¿Qué pasa con la ley antibotellón?
Estos días en que la pandemia del covid amenaza con volver a confinarnos a todos en casa. Estos días en que los jóvenes desafían el virus y se reúnen en ciudades, villas, pueblos y playas, para celebrar sus tradicionales macrobotellones. Estos días en los que el Gobierno asturiano ha prohibido la celebración de estas multitudinarias fiestas juveniles, sin ningún tipo de control ni de medidas de protección, uno se pregunta en voz alta: ¿Que ha pasado con la ley antibotellón?
Pues, según parece, las bases de la norma estatal para acabar con el botellón, que se iniciaron en 2003, suman cinco intentos de otras tantas ejecutivas. El penúltimo de ellos, frenado por la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa, ha quedado aparcado en algún cajón del despacho de la exministra de Sanidad, la asturiana María Luisa Carcedo.
Según informaciones publicadas en su día, “las bases de la norma estatal para terminar con el botellón fueron aprobadas, tras el desfile de un centenar de expertos, por la Comisión Congreso-Senado”.
Lo que parece claro es que la ley antibotellón no da, pero puede quitar muchos votos, un riesgo que ningún partido quiere asumir. Por exigencias y posibles sanciones económicas, la ley provoca el rechazo de padres, establecimientos de hostelería y empresas de bebidas alcohólicas.
El problema del alcohol en menores muestra datos muy preocupantes: “Casi 8.000 fueron atendidos en 2019 por comas etílicos”, según un estudio realizado por Sanidad. “Cada mes se emborrachan en España medio millón de jóvenes”. Es un asunto grave, “terriblemente dañino para la salud y el tejido social de nuestros menores”, coincidieron en señalar en su momento diputados de distintos partidos políticos que habían participado en el debate sobre la ley antibotellón. La norma en estudio pretende unificar las multas, con duras sanciones para compañías y locales incumplidores, y dar soporte legal a todos los ayuntamientos. En la actualidad, beber en la calle es ilegal solo en algunos de ellos, y las sanciones dependen de dónde estén.
En estos momentos en que el covid-19 amenaza con una nueva ola de infectados, el comportamiento irresponsable de la juventud con la práctica del botellón en pleno verano, con el consiguiente riesgo de contagios al resto de la población, pone en jaque al Gobierno central y a las autonomías, al no disponer de una herramienta jurídica que se pueda aplicar con rigor y eficacia contra aquellas personas que practican el botellón.
Hoy ya nadie pone en duda que la práctica del botellón es un problema de Estado, pues afecta a la salud de nuestra juventud y también tiene efectos muy negativos en la seguridad de nuestra sociedad en general. El tema es que, hasta la fecha, ningún Gobierno, ni del PP ni del PSOE, se ha atrevido a ponerle el cascabel al gato para sacar adelante una ley que en estos momentos se hace más necesaria que nunca. Por desgracia, los partidos políticos solo defienden ostentar el poder, que consiguen mediante los votos de los ciudadanos; y está muy claro en este caso que la ley antibotellón les puede restar muchos sufragios en las urnas. ¿Cómo nos explicamos, si no, que desde 2003 -es decir, hace 17 años- estemos hablando de una ley que, pese a su gran trascendencia social, sigue durmiendo el sueño de los justos, aparcada en algún cajón de la Moncloa? PSOE-UP, el actual Gobierno, tienen la última palabra...
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