Basta de mordazas
Cinco años después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC), conocida como Ley Mordaza, sigue siendo una amenaza real en España contra la libertad de expresión y los derechos de reunión pacífica y de información. Durante este tiempo, la LOSC se ha aplicado, por ejemplo, contra cientos de periodistas que intentaban documentar abusos, miles de activistas que defendían el derecho a la vivienda o al medioambiente y decenas de miles de personas que han sido multadas por manifestarse o realizar actos de protesta pacíficos.
La entrada en vigor de la LOSC también supuso la ampliación de la potestad sancionadora de la Administración, aumentado el margen de discrecionalidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado en sus intervenciones relativas a la seguridad ciudadana, sin introducir mecanismos de control adecuados que impidan los abusos. De igual modo, su aplicación por parte de las Fuerzas de Seguridad ha impactado de forma negativa en el ejercicio del derecho a la libertad de información, y ha llegado a traducirse en autocensura para quienes buscan documentar determinadas actuaciones policiales.
Amnistía Internacional, consciente de las dificultades y retos que enfrentaron las Fuerzas de Seguridad en el contexto sin precedentes del estado de alarma, también teme que algunos agentes hayan desarrollado su función, bajo la aplicación de la LOSC, con un enfoque principalmente coercitivo, sin tener en cuenta otras alternativas a la mera imposición de sanciones. Así lo ha verificado la organización tras analizar algunos de los casos más flagrantes.
Cuando entró en vigor, el 1 de julio de 2015, muchas personas pensaron que esta ley nacía muerta porque los partidos que ejercían la oposición en aquel momento mostraban su rechazo, pero han pasado cinco años, se ha producido una parálisis institucional, un cambio de Gobierno, una crisis sanitaria, y el caso es que sigue vigente hoy.
Por todo lo anterior, Amnistía Internacional pide al Congreso de los Diputados, que se comprometió a reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, que lo haga de una vez, incluyendo:
- Eliminar aquellos artículos que limitan la libertad de reunión, expresión e información.
- Incorporar mecanismos independientes de investigación para evitar el uso excesivo de la fuerza o actuaciones arbitrarias de la Policía.
- Derogar la disposición adicional que busca dar cobertura legal a las expulsiones sumarias de España a Marruecos.
Esperamos que este de julio de 2020 sea su último cumpleaños.
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