Vuelo humanitario

Ayer de madrugada, o mejor dicho hoy a las 0,35 lograban llegar a Asturias cuatro personas relacionadas con el refugio colombiano.

Las peripecias y dificultades múltiples para lograrlo estarán entre las vivencias a compartir en tiempos presentes y futuros. Han sido muchas. Pero se logró. Hay una cierta satisfacción de impedimentos superados para poder hacer cumplir normas elementales de protección y derechos: otras dos personas asignadas al programa asturiano de DD HH de este año, que tendrían que haber llegado en abril, todavía no han logrado superar los trámites (todos los trámites de otras épocas en que no había pandemia, más los añadidos ahora) y no están aún con nosotras.

Una potente delegación de "mayores" (en el término respetuoso y de honor que los pueblos indígenas y negros colombianos le dan al término mayores) hacía el recibimiento en la estación de aurobuses de Xixón y los acompañaba hasta la vivienda municipal de La Calzada en la que otras personas del equipo Pachakuti habían realizado los preparativos para la acogida inicial.

Con ellas son 122 las personas acogidas al PAV, un programa que está cumpliendo 20 años, y que ya tuvo el 11 de marzo por ese motivo una actividad específica en la Embajada española en Bogotá (http://www.pachakuti.org/spip.php?article1219) y que ha tenido un trabajo de investigación con enfoque psicosocial, con esa excusa de los 20 años, que ya ha sido publicada en virtual y está a la espera de poder hacerse en presencial. http://www.pachakuti.org/spip.php?article1235.

Llegan a Asturias Sigifredo, Carlos y Marcelino cuando en su país el último líder social asesinado ayer, Carmen Ángel Angarita, en Convención, Norte de Santander, hacía el número 140 de los de este año en el recuento del horror de Indepaz. http://www.indepaz.org.co/paz-al-liderazgo-social/

Llegan a nuestra tierra huyendo de las amenazas, la persecución y los atentados, cuando a otro líder social asesinado hace nueve días en Tarazá, Edier Lopera, los paramilitares que operaron el crimen impiden a su familia, a la comunidad y a las autoridades el levantamiento del cadáver, por ocho días, para que el terror tenga un efecto mayor... mientras que la zona tan militarizada "no sirve" para aplicar los elementales protocolos humanitarios. https://www.prensarural.org/spip/spip.php?article25573

Y militares son, sin embargo, los acusados del secuestro y violación de una niña indígena embera este lunes..

Al respecto hay pronunciamientos de las autoridades indígenas: vuelve a darse una contradicción entre la aplicación de la justicia indígena (reconocida y legal) y la justicia ordinaria, y la llamada justicia militar.

La autoridad indígena, la ONIC, está exigiendo que puesto que la víctima es una niña indígena, debe aplicarse la norma indígena: investigación, juicio, pena en su caso. Y una vez cumplida esa parte los militares serían entregados a la justicia ordinaria para que complementen.

La polémica está dura porque precedentes hay y muchos. Sin ir más lejos cuando una movilización indígena interceptó en su interior a un militar infiltrado, con material militar con el que pretendía fraguar un falso positivo, y le aplicaron justicia indígena, y los militares contrarrestaron deteniendo y encarcelando a unos de los líderes, Feliciano Valencia, con escándalo internacional que obligó a pasar, tras la cárcel, a justicia indígena y espacio de armonización a quien hoy es senador de la república.

Lejandrina Pastor, que es consejera de mujer, familia y generación de la ONIC, y Aida Quilcué, que estuvo en Asturias y que es la consejera derechos humanos de la ONIC, han manifestado el rechazo y repudio ante el grave hecho de secuestro y violación en el Resguardo Gito Dokabú - Embera Katío, en el corregimiento de Santa Cecilia, Pueblo Rico (Risaralda).

"Quiero repudiar este hecho atroz que va en contravía de los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas de Colombia. Sabemos que no es un tema aislado, es estructural, una doctrina de la fuerza pública que debe ser desmantelada por la paz y esa forma de mirarnos de manera racista y xenófoba empiece a eliminarse del país en el marco de una ideología que nos permita convivir".

En el texto que fue presentado por las consejeras, la ONIC afirma que el hecho constituye una grave vulneración de los derechos de la mujer y de afectación colectiva de su familia, del pueblo Embera Katío y de los pueblos indígenas del país, y se suma a un largo prontuario de actos atroces por parte de las Fuerzas Militares quienes, por acción u omisión, se constituyen en un factor de riesgo, en vez de garantía de seguridad para los pueblos y las naciones indígenas.

"Llamamos la atención sobre la manera como se ataca a la mujer indígena. Ella es el hilo tejedor que enlaza y transmite la lengua y las costumbres ancestrales, permitiendo así, conservar a través del tiempo, la cultura y la espiritualidad que hace que los pueblos no olviden las raíces que nos unen con la madre tierra".

Añade la ONIC que en medio de la pandemia se han registrado altas cifras de agresión sexual y física contra las mujeres. "En 2020 van 99 mujeres asesinadas, 14 de ellas durante la cuarentena, y la cifra de maltrato infantil también va en aumento. En los pueblos indígenas se han denunciado varios hechos de agresión a niños y niñas indígenas, todos esto indica que este es un problema estructural que carcome los cimientos de toda la sociedad colombiana".

Llegan a Xixón Carlos, Marcelino y Sigifredo cuando hace pocos días varios centenares de militares de EE UU han ingresado a Colombia, por decisión unilateral del presidente, sin permiso del Congreso: cuando están muy vivas en la memoria colectiva las violaciones de niñas por parte de tropas extranjeras de USA, que se han conocido más debido a la actuación de impunidad que llevó a los militares a comerciar con los videos grabados.

Llegan al refugio temporal asturiano estas tres personas y se está a la espera de que otro vuelo humanitario propicie la venida de otras dos personas, cuando la vicepresidenta de su país interpreta como "tragedia familiar" la detención y condena de su hermano Bernardo en EE UU, demostrada su autoría de largo tiempo de tráfico de heroína, usando por supuesto como "mulas" a otras personas para su beneficio personal o familiar, sin que el Ejecutivo acepte el pedido de dimisión de la citada segunda autoridad del país.

Llegan también cuando recién el martes la oficina de DD HH, con sede en Bruselas, que integra una red de organizaciones europeas entre las que se encuentra Pachakuti, está celebrando 25 años en la búsqueda de paz y respeto a los DD HH en Colombia: OIDHACO 25 años: http://www.pachakuti.org/spip.php?article1281

Están llegando a la acogida y protección temporal estas personas cuando allá en su tierra y en todo el mundo merced al internet se está visionando una serie, una ficción televisiva, que se queda corta en imaginación con respecto a la realidad que es más cruda y cruel, pero que intenta aproximarse a las razones y negocios que sustentan la violencia, "Matarife": http://www.pachakuti.org/spip.php?article1271

Llegan estos activistas sociales y una autoridad indígena cuando el hijo de un victimario ha sido designado responsable de víctimas. Una de las victimas del criminal masivo fue Luciano Romero, nombre que da identidad al colectivo, que desde hoy conforman Sigifredo, Marcelino, Carlos, Orozco (y a la espera de llegada de Claribel y Óscar): http://www.pachakuti.org/spip.php?article1276

Bienvenidos. Bienhalladas.