Condenas en democracia
La nueva Ley de la Memoria Histórica que prepara el Gobierno y aprobarán las Cortes, bienvenida sea si con ella podemos conocer quiénes asesinaron al artista candasín Antón, al tío de mi mujer previo encarcelamiento en la “Iglesiona” de Gijón, al hermano de mi difunto amigo Pepe el de Herminio, al fundador de un periódico local y así muchísimos más, pero estoy seguro de que va a ser que no. Estos murieron por gripe.
Que después hubo también asesinatos por venganza o incluso por envidias, sí, pero así es el género humano. Lo que ocurre es que estos últimos no paran de ser recordados, mientras los otros no se mencionan pues sus asesinos eran “luchadores por la libertad”. En los años setenta hubo varias condenas a muerte y ejecuciones de varios militantes del FRAP y de ETA por actos de terrorismo con resultado de muerte. Fueron las últimas condenas a muerte durante el Gobierno del General Franco.
Ya en democracia no hubo condenas a muerte “legales”, pero sí las hubo ilegales, no solo permitidas, sino propiciadas desde el Gobierno. Gobernaba el Partido Socialista Obrero Español. No sé si lo recordara el doctor Sánchez. Policías corruptos apoyados por el Gobierno secuestraron en Francia a inocentes, asesinaron a etarras y fueron compensados con dinero público por su silencio. Este dinero fue peor empleado que el de la “Kitchen”, y por no se sabe qué método dos etarras aparecieron en Alicante enterrados en cal viva. Esto que está tan próximo nunca se aclarará.
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