Bolivia: entre atentados y pactos electorales
El jueves dos atentados con explosivos de alta potencia se registraron en las sedes locales de la Central Obrera Boliviana (COB) y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia - Bartolina Sisa (FNMCB - BS) en Bolivia, en medio de la huelga general y bloqueos llevada a cabo por los principales sindicatos del país contra el régimen golpista de Jeanine Áñez y la nueva postergación de la cita electoral.
Las explosiones dejaron ambas sedes con daños importantes, sin registrarse heridos o muertos en su interior. En el caso de la COB, el dirigente Juan Carlos Huarachi logró salir ileso del ataque.
Se ha detenido a seis sospechosos de haber atacado ambas sedes. No ha existido pronunciamiento oficial por parte del Gobierno de Áñez en cuanto a los sucesos.
Las organizaciones, tras once días de protestas, han llamado a “cuarto intermedio”, que es como llaman en Bolivia a periodos de consulta, tregua, y reflexión, (“y en estado de vigilia”) al considerar que sin su anuencia se ha llegado a un pacto en Congreso y Senado para convocar “como fecha impostergable” el 18 de octubre las elecciones.
Mientras en las bases se siente como una traición el nuevo pacto, las senadoras y diputados del MAS, que han elaborado la nueva ley, interpretan que han logrado “pacificar” al país, tras los atentados, la intervención de grupos de choque fascistas (Unión Juvenil Cruceñista), y previsible clima de confrontación. (En Cochabamba el grupo de racistas fue filmado pateando en el piso a mujer de pollera. La indignación que provocó esta brutal acción detonó el repudio generalizado).
La bancada del MAS aprobó, previo al acuerdo electoral, un bono “contra el hambre” de 1.000 bolivianos (130 E) y una ley de arraigo para las autoridades del Estado que impide que puedan abandonar el país hasta tres meses después de la posesión del nuevo Gobierno.
Con esta actitud negociadora, el MAS se postula como el único partido que aún tiene un relativo control del movimiento de masas, ya que el racismo y la extracción social blanco-mestiza del bloque golpista los excluye de la posibilidad de incidir del movimiento de masas con otros métodos que no sean la coacción y la represión.
La nueva ley fue elaborada por el MAS y el Tribunal Supremo Electoral, con mediación de la Iglesia católica y de las Naciones Unidas.
Pero las anteriores leyes que convocaban a presidenciales… también; y, sin embargo, se interpreta que el TSE se saltó ilegalmente la fecha por presiones del Gobierno de facto.
La nueva ley dice expresamente: “El Ministerio Público, de oficio, iniciará proceso penal contra quienes, por cualquier medio, pretendan cambiar o cambien la fecha definitiva, impostergable e inamovible de las elecciones a realizarse hasta el domingo 18 de octubre de 2020”, tratando de que el TSE no sea de nuevo presionado desde el Gobierno golpista para modificar lo acordado.
Son múltiples las acusaciones al Gobierno golpista de usar la pandemia como una excusa para aplazar las elecciones y seguir más tiempo en el poder mientras persigue a los movimientos sociales y simpatizantes del MAS.
Debe rellenar todos los datos obligatorios solicitados en el formulario. Las cartas deberán tener una extensión equivalente a un folio a doble espacio y podrán ser publicadas tanto en la edición impresa como en la digital.
Las cartas a esta sección deberán remitirse mecanografiadas, con una extensión aconsejada de un folio a doble espacio y acompañadas de nombre y apellidos, dirección, fotocopia del DNI y número de teléfono de la persona o personas que la firman a la siguiente dirección:
Calvo Sotelo, 7, 33007 Oviedo