El "Turquesa"
"En defensa de Indalecio Prieto Tuero", de Javier Rodríguez Muñoz (LA NUEVA ESPAÑA del pasado 1), se publica en el contexto polémico de la decisión del Ayuntamiento de Madrid de retirar a Prieto y a Largo Caballero del callejero de la capital. Ni quito ni pongo calles; mi simpatía inicial por Prieto se ha ido enfriando a lo largo de los años a medida que mejoraba mi conocimiento de los hechos. Inversamente, la lastimosa opinión que me merecía Largo Caballero se atemperó con el tiempo, particularmente con la relectura de Burnett Bolloten, "La Guerra Civil española, revolución y contrarrevolución" (anímese, Adriana, solo son 1250 páginas).
Rodríguez Muñoz invoca como línea de defensa que Prieto y Largo fueron elegidos democráticamente y nombrados legalmente para los ministerios que desempeñaron durante la guerra. El hecho de que Rodríguez Muñoz actúe de abogado de oficio (preside la Fundación Indalecio Prieto) no invalida ni corrobora su argumento. "La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero", nos advierte Antonio Machado, uno de los republicanos, junto con Julián Besteiro, tal vez no de los más entusiastas pero sí de los más ejemplares.
Es verdad que Prieto y Largo fueron diputados y ministros dentro de la legalidad. Pero no es verdad que la legalidad excluya a priori de escrutinio la conducta de diputados y ministros. Que el socialista Galarza haya sido legalmente diputado y ministro durante la guerra ¿le exime de dar cuenta de sus crímenes ante la historia? Un detalle que la "memoria democrática" pasa por alto es que, en abril del 31, ni Prieto ni Largo ni ninguno de sus colegas republicanos fueron elegidos diputados de la República, por la sencilla razón de que aquellas elecciones se convocaron y celebraron para elegir concejales para los ayuntamientos del Reino de España. Además, las ganaron los monárquicos.
También Calvo Sotelo había sido elegido democráticamente, lo que no impidió que fuera asesinado por agentes uniformados del entorno de Prieto. Los asesinos fueron protegidos por la nomenclatura del PSOE; Garcés se refugió en el domicilio de Margarita Nelken, diputada por Badajoz, cuyo telonero era Manuel Iglesias (nombre que tal vez les suene aunque no tenga que ver con Pablo Iglesias, fundador del PSOE y de la UGT). La "memoria democrática" no quiere acordarse de Calvo Sotelo: le quitaron su calle.
Los 115 diputados de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) también habían sido elegidos democráticamente. Ciento quince: exactamente el doble que los del PSOE, cincuenta y ocho. Cuando en octubre del 34 entraron en el Gobierno tres ministros de la CEDA, Largo Caballero y Prieto lanzaron al partido y al sindicato a un levantamiento armado. No sé si D.ª Carmen Calvo lo incluye en su "memoria honrosa".
Los 35 diputados de Unidas Podemos han sido elegidos democráticamente y desempeñan legalmente cinco ministerios (¡casi el doble que la CEDA, con 80 diputados menos!). Si para impedirlo los dirigentes de la derecha hubiesen organizado un desembarco de 18 toneladas y pico (exactamente 18.200 kilos) de armas y de municiones en San Esteban de Pravia, ¿habría que dedicarles calles? Si alguien no viera de qué estamos hablando, que teclee "Turquesa" y pulse. Lo tendrá claro.
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