La Consejería de Cultura, condenada sin paliativos

La sentencia judicial sobre el despido de «Pepe, El Ferreiro» ha supuesto

otro duro y ejemplar correctivo a las arbitrarias decisiones de los rectores

políticos del Gobierno del Principado. Dejando a un lado las conexiones de este caso, que las hay, con la política laboral del Principado, cuyo fracaso queda patente sentencia tras sentencia (por cierto, de tramitación e instrucción económicamente muy costosas para las arcas y medios públicos), su desenlace jurídico tiene un importante y diverso trasfondo.

Para empezar, el dictamen judicial deja claro que las razones esgrimidas para el

despido no existían o no constituían causa suficiente para el cese. Queda así de

manifiesto que los mandatarios del Principado inventaron o forzaron la búsqueda de los hechos en que fundamentar el despido y que, por tanto, la consejera de Cultura, Mercedes Álvarez, mintió en su comparecencia ante la Junta General del Principado de Asturias cuando expuso las razones que justificaron la decisión. Y es que la sentencia recoge, además, que la cuantiosa documentación aportada por la Consejería de Cultura demuestra que el Ferreiro realizaba un variadísimo y complejo conjunto de tareas, cuyo fruto es el magnífico museo que lega a Asturias, bien conocidas por la Consejería. Luego, también aquí se evidencia la falsedad de los argumentos esgrimidos por la consejera de Cultura con los que se pretendía denostar y desacreditar la gestión del Ferreiro y por los que éste interpuso una querella criminal que puede deparar nefastas consecuencias para la Consejera.

Pero lo sustancial es la propia sentencia que ha declarado improcedente el despido promovido por la Consejería de Cultura. Por consiguiente, se trata de una medida que cabe calificar de injusta e ilegal y que ahora obliga al Principado a la

readmisión del trabajador o a su compensación con una indemnización económica.

Con ser un pronunciamiento contundente en beneficio del trabajador que penaliza al Gobierno del Principado de Asturias (donde deben dejar de intentar trasladar la responsabilidad al Consorcio de gestión del Museo, un mero instrumento títere), lo más preocupante es la valoración que ha realizado el director general de Cultura y Turismo, José Luis Vega, por la que se pretende hacer creer a la sociedad asturiana que el pronunciamiento jurídico les da la razón. Sólo una persona carente de la más mínima ética puede hacer una declaración semejante, mientras al mismo tiempo, en vez de contribuir como le obliga la ley a esclarecer lo sucedido, arropa patéticamente al nuevo director, Francisco Cuesta Toribio, a su vez presuntamente implicado en uno de los mayores atentados al patrimonio arqueológico de Asturias. Y

sólo una persona manipuladora de los hechos puede atreverse a decir que lo que no prueba la sentencia (la posible causa de nulidad del despido) puede probar lo

contrario, es decir, que el despido fue procedente. Repito, el fallo judicial es

contundente: el Ferreiro debe ser repuesto en su función laboral o en caso

contrario debe compensársele con 25.000 euros.

Tal como defiende el Partido Popular, la readmisión del Ferreiro debe ser

inmediata, pero nos tememos que el Principado optará por pagar los 25.000 euros con que fue sancionado. Un dinero con el que podría sostenerse un puesto de trabajo durante un año o contribuir al subsidio de varios desempleados en la crítica situación que atraviesan Asturias y España. Un ejemplo más de la ética y

austeridad que jalonan la carrera política de este buen señor director general de

Cultura, del que debemos recordar se encuentra imputado en otro sórdido proceso judicial por su fugaz pero nefasta gestión como alcalde del Ayuntamiento de Corvera. No obstante, esos 25.000 euros son sólo una parte de los recursos

derrochados, económicos (pago de abogados y procuradores, guardas de seguridad, salario del sustituto en la dirección del Museo) y humanos (uso del trabajo de funcionarios, dietas, desplazamientos, etcétera) que el despido del Ferreiro está acarreando a las arcas del Principado de Asturias. Poco les importa a éste, a la Consejera y al resto del Gobierno estos despilfarros pues, como buenos socialistas, saben que el dinero y los recursos salen del bolsillo del contribuyente y no del suyo, que disparan con pólvora ajena.

En el colmo de la más absurda ficción, el director general se jacta ante la

opinión pública de que la sentencia es favorable a la Consejería. ¿De verdad

piensa que alguien puede llegar a creerle? ¿Qué la gente es tonta? Lejos de la

discreción aconsejable en una situación como ésta, el señor Vega alardea de un

triunfo inexistente y se atreve a presentar el despido de un trabajador y el daño

ocasionado a una persona de inestimable valor para Asturias como si tan mezquino cometido formase parte de las funciones de la institución pública a la que representa. Más parece que estos gobernantes se encuentran en guerra institucional contra todo aquel que sea incómodo o no se pliegue a sus caprichos. Conceptos y formas de actuar propios de otras épocas y que conviene desterrar de la vida política.

Resulta, en fin, aterrador que la Administración del Principado, que no debemos

olvidar nunca es una institución pública cuya finalidad ha de ser el buen servicio

al ciudadano, haya ejercido semejante trato con una persona emblemática de esta

tierra que además dio todo de su trabajo para crear uno de los centros culturales

de mayor calidad de Asturias y que, en su género, está a la altura de los mejores

del mundo.

El cese del director del Museo Etnográfico fue un terrible error del Gobierno del

Principado que ha encontrado infame réplica en el comportamiento intolerable del

alcalde de Grandas de Salime, quien, cegado por razones espureas, se ha lanzado a la purga de personas ejemplares y a la destrucción de equipamientos culturales clave para las comarcas del occidente de Asturias. Sus nefastas consecuencias las están sufriendo la cultura asturiana y su ciudadanía. Pero que no se equivoquen en el propio Gobierno, pues el descrédito institucional que este comportamiento implica habrá de llevarles a ellos mismos a la perdición. Por fortuna, la Justicia y los cauces políticos pondrán coto a esta borrachera de poder en la que está inmersa la Consejería de Cultura.

Alfonso Román López, diputado del Partido Popular en la Junta General del Principado