Denegación de asistencia sanitaria en Cabueñes

El pasado sábado 11 de agosto, a las 17.30, mi esposa acompañó al servicio de urgencias del Hospital de Cabueñes a un amigo que había sufrido un pequeño accidente. Aparentemente, se trataba de un esguince en el tobillo, pero puesto que el dolor era intenso y no podía caminar, ella, que es médico de profesión, quiso descartar que hubiera una rotura o fisura.

Nuestro amigo es un joven hondureño que desde hace ocho meses reside en España. Está empadronado en Madrid y es demandante de protección internacional (asilo político) reconocido por nuestras autoridades. La sorpresa que se llevó mi esposa, también hondureña, cuando se acercó al mostrador de recepción del hospital fue mayúscula. La empleada, al darse cuenta de que nuestro amigo no era español ni tenía residencia, se negó a tomar sus datos y atenderlo si no abonaba previamente 125 euros. "¿Antes de revisar qué le pasa?". La respuesta fue tajante: "Así es, si quiere que le atiendan tiene que pagar antes".

Avisado de lo que ocurría, telefoneé al servicio de atención al usuario del Hospital de Cabueñes y expliqué que nuestro amigo era una persona empadronada en España, solicitante de asilo, y que, según mi conocimiento básico de la ley, tenía derecho a ser atendido gratuitamente. Argumentaba yo, al parecer con excesiva candidez, que incluso en los tiempos de políticas más restrictivas sobre asuntos migratorios que siguieron a la crisis de 2008, siempre se mantuvo la excepcionalidad de atender las urgencias, incluidas las personas sin papeles (mi amigo no lo es, pues es solicitante de asilo). Y que ahora, con el nuevo real decreto de 2018, el actual Gobierno había buscado recuperar el anhelado horizonte de la sanidad universal.

La empleada entonces, reconvertida de improviso en celosa guardiana de los dineros públicos, me habló de lo onerosa que resulta la sanidad en España, los gastos que conlleva atender a un ciudadano extranjero en las urgencias del hospital y lo excelente que es nuestro sistema en comparación con el que impera en los Estados Unidos. Según ella, esta era la regla vigente en toda España para los no nacionales, sea cual sea su condición migratoria: o pagas o no hay atención. Obviamente, no era mi intención debatir sobre políticas sanitarias, ni mucho menos entrar en un análisis comparativo de nuestra sanidad con la de otras naciones. Simplemente, buscaba conocer qué ley o reglamento amparaba a un hospital público a negar la atención sanitaria de urgencia a una persona empadronada en España, con una demanda de asilo reconocida por nuestras autoridades.

Tal pretensión de mi parte hubo de parecerle a mi interlocutora excesiva o, simplemente, irrelevante. En conclusión, y con sobrado sarcasmo, me deseó suerte para cambiar la ley (sin haberme explicado en ningún momento qué ley era esa que anulaba el vigente real decreto) y se despidió sin más, diciendo que no tenía más tiempo para dedicarme.

Consecuentemente, tras una hora esperando a la puerta de urgencias, y comprobando que la atención gratuita le era denegada, ayudamos a nuestro amigo a subir de nuevo al coche y buscamos una clínica privada donde pudieran revisar su lesión. En el Hospital Begoña se nos brindó atención, no solo profesional sino también amable, con rapidez y sin exigencias previas de pago por adelantado. Al terminar, se nos pasó una factura que, por cierto, resultó ser inferior a la demandada por la oficina de atención al usuario del Hospital de Cabueñes.

Una pena. Mi esposa es hondureña, pero ejerce la medicina en España y acaba de atravesar, como otros miles de médicos, un periodo especialmente duro. Durante tres meses hemos salido a los balcones, como millones de españoles, para aplaudir, orgullosos de unos profesionales que se dejaron la piel sin excluir a nadie por su lugar de procedencia. Por otra parte, no tengo duda sobre la necesidad de ser más eficientes con el dinero púbico y considero justo tratar de evitar, si los hubiera, abusos por parte de quienes inmigran a nuestro país. También, de paso, me gustaría que desapareciesen los abusos que tan a menudo padecen quienes cosechan nuestros campos o cuidan a nuestros mayores. Pero creo que los contribuyentes españoles nos merecemos un poco más de respeto. Cómo mínimo saber que, con nuestros impuestos, se toman medidas ajustadas a derecho y no fruto del dudoso criterio de una empleada que, dejémoslo claro, cuando media la arbitrariedad, no está cuidando el patrimonio colectivo sino abusando de su pequeña parcela de poder.

Hay quien piensa que hay personas que se sienten reconfortados cuando pueden exhibir ante ciudadanos de un país extranjero más humilde sus credenciales genéticas. O sea, ese mal común que llamamos racismo. Yo prefiero creer que quienes trabajan en tareas administrativas en la sanidad pública son profesionales que cultivan su actitud de servicio y conocen la ley, aunque a veces se equivocan, rectifican y corrigen sus errores. Es por ello por lo que celebro que mi amigo hondureño, cumpliendo con su deber ciudadano, haya puesto la correspondiente reclamación administrativa. Confío en que las autoridades sanitarias asturianas tomarán las medidas oportunas para que casos como el relatado no vuelvan a producirse.