¿Chapuzas, negligencia, impotencia?
¿O todo a la vez? Desde que el covid-19 hizo acto de presencia en Wuhan (China) y se extendió por todo el mundo, los gobiernos han reaccionado (simplificando con prudencia) de tres distintas maneras: por un lado, aquellos que se han enfrentado a la pandemia con rigor y responsabilidad (Nueva Zelanda, Australia, Japón, Corea del Sur...); los que, acorde con su enfermiza concepción del poder, se han burlado del virus letal, lo han negado y hasta han sugerido a sus ciudadanos combatirlo con una estampita de la Virgen de Guadalupe, con vodka o bebiendo lejía (Trump, Bolsonaro, López Obrador, Lukashenko...); los que han reaccionado tarde por distintas razones (la lista es larga), y, finalmente, está España, que, perteneciendo al tercer grupo al inicio de la pandemia, no obstante, arrastra la maldición histórica de no terminar de aprender las lecciones de la historia, porque la “política” (la política con minúsculas) es lo más parecido a un sainete mal interpretado.
Todos los analistas e informes serios coinciden en señalar que, a pesar de reaccionar tarde, España acertó al decretar uno de los confinamientos más duros de Europa, consiguiendo así salvar miles de vidas. Terminado el estado de alarma, iniciada la desescalada, empieza el esperpento competencial que pone al desnudo las debilidades y las fracturas del Estado autonómico. Estado autonómico que se ha movido muy bien mientras de celebrar fiestas se trataba, de reivindicar más competencias o pedir directamente la independencia, “con una Cataluña independiente no habría muertos por covid-19” (Quim Torra).
Aquellos que se quejaban de la “prepotencia del Gobierno del Estado”, de “invadir competencias autonómicas”, de “tener secuestrada a la población” y demás sandeces hoy, desde que acabó el confinamiento (hace más de dos meses), tienen plenas competencias para parar al “bicho”. Pero ello no se consigue con soflamas incendiarias contra el Gobierno de Sánchez (Ayuso/Torras), con apelaciones paternalistas y “buenistas” a los jóvenes o privatizando servicios esenciales para la lucha contra la pandemia (Ayuso); ni tampoco firmando peticiones al Gobierno para que propulse una auditoría externa que analice los errores cometidos en estos meses y establezca las soluciones para lo que queda de pandemia. En un país como España, que ha hecho célebre el dicho: “Si quieres que no se haga nada, crea una comisión”, proponer una auditoría mientras la pandemia avanza inexorablemente es condenarnos a un nuevo confinamiento. Además, ¿qué va a proponer la auditoría que no sepamos ya lo que hay que hacer?: reforzar la Atención Primaria de Salud, contratando personal sanitario y de apoyo; aumentar masivamente el número de rastreadores; aumentar significativamente los PCR; controlar el ocio nocturno y ordenar a la Inspección de Trabajo que cierre aquellas empresas donde los trabajadores trabajan y viven hacinados. Todo esto requiere dinero y nadie invierte un euro, y si es el caso se apela al voluntariado (Ayuso) para sustituir a los profesionales. Italia ha invertido tres veces más que España en reforzar su sistema sanitario, y nosotros encabezamos, tristemente, el resurgimiento del coronavirus en Europa, mientras discutimos si son galgos o podencos.
Dos meses han pasado desde que se puso fin al confinamiento y al mando único del Gobierno de España, y las comunidades autónomas han hecho poco o nada, especialmente aquellas donde el covid-19 campa a sus anchas (Cataluña, Aragón y Madrid) y los empresarios del ocio nocturno amenazan con los tribunales, mientras en Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, tienen cerradas las discotecas a cal y canto desde el inicio de la pandemia. A nadie le extrañaría que algún juez les dé la razón a los empresarios ante las tímidas medidas adoptadas en el Consejo Interterritorial de Salud, con las 17 comunidades autónomas apoyando por unanimidad (y respirando aliviados ante su incompetencia y desbordados por los brotes).
El presidente de “España de Noche” (empresarios de ocio nocturno) ha calificado de “aberración” el cierre de las discotecas en España, y la guinda la ha puesto el presidente de la comunidad autónoma de Aragón en una entrevista: “En Aragón residen miles de temporeros que trabajan en la recogida de la fruta, que se ha revelado como un foco de contagio absolutamente descomunal. La culpa no es de los temporeros, es de otras circunstancias que habrá que corregir”. Esas “otras circunstancias” son las condiciones de semiesclavitud en las que viven y trabajan los temporeros inmigrantes, explotados por unos “empresarios” abyectos, con el conocimiento y consentimiento del Gobierno de Aragón, desde hace muchos años. Si hacemos bueno el refrán “el rostro es el reflejo del alma”, solo hace falta mirar la cara del presidente de Aragón, Javier Lambán. Pobres aragoneses, vaya cruz que les ha caído.
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