Truébano ante la hora de la verdad
El 2 de marzo de 2020, tras un exiguo periodo de alegaciones, la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, a presentación del Ayuntamiento de Oviedo, estableció el contenido y alcance para la evaluación ambiental de la revisión del plan parcial del PGOU de Oviedo en el área de "El Cristo-Buenavista".
La plataforma "Truébano exige justicia", presento un total de 60 alegaciones particulares, familiares y causahabientes de aquellos antepasados expropiados, con el propósito de conocer si se han tenido en cuenta los derechos de reversión de los propietarios de los terrenos expropiados en 1943, para la construcción del viejo HUCA.
Sin embargo, la Consejería, con su resolución, se sacudió el problema, alegando que las cuestiones planteadas no son de tipo medio-ambiental y devolvió el problema al Ayuntamiento.
La cuestión es bien simple. Aquellos terrenos "arrebatados" a un grupo de vecinos de Truébano, en el periodo más severo de la dictadura y, por lo tanto, sin ninguna garantía de justiprecio, los quiere convertir el Ayuntamiento en moneda de cambio de un plan especulativo-inmobiliario, que consiste en construir 800 viviendas para financiar la reubicación de la Policía Nacional, agrupar dependencias universitarias en torno al campus del Cristo y la rehabilitación de la Plaza de Toros.
El problema es que aquella expropiación, tras una cruel guerra que castigó la ciudad y bajo un régimen absolutista, tuvo un fin sanitario. Es fácil imaginar que, en ese contexto, reclamar no era una opción y nuestros antepasados fueron desposeídos de sus bienes inmobiliarios más arraigados.
Pero, la ley de Expropiación Forzosa establece que el cambio de uso de los terrenos permite a aquellos propietarios o causahabientes recuperar su propiedad si se produce un cambio de uso.
Es precisamente lo que se va a hacer ahora: cambiar el uso sanitario (establecido expresamente en el decreto de expropiación de 1943) por otros usos, entre ellos el residencial, lo cual es una estrategia que no supera el más mínimo filtro democrático, ni la ley de Expropiación Forzosa, ni el espíritu de la Memoria Histórica.
No reconocer el derecho de reversión de aquellos propietarios de la aldea de Truébano, más que una estrategia, representaría una infamia, un atraco diferido en el tiempo, una actuación administrativa aún mucho más antidemocrática que el propio acto de expropiación. Al menos en él se justificaba una necesidad socio-sanitaria.
Por otra parte, el Colegio de Arquitectos de Asturias rechazó, en su informe, el uso residencial para los 80.000 metros cuadrados asignados a las 800 viviendas, en base a dos argumentos contundentes: 1. La necesidad de viviendas y locales no se justifica ante las previsiones que se
hacen para la totalidad del concejo, y 2. El hecho de que todo el suelo sea de titularidad pública permite descartar cualquier operación especulativa, sobre todo si ello conllevase la conversión en propiedad privada de parte de ese suelo.
El Ayuntamiento de Oviedo va a sacar nuevamente la revisión del plan a información pública. Lo hará, con toda seguridad, este verano, aprovechando las vacaciones de los ciudadanos. Aun así, no tiene excusa para no considerar los derechos de reversión de sus legítimos propietarios. Confiemos en ello. El Ayuntamiento tiene ahora la "pelota en su tejado".
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