¿Poder judicial?
En tiempos de turbulencias, seguimos haciendo mudanzas. Ni puñetero caso a Ignacio de Loyola, 500 años después. Crecen los enanos en un país que ya ni se llama España, sino Madrid. Al menos eso es lo que me ha quedado de la "flatus vocis" o "ventosidad oral" (en expresión de Juanjo Millás) de la última intervención del esperpento que gobierna la comunidad autónoma más rica de España, Madrid.
Ya nadie puede ocultar ni disimular que Madrid se parece cada vez más a un "estado fallido". Hay que intervenir o el desastre para España y Europa, en términos de pandemia, será incalculable. Si se aplicó el artículo 155 de la Constitución para intervenir en Cataluña por un tema político, con más razón se puede aplicar en Madrid por un tema alarmante de salud pública, dada la inacción de sus gobernantes autonómicos.
En medio de este desastre, volvemos con la otra serpiente de verano: la Monarquía española y su encaje o desencaje en la España constitucional, que a la derecha le sirve para esconder sus vergüenzas y a sectores de Podemos para "marcar paquete" de esencias republicanas, mientras la pandemia sin control nos sigue matando. Esta vez o, mejor, una vez más, aparece el poder judicial como pretexto para atizar al Gobierno, con motivo de la no asistencia del Rey a la entrega de despachos de los nuevos jueces, organizada por el Consejo General del Poder Judicial y que el Gobierno de coalición no ha autorizado.
En un país normal esto no sería noticia o, a lo sumo, aparecería como un comunicado más. Quiero decir, en un país normal cuyo modelo de Estado es la Monarquía parlamentaria, aprobada por el pueblo español en referéndum, en 1978. ¿Alguien considera posible que en alguna de las monarquías parlamentarias europeas un rey emérito pudiera salir huyendo de su país sin que pasase nada? Por ello, España no es un país normal y, por ello, ocurren las cosas que ocurren. Llevamos debatiendo tres días en todos los medios de comunicación, tertulias, comparecencias políticas de cualquier tipo, Congreso, Senado, gobiernos autonómicos, titulares de grueso calibre en la prensa conservadora... sobre la no asistencia del Rey a un acto organizado por el poder judicial, mientras crece la pandemia, mientras los muertos por la misma vuelven a colocarnos en cifras alarmantes, mientras Madrid es el epicentro de la pandemia en Europa y la economía nos sitúa niveles de la "post-guerra incivil". Parece que el problema es la no asistencia del Monarca a dicho acto. No, no somos un país normal.
Como toda anomalía se llena de despropósitos para todos los gustos, observamos que, años cacareando sobre la defensa del Estado de derecho, sobre el sagrado principio de la separación de poderes y nada más y nada menos que el órgano que rige el poder judicial, el Consejo General, pide cuentas al poder ejecutivo por la no presencia del Rey en un acto. ¿Sabe el presidente de dicho Consejo, Carlos Lesmes, si con ello el Gobierno ha infringido alguna norma de obligado cumplimiento? ¿Dónde está escrito que el Rey deba acudir todos los años a dicho acto? ¿Saben los ilustres miembros del Consejo del Poder Judicial que los actos del Rey deben contar con la aprobación y el visto bueno de quien detenta la voluntad popular, emanada del Parlamento, el poder ejecutivo? Por supuesto que son preguntas retóricas, porque sus señorías lo saben de sobra.
Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional, lo explica diáfanamente en un excelente artículo: "Uno de los problemas de la Monarquía española durante estos cuarenta años ha sido que los presidentes del Gobierno no han cumplido con la obligación de "educar" al Rey para que se comporte como un monarca parlamentario"..."El Rey no puede aceptar la invitación sin consultar previamente con el presidente del Gobierno si es oportuna o no su presencia en un acto" (El Diario.es).
Por otro lado, los ilustres miembros del Consejo, que se desgarran las vestiduras por la no presencia del Rey, olvidan un "pequeño detalle" que, por pequeño, ellos deben considerar irrelevante. Olvidan que, a fecha de hoy, es un organismo sin ninguna legitimidad democrática ya que están "en funciones" desde hace dos años porque el PP mantiene bloqueada su renovación. Son ellos, como supuestos garantes y "vigilantes" del cumplimiento de las leyes, quienes deberían exigir su renovación para cargarse de razones constitucionales, y si la desvergüenza de un partido político (PP) mantiene el bloqueo por intereses puramente partidistas, deberían ser ellos quienes presentaran las dimisiones correspondientes para forzar su renovación y con ello devolver la "legitimidad democrática" a sus actos.
Menos algaradas, menos rasgarse las vestiduras (o las togas) y más observancia de la ley, si queremos contribuir a ser un país normal, como el resto de las monarquías parlamentarias de Europa.
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