La monarquía en España

Decía en otro texto, hace unos días, que solemos utilizar el término "histórico" con demasiada frecuencia y no siempre esos acontecimientos tienen el peso para ser considerados como tales. La salida del Rey emérito, Juan Carlos I, fuera de su país (exilio, abandono, fuga de la justicia, prófugo... para todos los gustos hay) creo que sí lo es. Pocas alternativas le quedaban al personaje de este culebrón real, a la luz de los presuntos escándalos de corrupción que la Fiscalía de Suiza investiga y que irremediablemente lo tendrá que abordar el Tribunal Supremo de España.

Es evidente que su salida de España se ha hecho por un acuerdo entre la Moncloa, la Zarzuela y el propio rey emérito. No se puede entender de otra manera porque estaba en peligro la propia supervivencia de la Monarquía parlamentaria que preside el modelo constitucional español desde 1978, y el actual Rey, Felipe VI, no podía cargar a sus espaldas la previsible condena de su padre jurídica y social. Felipe VI necesita como agua de mayo legitimarse. Esa es la peculiaridad (o condena) que arrastra la monarquía española a diferencia de las otras monarquías europeas.

El reinado de Juan Carlos I tuvo un origen ilegítimo. Fue nombrado por el dictador, como heredero suyo "a título de Príncipe" en 1969, al amparo de la ley de Sucesión franquista, y el 22 de noviembre de 1975 jura las Leyes Fundamentales del régimen, bajo la premisa del "atado y bien atado". Dicha premisa saltaría por los aires con la Transición. Acontecimiento que no habría sido posible sin el "haraquiri" de las Cortes franquistas que darían paso a las elecciones constituyentes de 1977, cuyos diputados, elegidos por primera vez tras la muerte del dictador por sufragio universal, redactarían la Constitución de la nueva España democrática que optó como modelo de Estado por la Monarquía Parlamentaria, refrendada por el pueblo español con el 87% de los votos. De esta manera, un rey de origen ilegítimo deviene en rey constitucional. Esta "anomalía" histórica necesitaba de algo más para su consolidación, habida cuenta que, en una gran parte de la población, anidaba (y anida) un espíritu republicano. Ese "algo más" lo aportó Juan Carlos I con su "campechanía" y, sobre todo, con su intervención en el intento de golpe de Estado de 1981 (episodio no del todo aclarado y con muchas incógnitas todavía por despejar).

En Gran Bretaña no ha existido nunca una experiencia republicana, ni un rey o reina que nacieran de una dictadura. La institución monárquica británica goza de excelente salud a pesar de los escándalos protagonizados por varios de sus miembros. Lo mismo ocurre en las monarquías sueca, noruega, belga, holandesa, las de los principados de Leichetenstein, Andorra, Mónaco y el Gran Ducado de Luxemburgo. Son instituciones fuertes, históricas y, lo más importante, queridas por el pueblo. No hay debate en esos países. En España, por el contrario, el debate está abierto a pesar de que el CIS no contemple en sus periódicas encuestas la opinión que los españoles tienen de su monarquía (¿temen llevarse un susto?). Por ello, Felipe VI necesita legitimarse.

Guardando las respectivas distancias, exigibles a cualquier comparación, sin las cuales caeríamos en aquello de que "las comparaciones terminan siendo odiosas", Felipe VI está buscando su "legitimación" social y la salida de su padre fuera de España puede ser la suya. Ya no hay golpe de Estado que parar, pero el recurso de presentarse al pueblo español con la bandera de la anticorrupción es muy tentador. Empezó despojando a su hermana y cuñado corrupto de los títulos de duques de Palma; luego, renunciando a la herencia de su padre (herencia envenenada), retirándole posteriormente la asignación anual de la que disfrutaba (200.000 euros), y finalmente, acordando con él su salida del país. Todo en un marco "familiar". Ese es el error y la otra diferencia con las monarquías europeas.

Lo que ocurre es que todo esto se ha hecho (y se está haciendo) de espaldas a las Cortes Generales, única institución democrática con legitimidad para resolver los problemas de la Corona: "Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverá por ley orgánica" (art. 57.5 de la Constitución española). Ley orgánica que nunca se ha promulgado por sus señorías, dando con ello muestras de una irresponsabilidad histórica impresentable, generando con ello "atajos" de dudosa constitucionalidad que se arrastran desde la abdicación de Juan Carlos I, marginando al Parlamento de sus obligaciones constitucionales. La Corona de España no es de la familia Borbón, es propiedad de la nación española desde la promulgación de la Carta Magna. Por ello, cualquier cambio en la forma de Estado exige seguir lo previsto en la Constitución.

De las reacciones políticas y mediáticas producidas por la marcha del Rey, cada cual más lamentable en términos de compromiso democrático, la expresada por el PP me parece la más preocupante. Decir que a Juan Carlos I hay que recordarlo por su aportación a la Transición española como valor supremo es normalizar la corrupción y enviar un mensaje letal a la ciudadanía, rompiendo el principio ético y pedagógico que señala que la ejemplaridad solo tiene fuerza cuando esta emana, sin sombras de duda, desde las más altas instancias. Lo que ocurre es que pedirle esto al PP, cuyos dirigentes han protagonizado los mayores escándalos de corrupción de este país, es pedirle "peras al olmo".

Cuando Juan Carlos I, en su mensaje en las Navidades del 2011, enfatizó aquello de que "la justicia es igual para todos", en referencia al proceso judicial que se seguía a su yerno, Iñaki Urdangarín, por corrupción, estaba enviando un mensaje potente a los ciudadanos. Lo que no sabían estos ciudadanos de a pie era que quien esto pronunciaba, a su vez, estaba cometiendo las tropelías más vergonzosas que un jefe de Estado puede cometer, con la connivencia de una gran parte de la clase política y de los medios de comunicación, que callaron durante muchos años lo que sabían. Felipe González, el primero.

Tampoco es de recibo que al albur de la desnudez del Rey emérito se produzcan declaraciones irresponsables desde una parte del Gobierno de coalición. Con la que está cayendo en este país que sufre la peor crisis económica desde la guerra incivil, una epidemia sin control que nos puede llevar a un segundo confinamiento, un sistema sanitario agónico y el motor de la economía española, el turismo, en la UCI. ¿De verdad alguien cree que el verdadero debate de España en este momento es monarquía o república? Al parecer para algunos sí... solo les falta decir que con una república no tendríamos tantos muertos por covid-19... bueno, esto no sería del todo original porque ya lo dijo Quim Torra en relación con su idealizada República catalana.