Pérdida de confianza

En 1991, se ponía en marcha el tercer Gobierno socialista de Felipe González. El nuevo gabinete ministerial contaba con la presencia de Julián García Valverde como ministro de Sanidad y Consumo. Acudí a su presentación al Ministerio en Madrid. Había mucha gente, especialmente funcionarios del Ministerio, quienes al final comentaban el discurso del nuevo ministro. Me quedé con un comentario, por lo jocoso, relevante, oportuno y veraz, hecho por un ujier del Ministerio: “Otro interino”. No le faltaba razón, ya que solo él y el resto de compañeros funcionarios del Ministerio eran fijos, y más aun cuando ocho meses después el Ministro fue cesado. Desde entonces, colgué en los tres despachos de las tres provincias en las que ejercí como director provincial un pequeño cartelito que decía: “Estoy de paso, soy interino”.

Resulta complicado, en tiempos de turbulencias y del ejercicio de la política bajo el signo del cinismo, la mentira y el insulto, explicar lo obvio o aclarar cuáles son las competencias del presidente de Gobierno y ministros en el nombramiento y cese de los altos cargos de los departamentos ministeriales. Ni el Presidente ni los ministros tienen que dar cuenta de las razones que los ha llevado al nombramiento o cese de tal o cual persona en los diferentes niveles de responsabilidad en la Administración del Estado. Los nombramientos, por supuesto, se hacen bajo el prisma de la confianza, tanto personal como profesional para la puesta en marcha de un proyecto que previamente ha sido legitimado por las urnas. Tanto el presidente del Gobierno como sus ministros se la juegan en el acierto o no de sus nombramientos, porque las consecuencias de los actos derivados de los altos cargos tienen que ser asumidos (para bien o para mal) políticamente por quien los nombró. No hace falta recordar episodios tristes vividos en este país, como lo fue, por ejemplo, el del corrupto y miserable director de la Guardia Civil Luis Roldán, que provocó la dimisión del ministro del interior Antonio Asunción.

A lo largo de los 43 años de democracia, con gobiernos del PP, PSOE a nivel estatal y gobiernos de signo nacionalista en las comunidades autónomas, se han producido miles de nombramientos y ceses de altos cargos, pero no recuerdo una repercusión tan mediática, ni tanto ensañamiento político ni la judicialización (¡!) de un cese, como lo que está ocurriendo en estos días con el cese del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, por pérdida de confianza, es decir, por la misma razón que llevó al Ministro (a propuesta de la directora general de la Guardia Civil) a su nombramiento, la confianza, esta había decaído, como habían decaído las de los miles de altos cargos que a lo largo de 43 años han ocurrido, sin ruido, sin estridencias, sin soflamas patrióticas.

El problema es que ahora tenemos a Vox, que entiende la política y los nombramientos como un estado militarizado, como en la época de Franco, y un PP que fue gobierno (y como tal nombró y cesó cientos de altos cargos) y aspira a volver a dirigir el país, pero que esta vez va de la mano de Vox. El problema también es que una parte importante de los medios de comunicación han convertido la “información” política en un circo, en un “reality show”, cuando no acuden directamente a la difusión de bulos o a crearlos deliberadamente.

Si grave es la atmósfera política creada en torno a este cese, más grave e incomprensible, si cabe, es la judicialización de la política e incluso la ideologización de la justicia. La jueza Carmen Rodríguez Medel ha decidido investigar si el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos se ha producido por la elaboración de un informe sobre el 8M (que, para mayor esperpento, al parecer, está plagado de inexactitudes, tergiversaciones, falsedades y “corta y pega” de la prensa amarilla como Ok.diario). Si la jueza sigue adelante, nos encontraríamos ante una clara injerencia del poder judicial en el ejecutivo, en cuanto a una de sus competencias exclusivas, como lo es el de los nombramientos y ceses de cargos de confianza. Una vuelta de tuerca más en este lodazal que no respeta ni a las víctimas mortales de la pandemia ni las consecuencias de la crisis económica que se nos viene encima.

De esperpento en esperpento, se ha presentado querella criminal por parte de Vox contra Fernando Simón como responsable de las 28.000 víctimas del covid-19 por haber autorizado la marcha del 8M (la ignorancia política de Vox no toma en cuenta que Simón no es ningún responsable político, es un técnico). En Francia, el presidente Emmanuel Macron celebró la primera vuelta de las elecciones municipales en plena pandemia (un error del que lógicamente se ha arrepentido), pero a nadie se le ha ocurrido presentar una querella criminal contra él por los más de 28.000 muertos que sufre Francia, ni siquiera el partido de extrema derecha, homólogo de Vox, el Frente Nacional... Pero esto es España.

El ministro Grande-Marlaska se equivoca al intentar dar cuenta a la prensa y al Parlamento sobre las razones del cese, solo alimenta la voracidad insaciable de los que practican el “cuanto peor, mejor”. Se puede pedir la dimisión de Marlaska por cualquier aspecto negativo derivado de su acción política, pero en ningún caso por su derecho a nombrar/cesar al personal de su confianza.

Mientras en el resto de Europa, gobiernos y oposiciones arriman el hombro para rescatar a sus respectivos países del desastre económico que va a dejar la pandemia, en el Congreso de los Diputados español la representante de Vox brama: “Queremos ver a Grande-Marlaska engrilletado por la Guardia Civil, váyase señor ministro y devuélvanos a nuestro coronel”... ¡Qué miedo!