Encender la luz, cosa de ricos
Llegó el mes de julio y, como es sabido, con él la nueva subida del IVA (dos puntos: del 16 al 18 por ciento) y, por si esto fuera poco, el Gobierno, al mismo tiempo, pretende elevar también la factura de la luz. Un 4 por ciento a los hogares y pymes y ningún retoque a las empresas que más energía consumen (cementeras, siderúrgicas, químicas, etcétera).
La ley que está en vigor establece una revisión semestral de los precios –que ya en enero pasado aumentaron más de dos puntos–, el Ministerio de Industria estima ahora que el crecimiento de las previsiones de la demanda obliga a actualizar al alza la factura. Millones de hogares, pues, independientemente de su renta, de su situación laboral y de sus dificultades para llegar a fin de mes, deberán asumir un nuevo incremento en el recibo de la luz.
Se puede aceptar, señor ministro de Industria, que en momentos de crisis todos nos apretemos un poco más el cinturón; pero siguiendo con esta política que están ustedes llevando, al final nos van a dejar sin respiración a los de siempre. Y me estoy refiriendo muy concretamente al caso de las eléctricas, que con el apoyo del Gobierno, los continuos y desbocados aumentos alteran y desequilibran las facturas de la energía eléctrica.
No va a quedar más remedio que darles la razón a todos aquellos que están convencidos de que el actual Gobierno de Rodríguez Zapatero es un barco a la deriva. O a los que piensan –que ya son multitud– que es un Ejecutivo desgastado y que no acierta ni cuando se equivoca.
Las principales asociaciones de consumidores están mostrando igualmente su total oposición a la subida de la luz que propone el Gobierno. En un momento de crisis como el actual, esta medida es «del todo inaceptable» para las familias, aseguran. El portavoz de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Antonio López, manifestó hace escasos días que si finalmente este aumento del precio de la luz es admitido por la Comisión Nacional de la Energía (CNE), será «absolutamente inaceptable que, en un momento de crisis profunda y con una inflación que se sitúa en el 1,80 por ciento, se penalice así a familias y pequeños consumidores».
Son coincidentes, asimismo, en que no es el momento más adecuado. «Con lo que ya ha subido en los últimos dos años y medio, estiman que se debería dar un respiro a los usuarios, dada la coyuntura social y económica». Y, además, no se puede seguir repercutiendo sobre las economías familiares y de los pequeños comercios todos los costes de esta crisis político financiera.
Desde luego, no es de recibido que el Ejecutivo siga gravando los servicios básicos a los ciudadanos para incrementar sus ingresos. Demuestra una grave carencia de ideas y falta total de tacto.
Una tras otra, las medidas de este Gobierno invitan a la demagogia: esta crisis la seguirán soportando, como siempre, los trabajadores, que este verano se verán obligados a quedarse en casa sin vacaciones. Y, sin otra opción, con las luces apagadas.
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