La paguita
Finalmente, el Consejo de Ministros ha aprobado una de las medidas sociales de mayor impacto político y económico que la coalición PSOE-Podemos llevaba en sus respectivos programas electorales y que los ciudadanos con su voto lo avalaron en las pasadas elecciones generales, el ingreso mínimo vital (IMV). Si antes de la pandemia ello era una urgencia social, después de la pandemia ni la derecha saca su artillería.
La ausencia de una medida social de este calado era una anomalía entre los países de la UE. España era el único país de Europa que no había reconocido este derecho subjetivo con los más desfavorecidos. De hecho, tanto la OCDE como el FMI y la UE habían pedido a España una red contra la pobreza para dejar de pertenecer al impresentable club de los que ostentan las tasas más altas de población en riesgo de pobreza (solo nos supera Rumanía).
Conviene recordar, no obstante, que las CC AA son depositarias en exclusiva de las competencias en Servicios Sociales y, en virtud de ello, han ido desarrollando sus propios programas (ante la ausencia de una legislación de carácter estatal), con diferentes nombres, pero su implementación ha sido muy desigual tanto en cuantías como en porcentaje de familias afectadas. Así, en Euskadi y Navarra el 71% de estas familias tiene acceso a la renta mínima de ingresos, mientras en Castilla-La Mancha y Andalucía no llegan ni al 3%. En el conjunto del territorio nacional solo un 15% de los hogares en situación de pobreza severa reciben una renta mínima de su comunidad autónoma. Con la nueva ley, se calcula llegar a unas 850.000 familias, 2,3 millones de personas, y sacar de la pobreza severa a 400.000 niños y niñas.
La prestación tendrá carácter permanente. Es decir, se incorpora al Estado del bienestar un nuevo derecho subjetivo a través de las prestaciones de la Seguridad Social. En esta ocasión, toda apunta a que las comunidades autónomas (especialmente Euskadi y Cataluña) no pondrán “palos en la rueda”, como lo hicieron con la Ley de Dependencia, por invasión competencial. Tema que, a mí personalmente, me genera muchas dudas en tanto en cuanto los Servicios Sociales son, constitucionalmente, competencia exclusiva de las CC AA y, en virtud de sus competencias, vienen desarrollando programas de lucha contra la pobreza, aunque muy desiguales y de cuantías escasas, como ya hemos señalado.
Por ello, el nuevo derecho subjetivo se “cuelga” de la percha de la Seguridad Social (competencia exclusiva del Estado... de momento) y no de los Servicios Sociales (que, por definición, desarrollo y gestión es su “percha”). Tienen razón las CC AA que reclaman (antes de que haya nacido) su transferencia. Inevitablemente esta llegará, pero el Gobierno mientras tanto quiere sacar pecho y reivindicar su autoría. Solo hay que rezar para que a la nueva ley no le pase lo que a la Ley de Dependencia, recortes salvajes cuando gobierna la derecha, que dejan en papel mojado los nuevos derechos. De momento ya la han bautizado como “la paguita” (Vox) con ese aire de desdén y superioridad de clase que se emite desde un descapotable con chófer, o desde el campo de golf, hacia la plebe miserable.
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