El chantaje y las multas en Carreño
Vayan por delante una obviedad muy al uso, como es la de mi respeto a las resoluciones judiciales, en este caso a las del Juzgado de instrucción número 3 de Gijón –que juzga por un supuesto delito de prevaricación a la concejala de Seguridad Ciudadana y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Carreño, Áurea Gutiérrez– y, complementariamente, y como servidor público, mi respeto al procedimiento administrativo como salvaguarda de la igualdad de los derechos de los ciudadanos ante las actuaciones de las administraciones.
Vaya a continuación mi cariño por Aurina, desde hace años, mi ofrecimiento de apoyo personal en todo aquello que necesite y mi deseo de que este asunto quede únicamente en un desagradable recuerdo, que no es poco.
Y vaya en tercer lugar mi sensación de perplejidad, vergüenza ajena, indefensión, náusea y –no voy a negarlo– un poco de miedo cuando sigo leyendo en los medios de comunicación que agentes de la Policía Local de Carreño impusieron en el mes de junio del pasado año 489 denuncias, frente a 63 en el mismo período del año anterior, como consecuencia de un conflicto laboral que mantienen con el Ayuntamiento. Y que ni estos agentes ni sus representantes sindicales niegan semejante enormidad; es más, parece que amenazan –o chantajean– con que llega el verano y puede volver a pasar lo mismo. Y se permiten pedir la dimisión de la concejala «porque ha perdido la confianza de los agentes».
De ahí vienen mi perplejidad y todo lo demás, al menos hasta que alguien responda a preguntas que cualquier persona normal se formula ante esta situación. Como, por ejemplo: ¿no hay ningún fiscal que actúe de oficio contra semejantes elementos corruptos? ¿Cómo puede un policía utilizar así a los ciudadanos como ariete en sus reivindicaciones laborales? Éstos que ya no tienen confianza en la concejala, ¿creen que disponen de la confianza de los vecinos de Carreño y de sus visitantes?
O… ¿cuándo actúan correctamente los agentes, cuando interponen 63 denuncias o 489? ¿En qué caso están incumpliendo sus obligaciones? Cuando ponen menos denuncias, ¿lo hacen por benevolencia o por vagancia o negligencia? Cuando ponen más, ¿lo hacen de acuerdo con la normativa? Si es así, ¿dónde se meten la normativa cuando ponen menos? ¿Quiénes son los agentes para decidir ser, o no, benévolos? Y cuando lo son, ¿lo son con todo el mundo por igual o son más benévolos con sus amigos y parientes? Y cuando son más rigurosos, ¿reparten el rigor por igual entre todos los ciudadanos?
Porque, cuando un servidor público admite que interpreta y aplica la norma (sea ésta de rango local, regional o nacional) de acuerdo con circunstancias ajenas al propio desempeño de su actividad –como, por ejemplo, que esté satisfecho con sus retribuciones o su categoría profesional reconocida, con lo reparador de su sueño en la noche anterior o con la calidad de su vida sexual–, es decir, cuando admite que es arbitrario en el ejercicio de sus funciones, los ciudadanos tenemos derecho a hacernos esas preguntas y alguna más. Y a sentir indefensión. Y a pasar miedo.
Lástima que el juez no haya permitido a los sindicatos policiales UGT y SIPLA personarse en la causa; imagino la satisfacción de la defensa de Áurea Gutiérrez al formularles estas mismas preguntas y ver cómo explican lo inexplicable.
En todo caso –e independientemente del resultado del proceso judicial– el mejor juez es siempre el pueblo, somos los ciudadanos. Y los de Candás ya saben quién ha intentado ayudarlos –incluso a riesgo de equivocarse, que ya se verá– y quiénes los han utilizado de la manera más vergonzante.
Desde aquí, mi abrazo más fuerte, querida Aurina.
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