La absurda y perjudicial polémica alrededor de la atención primaria
El 27 de junio me era publicada una carta en este medio denunciando la paralización de la atención primaria como consecuencia de la pandemia que sufrimos y las consecuencias de ello derivadas. Estos días varios médicos de esa atención primaria en Asturias publican un comunicado en el que se muestran muy molestos por la imagen que creen tiene la sociedad de ellos en esta crisis, negando que, a diferencia del colectivo hospitalario, se hayan escondido detrás del teléfono para no luchar en primera línea contra el covid.
Lo cierto es que yo no he comprobado ninguna acusación en ese sentido, por más que estoy rodeado de quejas por la situación en los centros de salud. Otra cuestión, claro está, son las redes sociales, que sabemos perfectamente que están llenas de barbaridades y mentiras amparadas en el anonimato. Pero en vez de esta rabieta corporativista y de rasgarse las vestiduras públicamente por lo que se pueda leer en las cloacas de la red, mejor harían estos profesionales en preocuparse por cómo está afectando esta situación a sus pacientes y exigir a las autoridades sanitarias una mejor gestión del problema.
En primer lugar, hay que denunciar que estos cambios se hayan hecho a la brava, sin ningún ejercicio de información ni pedagogía hacia los pacientes. Hace muchísimo tiempo que se podía haber elaborado, de forma natural y sin armar este revuelo, un protocolo con las actuaciones a resolver sin cita con el facultativo (renovación de recetas o bajas laborales, obtención de documentación, etcétera), con una oportuna y detallada explicación pública. Que es lo que ha fallado, lo que se ha echado en falta, no ha existido tal protocolo ni tal explicación clara a la sociedad.
Ello hubiera evitado un sinfín de molestias y perjuicios a las asturianas y asturianos, como que quien acudía a su centro correspondiente se podía encontrar una barricada formada por los bancos de espera y una odisea para intentar explicar que ya se tenía una cita concedida anteriormente que nadie les había anulado; o que si se acudía a Urgencias no era por capricho sino por la sintomatología por él apreciada (dolores, vómitos, etcétera). De vuelta a casa, ese paciente, cuando por fin conseguía contactar por teléfono, se encontraba con que el primer triaje se lo realizaba personal administrativo o celador, lo cual va contra toda la normativa de protección de datos y la buena práctica médica. Pero veamos también la otra cara y pongámonos en la piel del facultativo, que debe agarrarse al teléfono, repetir llamadas, averiguar qué le pasa al paciente sin verlo e intentar superar las dificultades de una comunicación telefónica, intentar hilar fino para acertar con las pruebas a prescribir...
En mi ignorancia, se me ocurre que todo esto se puede organizar con sentido común y coherencia. Una vez que la ciudadanía esté suficientemente informada de los trámites que se pasarán a realizar sin cita médica y los cauces para ello, una vez eliminadas esas citas inútiles, la atención presencial se podrá organizar mejor, con las medidas de seguridad que sean pertinentes.
Ingenuamente, quiero acabar con una suposición: estoy seguro de que, en la atención privada que prestan algunos de estos facultativos que tanto se escandalizan, se observarán las mismas restricciones que en la pública, y que los pacientes, a pesar de seguir abonando 100 euros por visita, verán cómo se les aplican esas mismas medidas “por su seguridad”. Es así, ¿verdad?
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