Abolir la prostitución rizando el rizo
Después de crear un comité científico para determinar si existió su comité científico, a Pedro Sánchez se le ha ocurrido una pirueta genial; el pasado lunes, en la edulcorada entrevista que le hizo Mónica López en la televisión pública, ha declarado que su Gobierno pretende abolir la Constitución... ¿La Constitución, dice? Ah, no, perdón, perdón; la prostitución. ¿Abolir la prostitución en un país que roza el 30% del paro? Vamos, Pedro, no cuela.
Ya estamos otra vez con las promesas imposibles; después de quitar las terrazas, cerrar bares, y obligar a que la gente lleve mascarilla hasta para ir al váter, nuestro vilipendiado Gobierno, en su afán de controlar cualquier movimiento sospechoso de los ciudadanos, pretende abolir incluso lo que no está regulado.
Las prostitutas no podrán prostituirse y los clientes serán los paganos de estos pretendidos excesos carnales. Hasta ahí, la teoría. La práctica se me antoja más complicada, salvo que hayan pensado en castrar a los machos... ¡Coño, qué idea!
No se puede abolir lo que no está regulado, señor presidente, y no hay ley o precepto que ampare esta "costumbre" milenaria desde que Lilith, hecha de barro como Adán (y no de su costilla), fuera expulsada del paraíso por no querer someterse al mandato del hombre (Génesis 1:27).
Quiero pensar que para este Gobierno “abolir” significa que las/los pilinguis trabajarán ahora para el Estado; es decir, que tributarán a Hacienda su 35% de IRPF (impuesto de la renta de las pilinguis fiscalizadas).
Los políticos pagarán a estas pilinguis con las tarjetas black, haciendo el apunte como “gasto en ocio nocturno”, mientras el común de los mortales, pagador en cash, podrá ser multado y hasta detenido, en caso de reincidencia extramarital, por la autoridad. El culpable será usted, irresponsable ciudadano.
Visto así, parece que la declaración de Sánchez “este Gobierno va a abolir la prostitución” es inocua, pero en realidad riza el rizo y oculta su fin último, que no es otro que llevar a efecto su anunciado y repetido “Plan para la transición hacia una nueva normalidad”, del 28 de abril, con la excusa del coronavirus: “Se fomentará el pago con tarjeta, evitando, en la medida de lo posible, el uso de dinero en efectivo”. Dos meses más tarde (29 de junio) el PSOE, erre que erre, abogaba por eliminar gradualmente el pago en efectivo, “con el horizonte de su desaparición definitiva”, a pesar del criterio en contra de Europa.
La conclusión es que implantada la pitocracia, a Sánchez le importa un pito la privacidad de los ciudadanos, y la abolición anunciada vendrá porque el pago dejará de ser en efectivo y este Gobierno inclusivo, incluirá en un dossier con tu nombre el dinero que tienes, dónde lo tienes, si lo gastas en amiguitas/os o farlopilla, si se te han pasado las hemorroides, si bebes White Label o Cardhu, a dónde vas de vacaciones, si tienes coche, amante, casa, segunda casa, etcétera.
Hasta los presuntos fornicadores que, con las meninges arrasadas por el napalm de la propaganda sistémica, habían previsto sortear los registros en hoteles y casas de lenocinio aprovechando el auge de la okupación (ahí estarían a salvo de la policía por razones de todos conocidas), se han dado de bruces con la declaración de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en su discurso de la apertura del año judicial, anunciando que en los próximos días dictará una instrucción que aborde el tratamiento por parte de los fiscales del tema de las “ocupaciones de morada”, al que se ha referido como "fenómeno delictivo". Se estrecha el cerco, pues.
Trump, al que las drogas le hacen ver dragones por los pasillos, quiere cerrar Tik-Tok; Sánchez, quizá por la falta de oxígeno propiciado por la omnipresente mascarilla,
Tinder e Instagram; pero siempre nos quedará Onlyfans. Que los sepan.
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