Risorgimento

La noticia de este martes no han sido las nuevas maniobras del Gobierno contra la libertad de empresa; ni las malas previsiones del Banco Europeo sobre la evolución de la economía española, la única que no se recupera; tampoco la falta de suministros en los bancos de alimentos; la noticia estrella ha sido la proposición de ley presentada por el Gobierno para modificar la ley orgánica del Poder Judicial. Los portavoces Adriana Lastra y Pablo Echenique han explicado que la reforma pretende, principalmente, evitar el bloqueo en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, reduciendo la actual mayoría de tres quintos (210 diputados), necesaria para la renovación de estos, a una mayoría absoluta (176 diputados).

El CGPJ está formado por 20 miembros, 12 escogidos entre la judicatura y 8 entre abogados y juristas de renombre, que son propuestos por las Cortes y el Gobierno, y elegidos por esa mayoría de 3/5, según la ley orgánica de 1985; sin embargo, no siempre fue así, puesto que la ley orgánica de 1980 establecía que fuese la judicatura, libremente quien escogiese a 12 de esos miembros. Actualmente, varios de ellos, como el Presidente, han agotado sus mandatos y llevan dos años esperando a que las Cortes se pongan de acuerdo y renueven, pero el Gobierno y la oposición están en conflicto y el enroque del Partido Popular (el Gobierno y sus socios de diversa índole necesitan los votos del PP para alcanzar esa mayoría) ha bloqueado el proceso. Ante esta situación, nuestro flamante presidente ha decidido cortar por lo sano y reformar la ley para no precisar los votos del PP y poder renovar esos cargos con el apoyo de sus socios comunistas, independentistas y filoetarras, con todas las consecuencias que eso puede tener.

El Tribunal Supremo, cuyos miembros son propuestos por el CGPJ, es el encargado, entre otras funciones, de juzgar los delitos, presuntamente cometidos, por personas aforadas como los diputados y senadores; teniendo en cuenta la cantidad de asuntos que se les acumulan a los miembros del actual Gobierno, siempre es una ayuda que el tribunal que tengan enfrente sea "sensible", aunque los jueces, independientemente de su filiación política, tienen su propio criterio formado tras años de práctica.

Amplios sectores de la sociedad han visto esta maniobra del Gobierno como un acto autoritario, que pone en jaque la democracia al vulnerar la separación de poderes, ya que, aunque en la democracia española el poder ejecutivo es preeminente, y el sistema de elección de los miembros del poder judicial es totalmente partidista, la elección por tres quintos obliga a un consenso entre las fuerzas políticas y actúa como contrapeso para evitar situaciones tiránicas como la que se está previendo.

Lo curioso de esta situación es que la clase política no se ha planteado hablar de la independencia judicial, con la que se les llena la boca cuando están en campaña electoral, y plantear una vuelta a la ley de 1980; solo se les ocurre seguir como hasta ahora porque, como el poder es tremendamente corruptor, dan por hecho que, tarde o temprano, terminarán en el banquillo y ese trance se pasa mejor si tienes jueces "amigos" en el tribunal. También es curioso que los medios de comunicación afines al régimen, convenientemente subvencionados, simplemente le echen la culpa de todo al Partido Popular sin molestarse en explicar por qué no ha llegado a un acuerdo.

Por otro lado, en algunos sectores se ve esta maniobra como parte de un plan de mayor envergadura, destinado no solo a bloquear todas las demandas de la ciudadanía, ya frenadas por una Fiscalía General servil, sino para controlar el poder judicial llenándolo de "comisarios políticos" y poder aplastar toda oposición (recuerden que, aunque el PSOE tiene muchos casos de corrupción, de los que las televisiones no hablan, el PP tiene unos cuantos, constantemente recordados en la TV), bien diezmando a sus miembros, bien ilegalizando partidos. Asimismo, serviría para evitar que, en el caso de que Donald Trump renovase su puesto de presidente de EE UU, diversos políticos se viesen declarando ante un tribunal estadounidense.

Este nuevo ataque a la Constitución realmente produce una honda preocupación en Europa, que empieza a ver a España no solo como un "Estado fallido", sino como una amenaza al equilibrio de la Unión. Antes éramos un gran país para vivir, con gran calidad de vida, y ahora somos los apestados de Europa; antes éramos una economía importante en la UE, ahora somos un lastre; perdemos peso en las instituciones internacionales al juntarnos con regímenes dictatoriales; perdemos capital e inversión a consecuencia del intervencionismo e inseguridad jurídica; perdemos talento a consecuencia de la mayor tasa de paro juvenil de la Unión, que supera el 40%; éramos un destino turístico de primer orden y ahora las instalaciones se han convertido en un erial.

Sin embargo, aunque el Gobierno actual ha logrado alienar a amplios sectores de la sociedad y parezca que ya no hay remedio, no debemos darnos por vencidos, los jueces actuales no parecen dispuestos a permitir estas injerencias y deben inspirarnos; vienen tiempos duros pero los obstáculos deben ser nuestros aliados, no solo para llegar a ser mejores personas, sino para lograr crear una sociedad mejor y más libre, vivir un verdadero Risorgimento.

"Porque la inteligencia derriba y desplaza cualquier obstáculo que se oponga a una actividad programada; y se convierte en acción aquello que lo refrenaba, y en camino, lo que imposibilitaba el camino". Marco Aurelio, "Meditaciones".