Discriminación de funcionarios de Justicia y de otros empleados públicos
Es una discriminación que en la Administración de Justicia no se realicen pruebas PCR a todos los funcionarios, solo a los altos funcionarios, cuando los que tienen relación directa de atención al público son el resto de los funcionarios, a los que no se les realiza pruebas PCR.
Ya va siendo hora de modernizar esta Administración fundamental en un Estado de derecho. La Administración de Justicia es en la que menos se ha invertido en materia de nuevas tecnologías, plantillas escasas, lentitud en los procesos, salarios más bajos que en el resto de la Administración, ni tan siquiera tienen carrera profesional; parece un sistema de castas, impropio de un régimen democrático. Existe una clara discriminación entre funcionarios y un déficit democrático para los ciudadanos debido a su mal funcionamiento.
Los ciudadanos debemos exigir un cambio en la Administración de Justicia que nos permita que nuestras causas no se eternicen en los Juzgados y que los funcionarios que nos atiendan no estén discriminados.
En otro ámbito, en este caso el sanitario, la Administración ha contratado, en medio de la crisis por la covid-19, un seguro solo para el personal sanitario. Este seguro solo cubre a médicos, enfermeras y auxiliares de clínica; el resto del personal –celadores, limpiadoras, administrativos, mantenimiento, lavandería, cocina, etc.– no están cubiertos por este seguro. Es otro caso de discriminación en la Administración pública. También en este ámbito se establecen diferencias, en cuanto a carrera profesional, encuadramiento profesional, etc.
No podemos permitirnos una Administración pública de castas.
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