de odio, proponen manipular las reglas del juego para que, en las urnas, salga lo que ellos quieren. ¿Por qué no plantean directamente que les molesta la democracia?
Sus propuestas son, como mínimo, inconstitucionales, si no directamente delictivas. Impedir votar a alguien es delito y está recogido en la LOREG (artículo 146). ¿Se están planteando regresar al sufragio censitario y volver a las condiciones del siglo XIX? A estos la dictadura les pareció floja.
Las fundaciones ultracatólicas deberían ser tratadas como una secta peligrosa.
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