La inmunidad, el agotamiento y la prescripción
Escuchamos y leemos estupefactos cómo determinados tipos de delitos muy graves que atentan contra el interés general, no pueden ser juzgados por imperativo legal, y cuando lo son se benefician de una serie de prerrogativas incomprensibles para el común de los mortales.
En algunas causas muy llamativas se dan todas las circunstancias anteriormente citadas y que dan título a esta carta. La inmunidad de la que gozan los parlamentarios, el aforamiento mediante el cual algunos tienen que ser juzgados por un Tribunal Superior, y la prescripción gracias a la cual ven sustancialmente reducidas sus responsabilidades penales.
Estas figuras jurídicas, perfectamente legales, parecen hechas para que quien la hace, tratándose de altos cargos de la nación, no lo pague, o lo haga de forma sensiblemente inferior que cualquier otro ciudadano de a pie.
Entendemos que, de la misma forma que el modelo de impunidad ya parece, afortunadamente, superado, los demás conceptos deberían revisarse porque suponen un agravio social comparativo difícilmente justificable.
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